Miércoles, 24 Mayo, 2017

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El PP denuncia que 144 municipios no depuran sus aguas por falta de depuradoras comprometidas hace 15 años

El partido afirma que la situación se agrava con el canon autonómico de depuración que el Gobierno de Susana Díaz impone en el año 2011 y que obliga a pagar un porcentaje de su factura de agua a la administración andaluza a todos los ciudadanos que tienen agua potable en su casa



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El PP de Granada ha denunciado que 144 municipios de la provincia no depuran correctamente sus aguas residuales al no ejecutar la Junta de Andalucía las depuradoras y colectores que prometió a finales de los años 90. Los datos fueron facilitados por la propia Junta de Andalucía en el año 2010, cuando aprobó la ejecución de 69 proyectos para que estos 144 pueblos depurasen al cien por cien sus aguas. Tal y como ha informado la parlamentaria andaluza del PP, Ana Vanesa García, estos 69 proyectos se han reducido, a día de hoy, a 9, de los cuales 5 están redactados y 4 están en licitación, concretamente los de Los Guájares, Jérez del Marquesado, Salar y Campotéjar. García ha recordado que a finales de 2015 se cumple el plazo exigido por la Unión Europea para el objetivo “cien por cien: depuración de las aguas” en toda Europa. “¿A qué espera el Gobierno socialista de la Junta para ponerse a trabajar?”, ha apostillado.

La parlamentaria andaluza ha señalado que la “irresponsabilidad” de la Junta “va más allá”, tras conocerse que ha renunciado a 400 millones de euros para infraestructuras hidráulicas de la Unión Europea “por su incapacidad para gastarlo”. “Toda la depuración de Granada estaría resuelta con ese dinero, porque fue la propia Junta la que cifró en 370 millones de euros las obras de depuración en los municipios granadinos”.

Fue a finales de la década de los 90 cuando la Junta de Andalucía y los ayuntamientos granadinos alcanzaron un acuerdo por el cual los municipios derivarían sus aguas residuales a unos puntos establecidos por la administración andaluza y ésta, a su vez, se comprometía a la construcción de unos colectores o depuradoras en función de si se trataban de agrupaciones de municipios o de pueblos concretos. “Los municipios cumplimos con nuestra parte y hemos hecho una inversión importantísima para depurar nuestras aguas. En concreto, el Ayuntamiento de Alhendín ha invertido más de tres millones de euros, financiados por el propio Consistorio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o los Planes Provinciales de Obras y Servicios”, ha informado Francisco Rodríguez, vicesecretario de Acción Política y Municipal del PP y alcalde de Alhendín. En concreto, se estima que han sido 300 millones de euros los invertidos por los ayuntamientos granadinos desde el año 2000 en unas infraestructuras de saneamiento que no se han ejecutado.

“Exigimos al Gobierno socialista de Susana Díaz que cumpla con su parte del trato y construya los colectores y plantas de depuración para evitar los perjuicios que estamos sufriendo muchos granadinos, como olores insoportables y focos de infección en los puntos que finalizan las obras municipales, barrancos con cauces obstruidos o acequias en un estado deplorable y compuertas de riego corrompidas por las aguas negras”, ha expuesto el vicesecretario popular. A esto se añaden las denuncias y multas que deben afrontar los alcaldes “por la incompetencia de la Junta, que es la que debería haber ejecutado los colectores hace años y no vernos, en algunos casos, en los juzgados, por no depurar las aguas correctamente a falta de que la Junta cumpla su parte. Es impensable que los ayuntamientos estemos expuestos a sanciones después de haber cumplido con nuestras obligaciones”.

Sin embargo, la situación se agrava, a juicio del popular, con el canon autonómico de depuración, que la Junta de Andalucía impone en el año 2011 y que obliga a pagar un porcentaje de su factura de agua a la administración andaluza a todos los ciudadanos que tienen agua potable en su casa. El fin de esta recaudación es destinarla a la construcción de las prometidas depuradoras. “El conocido canon de depuración es injusto, desproporcionado e ilegal. Injusto porque se trata de una tasa que están obligados a pagar todos los vecinos, independientemente de si se encuentran desempleados, son pensionistas, personas en riesgo de inclusión social o familias numerosas. En estos casos, la Junta de Andalucía no hace distinciones”, ha matizado Francisco Rodríguez.

Asimismo, ha aseverado que es un canon “desproporcionado” porque supone entre un 15 y un 20 por ciento de la facturación del agua que se consume, aumentando bastante la factura y con una parte lineal fija, independientemente de que haya o no consumo. “Y es ilegal porque los ciudadanos estamos haciendo un pago que no nos corresponde. Una tasa se paga por recibir a cambio un servicio, como la recogida de basura o un vado permanente, pero abonar una tasa por depuración de unas aguas que no se están depurando es una ilegalidad”, ha añadido Rodríguez.

En este apartado, la parlamentaria andaluza del PP, Ana Vanesa García, ha apuntado que los granadinos llevan pagados, desde 2011, más de 40 millones de euros a cuenta de este canon, “dinero que no sabemos dónde ha ido a parar”. García ha argumentado que Granada “no entra en los planes de la Junta” y ha explicado que, en enero de 2015, el Gobierno de Susana Díaz anunció la licitación de 23 proyectos de depuración de aguas para la comunidad autónoma. “Ninguno vino para nuestra provincia”.

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