Viernes, 18 Agosto, 2017

            

El exjefe de Policía Local de Granada atribuye a motivos políticos y sindicales la denuncia contra él

Durante su declaración el ex jefe policial ha señalado que los hechos que se le atribuyen no son ciertos y que su actuación se ajustó a la legalidad

Policía Local de Granada | Foto: Archivo GD
E.P.


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El que fuera jefe de la Policía Local de Granada José Manuel J.A. ha atribuido este jueves a motivos políticos y sindicales la denuncia presentada contra él por un agente que le acusa de abrirle un expediente para supuestamente presionarle durante la negociación del convenio colectivo en el cuerpo policial, dado que era delegado sindical del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG).

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Granada, el ex jefe policial ha señalado que los hechos que se le atribuyen no son ciertos y que su actuación se ajustó a la legalidad, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Ha relatado que abrió el expediente contra el querellante y otro grupo de policías locales por entender que habían cometido una falta muy grave –ante la inasistencia masiva de agentes al servicio los días 2 y 5 de enero de 2013– por la que tenían que tener una sanción legal, sin que concurriera ningún motivo personal o animadversión hacia ellos.

Así, ha atribuido la denuncia a motivos políticos y sindicales que buscan desprestigiarle y se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de la representación legal del denunciante, que ejerce el letrado Domingo Manuel Domingo.

Esta declaración judicial del que fuera jefe de Policía Local de Granada se produce después de que el Juzgado de Instrucción 5 de Granada incoara hace unos meses diligencias previas de investigación contra él tras admitir a trámite la querella de este agente.

En la querella interpuesta, consultada por Europa Press, la representación legal del denunciante explica que los hechos se remontan al 14 de marzo de 2013, cuando el coordinador general de Personal, Servicios Generales y Organización del Ayuntamiento acordó, tras el informe del superintendente, abrir expediente disciplinario contra él y otro gran número de agentes –casi medio centenar– por la “inasistencia masiva al servicio los días 2 y 5 de enero de 2013”, todo previa concertación.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Granada, entonces gobernado por el PP, interpuso denuncia contra los agentes que no trabajaron en esas fechas por un delito de abandono colectivo de servicio público, pero el caso fue archivado por el Juzgado de Instrucción 8 de Granada.

Según el decreto del expediente abierto, habían sido el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) y el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) los que el 31 de diciembre de 2012 habían acordado en asamblea tomar la decisión de no prestar servicios en esas fechas, que congregan a numeroso público en la ciudad –por ser la toma de Granada y la Cabalgata de Reyes Magos– “como medida de presión” al Ayuntamiento y para protestar por la implantación de un decreto que suponía la ampliación de la jornada laboral de los agentes.

Fue el superintendente jefe el encargado de instruir el decreto de expediente abierto, en cuya tramitación el denunciante informó de que en la fecha de lo ocurrido se encontraba de viaje en Marruecos, que no tenía servicios asignados los días 2 y 5 de enero de 2013 y que no participó en la asamblea en la que se acordó la protesta. Sin embargo, y pese a la documentación que aportó el delegado sindical, el entonces jefe de la Policía Local formuló un pliego de cargos contra él el 12 de junio de 2013, y se propuso una sanción de suspensión de funciones por tres meses y un día por falta muy grave.

Entiende el denunciante que el jefe de la Policía Local actuó de esa forma porque en aquel momento se estaba negociando el convenio colectivo, con lo que el expediente “se utilizó para presionarle” como delegado sindical. De hecho, incide en que una vez finalizada la negociación del convenio, el 10 de diciembre de 2014, la Junta de Gobierno Local declaró la caducidad del expediente disciplinario.

Por todo, el denunciante considera que el exjefe dictó “una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia” por lo que se le podría considerar autor de un posible delito de prevaricación.

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