Miércoles, 18 enero, 2017

El PCA respalda al exvicepresidente de Diputación procesado en ‘Mercamed’, que ve víctima de una “persecución”

"El PP granadino inició una caza de brujas con fines particulares pero financiada desde la Diputación Provincial", sostienen en el PCA, y critican, además, que el PP contratara a un abogado privado en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial

Foto: E.P
E.P


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El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha mostrado este martes su respaldo al que fuera vicepresidente segundo de la Diputación Provincial por IU en el periodo 2007-2011, Julio Bernardo Castro, tras su procesamiento en el denominado ‘caso Mercamed’ por la supuesta gestión irregular de los fondos del programa Poctefex, en la organización de una feria empresarial en Tetuán en 2011, y ha considerado que la acusación contra él responde a una “persecución de carácter político”.

En un comunicado, el comité provincial del PCA ha considerado que la intervención de Julio Bernardo Castro “se ajustó en todo momento a derecho” y que la única motivación en las actuaciones del equipo de gobierno de la Diputación en 2011 –formado por PSOE e IU– “fue salvaguardar los intereses de los granadinos y granadinas evitando que se tuvieran que devolver los fondos concedidos por la Unión Europea para la feria empresarial que se celebrara en Tetuán”.

Asimismo, la organización provincial comunista ha mantenido que las actuaciones emprendidas por el PP en el denominado ‘caso Mercamed’ suponen “una persecución de carácter político con objeto de dañar la imagen de sus adversarios políticos”, y ha acusado al partido liderado por Sebastián Pérez de “usar la administración pública, y, por lo tanto, los impuestos de todos los granadinos, con fines partidistas”.

“El PP granadino inició una caza de brujas con fines particulares pero financiada desde la Diputación Provincial”, sostienen en el PCA, y critican, además, que el PP contratara a un abogado privado en lugar de recurrir a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial. En este sentido, el PCA pide que los ‘populares’ digan a la ciudadanía “cuánto ha costado a los granadinos la denuncia interpuesta por su partido”.

El partido de izquierdas ha aludido además que, en las acusaciones de la Fiscalía sobre Julio Bernardo Castro, “en ningún momento se dice que haya habido enriquecimiento económico del entonces vicepresidente”, a diferencia de “otros casos de supuesta gestión irregular que se están juzgando en la actualidad, como la trama Gürtel o la de la Fundación Nóos, donde a sus imputados se les acusa de lucrarse con dinero público”.

El Ministerio Público reclama penas de hasta ocho años y cinco meses de cárcel para once de los doce imputados, entre ellos el que fuera vicepresidente segundo en la institución, además de 250.000 euros en multa, en un caso para el que ya se ha ordenado la apertura de juicio oral, dictada por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada hace unos días.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que los acusados, como gestores de la Diputación Provincial de Granada y los particulares que concurrieron y contrataron la prestación de diferentes servicios para la feria, “se concertaron entre sí con la finalidad de adjudicar los contratos ofertados a empresas y personas determinadas llevando a cabo el proceso a través de la modalidad de contratos menores sin publicidad”.

Con ello beneficiaron a estas empresas “arbitrariamente”, prescindieron “en unas ocasiones del procedimiento legalmente establecido” y dotaron de “apariencia de legalidad” la contratación efectuada, “provocando en otras ocasiones el fraccionamiento de los contratos con la finalidad de no superar el umbral establecido en la Ley de Contratos del Sector Público”, y todo “pese a las advertencias y reparos de legalidad expresadas por los servicios implicados en la contratación.

Asimismo, “con la finalidad de eludir los controles de la preceptiva licitación pública”, confeccionaron “expedientes incompletos, simulados o artificiales” para otorgar “una apariencia de legalidad de la contratación ocultando intencionadamente la existencia de relaciones entre las empresas vinculadas”, de manera que éstas resultaron favorecidas.

Los acusados, según consta en el escrito de acusación, “dieron su aprobación a los proyectos preparados y adjudicados ad hoc”, usaron documentación “de la que nunca existió constancia la Diputación”, y “manipularon convenientemente las ofertas y presupuestos a base de copiar los preexistentes y metieron facturas duplicadas por un mismo y único concepto”.

También, según el fiscal, “ordenaron los pagos a favor de quienes no habían prestado servicios y ello para eludir los controles europeos sobre una contratación superior al 10 por ciento para empresas no europeas y los requisitos exigidos por la ley y bases de ejecución presupuestaria”.

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