Martes, 25 Julio, 2017

            

El centro de menores ‘San Miguel’, justicia “para que los jóvenes no se nos pierdan”

Así definía ayer la delegada Sandra García el propósito fundamental de estos centros. |La directora de Justicia Juvenil, Carmen Belinchón, destacó que en época de crisis "la justicia juvenil no ha reducido ningún tipo de recursos". | La visita contó con la presencia del juez Emilio Calatayud y del fiscal de menores José Rogelio Muñoz.

Entrada del centro de menores de San Miguel


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Un centro de menores es el último bastión para corregir, para enderezar a los chavales infractores, para fortalecerlos y prevenir que recaigan en las conductas que les trajeron aquí. Malos hábitos, malas compañías, peor suerte. Víctimas de todo lo anterior, entran como responsables de un acto, y de él responden. El trabajo de la justicia juvenil tiene lugar dentro y fuera de sus muros, porque hay muros altos y rejas, y cámaras, y puertas. Una imagen impacta pero resulta inmediatamente lógica: ninguna puerta del centro se abre sin que antes se cierre la que queda a tu espalda, hay que impedir que los chicos escapen, evitar que huyan de sí mismos. Y ayer esas puertas se abrieron para recibir una visita institucional.

La delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, visitó ayer por primera vez el centro de menores “San Miguel”, acompañada de Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil, quien explicó que esta visita “es lo que solemos hacer el resto de los meses del año, tanto la directora, como los delegados de Gobierno y los jefes de servicio de cada provincia: visitar los distintos centros de Justicia Juvenil que tenemos en la Comunidad Autónoma”. El centro San Miguel, uno de los quince repartidos por la geografía andaluza y al que la responsable de justicia ha calificado como “muy querido”, data de antes de la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad del menor y forma parte de un “sistema de justicia juvenil consolidado”.

sandra garcía

La delegad del Gobierno (centro) en su vista de ayer

En este centro la mayoría de los chavales, doce de un total de catorce, están fuera por la mañana ocupados en sus estudios como cualquiera de su edad. En este sentido, Carmen Belinchón destacó que las medidas privativas “solo suponen un 20% de las medidas de aplicación de la Ley de Responsabilidad penal del menor”. Así mismo, ha recordado que en 2001, las 400 plazas entonces destinadas a internamiento “no eran suficientes, hoy sobran plazas”, a pesar de que este número ha aumentado hasta las 760. Con ello justificó que la privación de libertad no es la medida más aplicada “porque el perfil del menor ha cambiado y los delitos que se están cometiendo no son delitos graves”.

PERFIL DEL INFRACTOR

En el perfil de los delitos, junto a los clásicos perpretados contra el patrimonio, han aflorado desde 2008 los delitos de “violencia intrafamiliar”, cometiéndolos tanto chicas como chicos. Es por ello que la directora Belinchón quiso incidir en que “estemos especializándonos día a día tanto en la formación de los profesionales como en los recursos, para atender este nuevo perfil de familias normalizadas”, por lo que la intervención se efectúa tanto en el menor como en las familias, dado que “el nivel de reincidencia es muy importante” y “algún día en su vida contarán que han estado en un centro de menores pero que fue un momento difícil de su adolescencia“.

También destacó “como noticia positiva” que el Defensor del Pueblo Andaluz en su último informe, dedicado a los centros de menores, “ha puesto de manifiesto la consolidación del sistema, un sistema de calidad”, así como la “profesionalidad y formación” de los trabajadores de los centros y “algo muy importante, cómo está trabajando la Justicia Juvenil en salud mental”, al ingresar menores con adicciones diversas.

Según Carmen Belinchón, la estancia media en los centros suele ser de algo más de un año, teniendo en cuenta que “el tiempo es muy importante y en los menores sobre todo, para obtener resultados”, así como ha citado un informe de la Universidad de Almería según el cual, “un 80% no reincide”, de un total de 675 menores en régimen de internamiento y 8.100 en régimen abierto.

Por su parte, Sandra García ha aportado los datos de Granada, con 172 jóvenes con sentencia judicial condenatoria, de los que 160 son chicos y el resto chicas, datos que se repiten en 2013 y 2014. También ha querido “incidir en la idea de la política de justicia juvenil que se está llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía” y ha recordado la adjudicación de un premio otorgado por el Consejo General del Poder Judicial “por la buena labor” desarrollada en Andalucía con los menores y “por los medios económicos que se están invirtiendo con el objetivo de la reinserción, fundamentalmente”. También ha resaltado que los menores en régimen abierto, un 80% del total, se benefician de distintas colaboraciones entre el Gobierno Andaluz y otras administraciones, como los 106 Ayuntamientos de la provincia de Granada que anualmente firman un convenio “para realizar medidas de compensación, de ayuda y de colaboración en la sociedad”, a lo que se suman “medidas de reinserción, de formación reglada, uno de los elementos fundamentales para no perder esos jóvenes.” 

 

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