El Partido Popular se queja del procedimiento de contratación en el mantenimiento de carreteras provinciales

Según informa el Partido Popular, el gobierno socialista de la Diputación “ha rozado la legalidad” al realizar nuevos informes por los que se adjudica el mantenimiento de carreteras de la provincia.

En diciembre de 2014, el grupo popular desarrolló durante su mandato un “procedimiento de contratación de forma lícita” para el mantenimiento de carreteras provinciales, que contó con un informe de valor, en el que se expusieron los puntos otorgados a las empresas concursantes. Varios de los criterios llevados a cabo para la puntuación, fueron los conocimientos sobre el estado de las carreteras de las empresas que entraban a concurso, o el tipo de material novedoso que presentaban cada una de ellas, entre otros.

Con la entrada del Partido Socialista en el gobierno de la Diputación se han vuelto a realizar dichos informes, cuyo resultado se ha saldado con unas adjudicatarias distintas a las que se emitían en los informes de 2014. Una acción que Merinda Sádaba, representante del Partido Popular de la provincia, ha catalogado como una “vulneración y atropello de las garantías de los licitadores”, y como una gestión de gobierno “de parálisis y de cambiazo”.

Según Sádaba, el Partido Socialista ha recurrido a “otros técnicos diferentes” para volver a realizar estos informes, una actuación que la popular tilda de “inmoral”, alegando que “si el PSOE tenía dudas sobre el informe, tenía que haber cogido a los mismos técnicos para consultarle”. El Partido Popular defiende que se trata de una acción “poco ética y moral”, ya que ahora las empresas adjudicatarias son “cercanas al Partido Socialista”.

En palabras de la militante popular, mediante este nuevo proceso hay empresas beneficiarias que presentan mayor puntuación que otras, pese a que “cuentan con menos conocimientos de los desperfectos de las carreteras”.

Desde el Partido Popular no entienden por qué se ha emitido este nuevo informe, ni los parámetros seguidos para su elaboración, y defiende que ellos “no van a cuestionar a ninguno de los técnicos que han realizado dicho documento” sino que “no están de acuerdo en utilizar a unos u otros técnicos según intereses”.