Lunes, 16 enero, 2017

El juez admite a trámite la denuncia contra el exalcalde de Granada por el caso de Casa Ágreda

Las citaciones para que declaren están siendo notificadas a los afectados para que comparezcan en el juzgado a finales de septiembre | El juzgado también ha encargado una prueba pericial sobre la valoración económica de la Casa Ágreda

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Torres Hurtado, exalcalde de Granada, en una comparecencia ante los medios | Foto: Archivo GD
E.P.


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El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha admitido a trámite la denuncia que presentó la Fiscalía contra el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto por posible prevaricación y otros delitos relacionados con la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble del siglo XVI situado en el Albaicín, a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE), una ONG marroquí.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el titular del juzgado, el magistrado José Luis Ruiz Martínez, ya ha ordenado la práctica de diligencias, entre ellas la declaración de los investigados, que son, además de Torres Hurtado y Nieto, otros cinco funcionarios municipales, y los miembros de la junta de gobierno local que el 12 de septiembre de 2014 dieron su visto bueno a los pliegos de condiciones de la operación, y a los de la junta de 6 de marzo de 2015, que avalaron la operación de adjudicación, considerada una venta ‘en diferido’.

Las citaciones para que declaren están siendo notificadas a los afectados actualmente, para que comparezcan en el juzgado a finales de septiembre. Asimismo, el juzgado también ha encargado una prueba pericial sobre la valoración económica de la Casa Ágreda, que es lo que está puesto en cuestión en este asunto.

Esta nueva investigación, que se suma a la de la ‘Operación Nazarí’, que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril, se ha abierto tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Granada, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía ordenara la apertura de diligencias de investigación.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público a finales del pasado año, tras la denuncia que presentaron el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca –hoy alcalde–, la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez y el portavoz de IU, Francisco Puentedura, quienes acusaban al equipo de gobierno del PP de haber “enajenado” un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio “que apenas alcanzaba” el valor del suelo en el que se sitúa.

Tras la denuncia –a la que después se sumó la de un empresario por el mismo asunto–, la Fiscalía abrió diligencias el pasado 2 de diciembre, que finalmente han derivado en la denuncia que acaba de ser admitida a trámite.

En el decreto de denuncia del Ministerio Público, el fiscal cree que los hechos podrían constituir posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, o malversación de caudales públicos.

Los hechos se remontan al 9 de junio de 2014, cuando se presentó por parte de AIDE una instancia dirigida a la Concejalía de Urbanismo en la que se manifestaba la intención de la ONG de adquirir un derecho de superficie sobre la Casa Ágreda.

Esta instancia iba acompañada de una carta del presidente de la asociación dirigida al alcalde, en la que se concretaban los términos de la oferta, y también se hacía constar la visita al inmueble por una delegación de AIDE acompañados del entonces concejal de Patrimonio, Eduardo Caracuel, y a la existencia de unas reuniones previas.

En la carta se realizaba la oferta por el derecho de superficie de las parcelas de la Casa Ágreda durante 40 años por el importe de 200.000 euros con una opción de compra a ejecutar en el plazo máximo de 15 años por valor de un millón y medio de euros.

Esa opción de compra se podría hasta 40 años, en cuyo caso se aplicaría a partir del decimoquinto año el índice de carestía al valor ofertado de un millón y medio de euros hasta el momento de ejecutar dicha opción de compra.

Finalmente en la carta se exponían los motivos o fines de la pretendida adquisición y se manifestaba que el objetivo era crear un centro cultural, un centro social (hogar de acogida de mujeres maltratadas), guardería infantil, banco de alimentos y vestidos y centro de formación lingüística, y también se ubicaría la primera delegación de AIDE en España, actualmente radicada en París.

CORRESPONDÍA A PATRIMONIO, NO A URBANISMO

Entonces se inició un expediente por parte de Urbanismo, cuando el asunto correspondía a Patrimonio, al tratarse el inmueble de un bien con calificación patrimonial y era en esa Concejalía donde incluso se custodiaban las llaves del palacete.

Tras una reunión que se celebró en el despacho de la Alcaldía y con presencia entre otros de José Torres Hurtado, Eduardo Caracuel, el director técnicos de obras municipales, Manuel Lorente, y representantes de AIDE, el alcalde “influyó” para esa oferta saliera adelante, y consideró necesario que el expediente debía tramitarlo Urbanismo.

Ya el 26 de junio de ese año, Lorente realizó una valoración de la Casa Ágreda –que ya había sido tasada antes en más de 5 millones de euros– en la que ofrecía dos opciones: Derecho de superficie a 40 años con opción de compra a 248.891,29 euros; o derecho de superficie a 75 años (sin opción de compra) a 1.421.085 euros.

La primera opción incluía además como premisa la realización de obras de rehabilitación del inmueble por un importe mínimo de casi cinco millones de euros.

Realizada la valoración de la casa para este expediente, Urbanismo remitió propuesta la Junta de Gobierno local para que se procediese a la redacción de los pliegos oportunas que iban a regir la constitución de un derecho de superficie con opción de compra sobre el inmueble, lo que se hizo finalmente en la sesión celebrada el 12 de septiembre de 2014.

El 21 de octubre de 2014 se reunió la Mesa de Contratación y tras determinar que sólo había concurrido un único ofertante, en este caso AIDE, se acordó someter la única oferta a informe técnico para su valoración.

Finalmente obtuvo el máximo de puntuación, 100 puntos, tras la valoración firmada por el jefe de servicio de obras, el subdirector de arquitectura y el director técnico de obras.

El 6 de marzo de 2015 la Junta de Gobierno Local acordó la adjudicación del derecho de superficie con opción de compra sobre la Casa Ágreda dando origen a un expediente relativo a la transmisión del derecho que fue notificada al licitador el 23 de marzo de 2015.

A partir de la fecha de notificación de la adjudicación y en un plazo máximo de seis meses el adjudicatario, según el pliego de prescripciones técnicas, debería presentar el proyecto de rehabilitación completa, “lo cual no consta que haya tenido lugar”.

Fue el El 24 de abril de 2015 se formalizó la adjudicación y se suscribió el acta correspondiente por parte del Ayuntamiento de Granada y AIDE y el 22 de junio de 2015 se otorgó ante un notario de Granada la escritura que daba el aval a la operación.

Para la Fiscalía, en este caso puede existir un posible delito de tráfico de influencias, en tanto que el alcalde intervino para ejercer “presión” para dar luz verde a la operación, y al menos dos concejales se beneficiaron del proceso (Francisco Ledesma y Fernando Egea), que viajaron a Rabat, en Marruecos, para unas jornadas hispano-marroquíes invitados por AIDE “con todos los gastos pagados”, justo después de la ‘luz verde’ a la adjudicación.

También cree que pudo cometerse prevaricación administrativa en las Juntas de Gobierno Local de 12 de septiembre de 2014 y 6 de marzo de 2015, y ve posible malversación de caudales públicos en la contratación realizada sobre la Casa Ágreda por los responsables de los hechos en perjuicio de las “arcas municipales”.

Por ello, formuló denuncia contra siete personas –el exalcalde, la concejal de Urbanismo, Manuel Lorente, la interventora adjunta del Ayuntamiento, los dos técnicos que firmaron el informe de valoración, y el funcionario que redactó el pliego de condiciones– y además contra los componentes de las dos Juntas de Gobierno Local puestas en cuestión.

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