Martes, 26 Septiembre, 2017

            

El posible fraude a la Alhambra por el ‘caso audioguías’ supera los 5,4 millones

La Fiscalia valora en esa cantidad en posible fraude y critica el "nulo control" existente en el conjunto monumental sobre la actuación

Caso de las Audioguías


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La Fiscalía ha cifrado en más de 5,41 millones de euros el posible fraude a las arcas del Patronato de la Alhambra y el Generalife por las irregularidades detectadas en la adjudicación del servicio de alquiler de audioguías del monumento, en la querella que presentó este lunes contra su responsable, María del Mar Villafranca, y otras cinco personas más.

En el documento, que este martes ha difundido el Ministerio Público y consultado por Europa Press, el fiscal critica el “nulo control” existente en el conjunto monumental sobre la actuación, en este caso, de la adjudicataria, y la “actitud especialmente favorecedora” a los intereses de la empresa de Villafranca, que este martes ha anunciado su renuncia por este caso, y los otros tres cargos del Patronato querellados.

En la fundamentación jurídica, apunta a la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, atribuibles a Villafranca, a la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo, el interventor delegado del Patronato, el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio y su director general.

Los hechos investigados se remontan al 3 de septiembre de 2007, cuando el concurso para la adjudicación del contrato administrativo recayó en GTP Museum Solutions SL –ahora Stendhal Museum Solutions SL–, en la que se estableció un importe de canon fijo de 77.000 euros que se incrementaría a 121.000 euros si se superaban las 250.000 unidades alquiladas. Con posterioridad, el 4 de octubre de 2007 el contrato se firmó con otras condiciones económicas, por 30.000 euros de canon fijo y 15 por ciento de canon variable sobre la facturación total de la empresa en el conjunto monumental.

Sin embargo, previa reclamación del adjudicatario, tres años más tarde, el 7 de diciembre de 2010, y “sin que la empresa hubiera ingresado cantidad alguna en las arcas del Patronato ni en concepto de canon fijo ni en concepto de canon variable”, Villafranca rectificó los errores, incluyendo las primeras condiciones establecidas para la adjudicación. Otro año más tarde, el 4 de octubre de 2011 se acordó la prórroga del contrato, hasta el 4 de octubre de 2015.

LA DENUNCIA LA PRESENTÓ UN EXEMPLEADO DE LA EMPRESA

La Fiscalía, que abrió diligencias tras la denuncia presentada ante la Agencia Tributaria por un exempleado de la adjudicataria, apunta el “importante perjuicio ocasionado a las arcas del Patronato” y el “beneficio considerable” a la empresa, al consentir que ésta “detrajera del mismo” cantidades que suman esos más de 5,41 millones de euros.

El fiscal, que pide la declaración como imputados de todos los querellados, advierte de que los responsables del Patronato no valoraron la “temeridad de la oferta” de Stendhal para prestar el servicio de alquiler de audioguías, no se le exigió el pago de las cantidades adeudadas y además se produjo un “nulo control sobre el cumplimiento del contrato y de sus condiciones”, como la presentación de las liquidaciones en fecha, o la exigencia de los tickets de alquiler.

Además, la empresa no tuvo consecuencias de los requerimientos meramente formales que se le efectuaban y, sobre todo, se le permitió “que el contrato se desarrollase en condiciones completamente diferentes” a las condiciones exigidas a la anterior adjudicataria.

El fiscal sostiene asimismo que se produjo una prórroga de su contrato, pese a que no había pagado al Patronato el canon que le respondía según la adjudicación, “previas reuniones concertadas” entre los responsables del monumento con el adjudicatario para “trazar un plan que permitiera ofrecer una salida a la falta de pago de la deuda contraída”.

Esa prórroga se produjo “con pleno conocimiento de su ilegalidad” por parte de los querellados, conociendo que no había sido abonada cantidad alguna (salvo “en mínima cuantía”), y que su situación de solvencia económica “no era la que se hizo constar” en el acuerdo “y que el propio Pleno del Patronato había exigido poner fin al contrato ante el impago reiterado de importantes cantidades”.

“MINTIERON” EN EL PLENO SOBRE LAS DEUDAS DE LA EMPRESA

“Directora y secretaria general del Patronato mintieron en el Pleno celebrado en el mes de junio de 2011 manifestando que la empresa había presentado un plan de pagos, algo que sin embargo no ocurrió hasta bien entrado el mes de julio siguiente”, reprocha el Ministerio Público.

También se llevaron a cabo unos acuerdos de reconocimiento de deuda acordados el día inmediatamente anterior a la firma del contrato y con anterioridad a esta fecha, “reconocimientos improcedentes” según ha quedado acreditado en la investigación efectuada.

Las irregularidades se han detectado de igual forma en la modificación del objeto del contrato así como de las condiciones económicas y técnicas del mismo, “algo que los querellados, dadas las funciones que desempeñan en la Administración y como así había sido puesto de manifiesto en el informe del Gabinete Jurídico, era absolutamente improcedente por ser contrario a derecho, pese a lo cual se firma y se añade una segunda cláusula que viene a establecer para el adjudicatario unas condiciones mucho mas favorables de orden económico a las ofrecidas en la licitación inicial”.

En lo que respecta al posible blanqueo de capitales, el Ministerio Público considera que los querellados establecieron “un plan para conseguir que la empresa pudiera aflorar el dinero previamente detraído de los alquileres de las audioguías en el periodo 2007 y 2011, consentido por la directora, secretaria general, interventor y jefe de gestión del Patronato mediante la declaración de ventas ficticias exentas del pago de canon fijado en el contrato”.

“Todas estas actuaciones derivaron en un considerable perjuicio para el Patronato de la Alhambra y Generalife y, en consecuencia, para los intereses públicos”, sostiene el fiscal en el documento, en el que además informa a la Junta de Andalucía de la posibilidad de personarse en el caso como parte perjudicada.

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