El Pleno del Congreso de los Diputados dio hoy luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) después de que el PSOE lograra los 176 votos justos que requería esta modificación, que al tener rango orgánico necesitaba el refrendo de la mayoría absoluta de la Cámara, gracias a los apoyos de ERC, ICV, Coalición Canaria y las formaciones navarras de Nafarroa Bai y Unión del Pueblo Navarro (UPN). PP, BNG y UPyD votaron en contra, mientras que el PNV e Izquierda Unida se abstuvieron." />
Lunes, 27 Marzo, 2017

El Congreso aprueba la nueva Ley de Financiación Autonómica con los 176 votos que precisaba el PSOE



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El Pleno del Congreso de los Diputados dio hoy luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) después de que el PSOE lograra los 176 votos justos que requería esta modificación, que al tener rango orgánico necesitaba el refrendo de la mayoría absoluta de la Cámara, gracias a los apoyos de ERC, ICV, Coalición Canaria y las formaciones navarras de Nafarroa Bai y Unión del Pueblo Navarro (UPN). PP, BNG y UPyD votaron en contra, mientras que el PNV e Izquierda Unida se abstuvieron.

Los socialistas “tumbaron” las enmiendas no incluidas en el trámite de la semana pasada en Comisión que el PP, CIU y los nacionalistas gallegos mantenían vivas al proyecto de ley, que pasará ahora al Senado.

En los pasillos de la Cámara, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, se mostró “muy satisfecha” por el “excelente resultado de la votación”, si bien admitió que le hubiera gustado que más grupos “reconocieran que es un buen sistema”. “Pero estoy segura que todas las comunidades autónomas lo van a aceptar”, señaló.

En concreto aludió a las autonomías del PP. “Tenemos la seguridad de que aceptarán la financiación y los fondos adicionales”, insistió Salgado, quien destacó la “incoherencia” que ve entre los gobiernos autonómicos “populares” –que se abstuvieron en la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera– y la posición del Grupo Popular en la Cámara Baja.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció que a esta ley “le falta sentido de Estado y sentido del acuerdo y falta de voluntad” para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios. “Se ha aprobado, a diferencia de la ley que viene a derogar, por el mínimo acuerdo posible”, remachó.

En este sentido, lamentó que el Ejecutivo socialista haya negociado una la “ley de espaldas a la crisis” por “necesidades  políticas y partidistas” con las minorías nacionalistas. Por su parte, el secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, arremetió contra las formaciones nacionalistas por apoyar una ley que no les afecta a cambio de “cambalaches”.

“ASESINATO POLÍTICO DEL ESTATUT”

Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, denunció que la reforma supone “el asesinato político premeditado del Estatut de Cataluña” con PSC, ERC e ICV de cómplices, y denunció la pérdida de “ordinalidad” que a su juicio supondrá para esta Comunidad, así como una grave merma de ingresos. “Va contra Cataluña y contra los servicios que reciben los catalanes”, resumió. En la misma línea, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, denunció que el nuevo modelo reduce el peso de Galicia.

En respuesta, el portavoz de ERC, Joan Ridao, se permitió la “petulancia” de celebrar que el determinante de su formación fue el que impulsó el cambio de modelo que el PP y CiU habían pactado, y calificó de “incalificables” las palabras de Sánchez Llibre. “Sólo le falta acusarnos de entrenar a los pilotos del 11 de septiembre”, señaló Ridao, que insistió en que lo único que han hecho los republicanos es “salvar los muebles”.

El diputado de ICV, Joan Herrera, reprochó el “cinismo” del PP, a quien acusó de coger el dinero y correr, mientras vota en contra de una evolución del modelo que supone un “avance clarísimo” y que respeta el Estatut. Con este acuerdo, “lo que estamos haciendo es federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña”, señaló.

La ponente socialista y diputada del PSC –formación que gobierna en Cataluña junto a las dos anteriores– llamó la atención por el hecho de que PP y CiU sumen sus fuerzas contra el modelo. “Ustedes son incapaces de imaginar siquiera lo que supone un modelo común para toda España con pleno respeto a las garantías”, les espetó. 

“PARTIDOS QUE NIEGAN EL ESTADO ESPAÑOL”

Desde Coalición Canaria, Ana Oramas, celebró que el trámite parlamentario ha corregido totalmente lo referido al régimen fiscal del Archipiélago y elimina los “elementos lesivos”, mejorando sustancialmente la capacidad normativa” del Gobierno de esta comunidad, reconociendo además el principio de insularidad en el reparto de fondos. “Se han impedido pasos atrás y se abren nuevas partes”, incidió.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, señaló que el nuevo modelo de financiación responden al modelo de relación bilateral marcado del Estado con Cataluña definido pro el Estatut catalán dejando fuera a Navarra y País Vasco “como si no formaran parte de España”. “Ustedes se apoyan en partidos que niegan el Estado español”, denunció.

Por último, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, replicó a los “populares” Nadal que su apoyo no “responde a cambalaches” y preguntó a los diputados vascos y navarros del PP si ellos se abstuvieron o no en la presentación de la enmienda de totalidad, así como en la votación de hoy.

ENDEUDAMIENTO PARA GASTO CORRIENTE

La principal novedad incluidas en el trámite parlamentario de la reforma destaca una enmienda del PSOE para que “excepcionalmente” para 2009 y 2010, las comunidades autónomas puedan destinar su endeudamiento a gastos corrientes para garantizar la cobertura de los servicios “públicas fundamentales”, sin tener que destinarlas forzosamente a inversiones, lo que será tenido en cuenta por el Estado a la hora de conceder sus autorizaciones. Dicha deuda tendrá que amortizarse en el plazo de un año.

Asimismo, los “populares volvieron a denunciar que la reforma “limita las competencias normativas de los ayuntamientos”, ya que pese a que establece que las comunidades no podrán imponer impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por los tributos locales, sí podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales.

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