Jueves, 14 Diciembre, 2017

            

El PP exige a Cuenca que no use “como rehenes” a los trabajadores municipales con la amenaza de no abonar la extra de 2012

Los populares reprochan al gobierno socialista que intente “poner contra la espada y la pared” al resto de grupos esgrimiendo un informe de Intervención “que conocía desde diciembre”

Juan Antonio Fuentes y Antonio Granados en rueda de prensa | Foto: Gabinete
Gabinete


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El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado al equipo de gobierno que preside el socialista Francisco Cuenca de intentar poner “contra la espada y la pared” a los partidos representados en el Consistorio al esgrimir ahora un informe del Interventor en el que se desaconseja el pago de una paga extra del año 2012 a alrededor de dos mil empleados municipales.

El coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, ha definido el anuncio, realizado ayer casi al término de la comisión de Economía, como “un globo sonda” que ha lanzado el equipo de gobierno “para ver cómo reaccionamos los demás”. Ha sido, además, un anuncio “torpe y precipitado”, puesto que los socialistas ni siquiera informaron antes de ello a los sindicatos, “que se han desayunado esta mañana con la noticia”.

“Ahora entendemos por qué tenía el gobierno tanta prisa para que el pleno aprobara una declaración institucional en la que todos nos manifestábamos a favor del cobro de esa paga extra”, ha resaltado Fuentes, que ha añadido que lo que se ocultó entonces fue que el interventor “ya advirtió en diciembre de que, como el periodo medio de pago a proveedores estaba subiendo y no se cumplía la estabilidad presupuestaria, no se daban las condiciones para pagar los 2,3 millones que cuesta esa paga extraordinaria”.

El coordinador ha echado en cara a Cuenca y su equipo que quiera buscar, una vez más, que los demás grupos “seamos su paraguas” y ha dejado claro que las decisiones “las deben tomar ellos, que para eso gobiernan. Si quieren pagar, que se haga un Decreto de Oportunidad y paguen. Si no, que expliquen por qué no pueden. Pero que no nos hagan cómplices de su política marrullera, que no nos echen la pelota ni nos metan en un atolladero por asuntos que son de su competencia, que ellos son los que deben arreglar”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo, Antonio Granados, ha indicado que el anuncio es “un ejemplo más de la ineficacia” del gobierno local, que busca “perjudicar” a dos mil empleados y usarlos “como una especie de rehenes, como barrera para presionar a los demás grupos políticos”.

“Esto es una demostración más de que no todo vale en política. Cuenca juega sucio al buscar esa presión a través de los trabajadores y juega con los derechos adquiridos por dos mil familias y es muy triste que esté utilizando a la función pública para justificar su falta de capacidad”, ha subrayado el portavoz adjunto, que ha incidido en que los socialistas, en lugar de “echar la culpa de todo” al anterior gobierno local, podrían haber elaborado ya un presupuesto y un plan de saneamiento. “No lo han hecho porque no tienen ningún plan y porque Cuenca sólo está preocupado por salir en las fotos, no toma decisiones”.

Granados también ha pedido “responsabilidad” a los grupos que “auparon al poder” a un alcalde “sin proyecto político y sin capacidad de gestionar”. En concreto se ha dirigido a Izquierda Unida y a Vamos, Granada, y a esta última formación le ha afeado que les dé “igual” que puedan suprimirse servicios o cerrarse empresas municipales “con tal de seguir siendo cómplices” del PSOE.

Por otra parte, Antonio Granados también ha mostrado su “preocupación” por las sombras de duda, manifestadas por los promotores, sobre la continuidad del proyecto de rehabilitación de la barriada de Santa Adela. En ese sentido, ha advertido que “podemos vernos en un callejón sin salida y arriesgarnos a que los plazos no se cumplan, a que haya que devolver el dinero y a que el proyecto no se pueda ejecutar por culpa del gobierno local”, al que ha exigido un informe del área de Contratación, una reunión urgente con la Dirección General de Urbanismo de la Junta y “un plan B para contrarrestar una posible paralización”.

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