Lunes, 16 Julio, 2018

            

El exalcalde de Castril será juzgado en diciembre por posible malversación

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa por entender que no existen elementos de prueba suficientes contra los acusados

Exalcalde de Castril José Juan López Ródenas | Fuente: ArchivoGD
E.P.


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La Audiencia de Granada ha fijado para el 11 y el 12 de diciembre el juicio contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE), una arquitecta municipal y el secretario en el momento de los hechos por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la adquisición de un inmueble que hizo el Ayuntamiento supuestamente “eludiendo” la legalidad y pagando más de su valor.

El juicio se celebrará a las 9,30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, según consta en una diligencia fechada el seis de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso de reposición.

La Fiscalía no acusa a ninguna de estas personas y ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa por entender que no existen elementos de prueba suficientes contra ninguno de los tres.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, ahora gobernado por Nuevo Castril, ha solicitado seis años y un día de prisión para el exalcalde por un delito de prevaricación y otro malversación de caudales públicos, así como inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años.

Pide las mismas penas para los otros dos procesados, aunque a la arquitecta municipal suma un supuesto delito de falsedad en dictamen pericial. En concepto de responsabilidad civil, reclama que los tres acusados indemnicen al consistorio, conjunta y solidariamente, con 14.294,60 euros.

La causa gira en torno al decreto de Alcaldía que el 25 de julio de 2008 dictó López Ródenas dando luz verde a la adquisición de un local anexo al Consistorio conocido como las marraneras pagando al contando 95.294 euros, lo que en el auto de procedimiento abreviado emitido por el Juzgado que ha instruido la causa se consideró una “sobrevaloración” a tenor de los informes que obran en las actuaciones.

Concretamente, un informe emitido por un arquitecto técnico fija el valor de mercado en 52.347 euros y otro de la perito judicial ha valorado el inmueble en 26.040 euros.

También se hizo constar la valoración favorable de la arquitecta municipal y del que fuera secretario aludiendo a que 81.000 euros estarían financiados por la Consejería de Gobernación a través de una subvención y 14.294 euros serían de aportación municipal.

Aunque el Ayuntamiento justificó la adquisición del nuevo local en la necesidad de “mayor espacio para oficinas y dependencias municipales” para la prestación de servicios públicos, la titular del Juzgado precisó en su auto que “no se ha dado ese uso en ningún momento al inmueble”, todo ello, según agregaba, con el correspondiente perjuicio a las arcas públicas debido a la sobrevaloración.

El escrito del fiscal expone sin embargo que, visto el resultado de la instrucción practicada, los hechos denunciados no revisten caracteres de infracción penal y que del examen de la documentación aportada no se infiere indicio de arbitrariedad en la adopción de la resolución denunciada respecto a la adquisición de este inmueble.

La Fiscalía incide, de hecho, en que no ve acreditada “una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa” ni una “conducta concertada, deliberada y consciente por parte de los investigados de resolver al margen del ordenamiento jurídico”.

En la causa también está personado como acusación popular, Miguel Ortiz, que pide penas para el exalcalde de seis años de prisión de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, al que suma otro de prevaricación administrativa por el que reclama inhabilitación por nueve años.

Para el exsecretario y la arquitecta municipal solicita las mismas penas y, en concepto de responsabilidad civil, que los tres indemnicen a las arcas municipales en la misma cantidad que reclama el Ayuntamiento de Castril.

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