El exalcalde de Castril defiende su actuación y recuerda que la Fiscalía pide el archivo de la causa contra él
López Ródenas ha señalado en un comunicado que el Ministerio Público, que no acusa a ninguno de los tres, ha pedido el archivo de la causa "de una forma muy razonada y motivada"
El exalcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas (PSOE) ha defendido su actuación en relación a la adquisición de un inmueble que hizo el Ayuntamiento durante su etapa de gestión y ha recordado que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa por la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar ha decretado la apertura de juicio oral contra él y dos personas más.
López Ródenas ha señalado en un comunicado que el Ministerio Público, que no acusa a ninguno de los tres, ha pedido el archivo de la causa "de una forma muy razonada y motivada", lo que "increíblemente --ha dicho-- no atiene el Juzgado y obviándolo acuerda la apertura del juicio oral solo con base en la acusación particular", ejercida por el Ayuntamiento de Castril.
Esta acusación plantea, según incide, argumentos "como si tales acusaciones fueran hechos probados, solapando los datos y argumentos que aporta la Fiscalía para solicitar el sobreseimiento".
El escrito del fiscal expone que, visto el resultado de la instrucción practicada, los hechos denunciados no revisten caracteres de infracción penal y que del examen de la documentación aportada no se infiere indicio de arbitrariedad en la adopción de la resolución denunciada respecto a la adquisición de este inmueble.
La Fiscalía incide, de hecho, en que no ve acreditada "una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa" ni una "conducta concertada, deliberada y consciente por parte de los investigados de resolver al margen del ordenamiento jurídico".
La acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Castril, ahora gobernado por Nuevo Castril, ha solicitado seis años y un día de prisión para el exalcalde por un delito de prevaricación y otro malversación de caudales públicos, así como inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años.
Pide las mismas penas para los otros dos procesados, una arquitecta municipal y el secretario en 2008, aunque a ella le suma un supuesto delito de falsedad en dictamen pericial. En concepto de responsabilidad civil, reclama que los tres indemnicen al consistorio, conjunta y solidariamente, con 14.294,60 euros.
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