Domingo, 19 Noviembre, 2017

            

El PP recuerda a Entrena que gobierna en minoría y será el pleno de la Diputación el que decida si la sentencia del TSJA se recurre

Los populares dicen que no es firme y acusan al presidente socialista de “falta de liderazgo y responsabilidad, así como de dejación de funciones”

José Antonio Robles e Inmaculada Hernández


image_print

El grupo popular en la Diputación ha manifestado que la sentencia del TSJA que anula la ordenanza en vigor para tasar el tratamiento de la basura en los municipios de Granada “no es firme” y tendrá que ser el pleno de la Institución Provincial el que decida si se presenta recurso a la misma o no. “Debemos recordar a José Entrena que no tiene mayoría absoluta y que tendrá que contar con la opinión del resto de partidos para decidir si la sentencia se recurre o no. Hasta que el pleno no se pronuncie, bien por sustitución o por encomienda de gestión, todos los ayuntamientos tienen la ordenanza en vigor”, ha adelantado José Robles, portavoz del grupo popular en la Diputación.

Robles ha acusado al presidente de la Diputación de “una falta de liderazgo absoluta, dejación de funciones y falta de responsabilidad”, cuando llegó a decir que el tratamiento de los residuos es un problema de los ayuntamientos “y nada más lejos de la realidad, es un problema de la Diputación Provincial”.

El portavoz popular hizo mención al artículo 36 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establece que el tratamiento de los residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes es una competencia propia de la Diputación. “Y de los 172 municipios que hay en la provincia, 142 de ellos son menores de 5.000 habitantes”, ha recordado José Robles.

Respecto al anuncio hecho por José Entrena acerca de un modelo de convenio de delegación para los ayuntamientos, acompañado del informe económico que da lugar al precio por tonelada. Robles ha lamentado que, a día de hoy, “no hemos recibido ninguno de esos documentos”. Es más, según el popular, ese informe económico es obligatorio si los ayuntamientos quieren modificar sus ordenanzas fiscales, como así les pidió ayer Entrena en la reunión que mantuvo con los regidores de la provincia.

No obstante, para el portavoz del grupo popular, antes de pedir nada a nadie, el presidente de la Diputación “tiene que aclararse con las cuentas”, porque no es serio que el viernes establezca como precio a pagar por tonelada en 36,4 euros, que el lunes lo rebaje a 34,19 y que sea “incapaz” de contestar de forma “coherente” cuando se le recuerda que el precio en vigor por tonelada es de 20 euros.

“Además, José Entrena dice que a partir de ahora hay que pesar la basura que se genera. ¿Acaso va a poner básculas o romanas en la puerta de los domicilios granadinos? Pedimos al presidente de la Diputación que sea serio y formal en este asunto, y que ahora asuma la responsabilidad que no tuvo siendo diputado de la oposición, al no acudir ni a una sola de las reuniones que se convocaron para hablar de la tasa de tratamiento de la basura”, ha añadido Robles.

El portavoz popular se ha mostrado “escéptico” con la fórmula planteada por el Gobierno de la Diputación y ha reafirmado que el mejor sistema es el de cobrar a los vecinos sin pasar por los ayuntamientos. “Así evitamos que se produzcan las desigualdades del pasado, cuando los pueblos pequeños pagaban religiosamente y los doce ayuntamientos grandes de la provincia no solo no pagaban, sino que era la Diputación la que les sacaba las castañas del fuego pagando su parte”, ha argumentado Robles, quien ha recordado que esta situación generó una deuda de 25 millones de euros, que forzó al anterior gobierno a poner fin al sistema “deficitario” de RESUR.

“Van a modificar un sistema para subirle el tratamiento a 135 municipios de la provincia de Granada respecto a lo que pagaban en 2015. Por ejemplo, Almuñécar pagará 114.000 euros más; La Zubia, 37.000 euros más; Santa Fe, 37.000 euros más; Guadix, 31.000 euros; Órgiva, 26.000 euros más; o Montefrío, que pagará 27.000 euros más”, ha explicado José Robles.

Por su parte, Inmaculada Hernández, diputada provincial del PP, ha señalado que el TSJA no pone en ningún momento en tela de juicio lo que realizó en su día el Partido Popular. “Lo que reconoce es que el servicio siempre se ha seguido prestando, que los vecinos tienen que pagar esa tasa y que se trata de un error de procedimiento, pues faltaba un requerimiento expreso al ayuntamiento y se queda en una tan solo una cuestión procedimental”, ha explicado.

Tras la sentencia y la reunión de ayer con el presidente de la Diputación, la diputada provincial ha afirmado que se va a llegar al mismo resultado. “Los vecinos de la provincia de Granada tienen que seguir pagando la tasa por el tratamiento de la basura, solo que ahora en lugar de con una ordenanza provincial, la Diputación propone hacerlo con una ordenanza municipal y que cada ayuntamiento estime lo que le cobra al vecino, cuestión que nos parece muy peligrosa. Si un ayuntamiento tiene total libertad para cobrarle al vecino, si lo hace por debajo de lo que cuesta no está repercutiendo el coste real del servicio y si le cobra por encima, se está aprovechando y le grava más, estableciéndose una doble imposición”, ha detallado.

La sentencia del TSJA es, a juicio de la popular, una “llamada de atención” sobre un sistema que resultó “eficaz, que contaba con el beneplácito del secretario, interventor y tesorero provincial, y que resolvió el problema con la deuda de 25 millones de euros que arrastraba RESUR”. “La sentencia nos va a hacer volver al escenario inicial, porque ahora se va a crear otro consorcio integrado por todos los ayuntamientos, y nos tememos que los ayuntamientos vuelvan a cobrarle a los vecinos y se vuelvan a quedar el dinero cuando tengan dificultades de Tesorería, algo que se consiguió evitar con la fórmula que aplicó el Partido Popular”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *