El Colegio de Psicología de Andalucía Oriental premia a la Junta por su promoción de la mediación

La Fundación Mediara, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha recibido el Premio a la Divulgación de la Mediación otorgado por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental en un acto celebrado en Granada al que han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la delegada del Gobierno, Sandra García.

La directora de Mediara, Pilar Calatayud, ha agradecido la entrega de este galardón, que reconoce el “apoyo decidido” de esta fundación de la Junta a la mediación como sistema de resolución de conflictos de manera extrajudicial. Por su parte, tanto la delegada del Gobierno en Granada como el presidente del TSJA y el presidente del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, Mariano Vera, han resaltado la importancia de la mediación como vía de facilitar acuerdos y reparar daños sin necesidad de llegar a juicio.

Con este premio, enmarcado dentro de los actos de celebración del Día Europeo de la Mediación, se destacan las medidas que lleva a cabo la Junta para el impulso de la mediación en la comunidad andaluza, como el convenio firmado el pasado año con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abrir, de manera progresiva, puntos de información a la ciudadanía en las sedes de los juzgados sobre los beneficios de este sistema de resolución de conflictos y la manera de encauzarlo.

Además, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (Andalucía) ya ha formado a más de 150 especialistas en mediación policial para resolver conflictos en sus municipios sin necesidad de llegar a un juicio, y la Fundación Mediara ha liderado el proyecto comunitario Eirene para divulgar y promocionar en toda la Unión Europea los programas de mediación.

El desarrollo de la mediación es uno de los grandes objetivos de la Consejería de Justicia e Interior en esta legislatura, ya que permitirá aliviar la carga de los órganos judiciales y mejorar la opinión de la ciudadanía sobre el funcionamiento de este servicio público, al convertirse en un mecanismo complementario para contribuir a la mejora de nuestro sistema judicial.