Viernes, 20 Octubre, 2017

            

El principal acusado del caso Alhambra niega daños al patrimonio y dice que actuó por cauces legales

La Fiscalía considera a Francisco C.J., también vinculado a la agencia Daraxatour, la "figura capital de la trama defraudatoria" en este macrojuicio que sienta en el banquillo a 49 acusados y pide para él nueve años de cárcel

Una jornada del juicio del 'caso Alhambra'| Autor: Archivo GD
E.P


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El principal acusado en el juicio por el supuesto fraude en el control de accesos a la Alhambra, Francisco C.J., ha defendido que “siempre” obtuvo las entradas al monumento por “cauces legales” y asegura que no ha tenido intención de dañar el patrimonio con su gestión como guía, defendiendo que es precisamente este colectivo, el de los guías, el que más vigila ese asunto llamando la atención a los turistas.

La Fiscalía considera a Francisco C.J., también vinculado a la agencia Daraxatour, la “figura capital de la trama defraudatoria” en este macrojuicio que sienta en el banquillo a 49 acusados y pide para él nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, falsedad documental y daños al patrimonio histórico.

Sobre los daños al patrimonio que este supuesto fraude haya ocasionado en la Alhambra, el acusado ha comentado que en las entradas se fija una hora de entrada a los palacios nazaríes, pero no de salida; de modo que hay momentos en que se acumulan los turistas “superando el aforo”.

Esta situación, y el posible daño al monumento que haya podido provocar, no se habría “corregido en absoluto” a raíz de que se iniciaran las actuaciones judiciales que han dado lugar a este caso, según afirma Francisco C.J., quien ha defendido que los guías son, de hecho, “los vigilantes de la Alhambra” y que él, es de los que más llama la atención a los turistas.

Ha reiterado que el sistema de compensación para las entradas de grupo lo practicaban “todos los guías y agencias”, afirmando incluso que “lo conocía todo el patronato” y venía de la época de Mateo Revilla, que fue director de este organismo hasta 2004.

Sobre los posibles desfases de turistas que accedían al monumento, ha dicho a preguntas de su abogado, Pablo Luna, que en el periodo objeto de investigación –de 2002 a 2005– los niños no pagaban entrada, de modo que un grupo de 20 personas con billete en el que hubiera diez niños y dos guías “podía convertirse en un grupo de 32” sin que por ello se incumpliera la normativa.

Así, y aunque mantiene que cuando se podían reservar las entradas con un año de antelación –ya no es posible– todos intentaban contar con el máximo número para garantizar sus grupos, ha garantizado que siempre actuó por los cauces legales y que, al tener un gran volumen de tiques y haber cancelaciones y acudir niños, “siempre sobraban”.

Igualmente, ha negado usar la relación de confianza que tenía con trabajadores del monumento en beneficio propio, aunque ha reconocido que había algunos controladores de accesos “más flexibles que otros” respecto a los horarios.

FAMILIA

Por otra parte, Francisco C.J. ha desvinculado a su mujer y a su hija, también acusadas en esta causa, de la agencia Daraxatour durante el periodo en el que supuestamente se produjo el fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra.

Según ha precisado a preguntas de su letrado, de 2002 a 2005 ninguna de ellas tuvieron capacidad de decisión en esta empresa, una de las dos agencias señaladas en esta causa junto a la agencia de viajes Washingtong Irving Travel.

Respecto a su implicación en esta última, ha insistido en se limitaba a ejercer como gestor de grupos de turistas y nunca “le presentaron las cuentas” y que acabó por desvincularse por problemas con su cuñada, la también acusada María Pilar A.B, mientras que en el restaurante donde supuestamente personal de la Alhambra consumía sin pagar, era “ella la que hacía lo que le daba la gana”.

Francisco C.J., que contaba con una capacidad económica de unos 5.000 euros al mes en el citado periodo, ha señalado que cuando se produjo su detención no se le enseñó ningún documento ni se le precisaron los motivos por los que estaba siendo investigado, de lo que se ha enterado “a última hora”.

Durante esta nueva sesión del juicio tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, han impugnado la prueba pericial que la defensa de Francisco C.J aportó un día antes del inicio del juicio –y que el tribunal aceptó– por considerar que es extemporánea y que les causa “indefensión”.

El juicio, que se está celebra en el salón de actos del Edificio Judicial de la Caleta, continuará este jueves con la declaración de acusados.

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