El Caso Romanones, capítulo a capítulo

Era el 17 de noviembre del pasado año cuando saltaba uno de los mayores escándalos de supuestos abusos sexuales a menores por parte del clero de la Diócesis de Granada. Se trataba del caso Romanones, que se iniciaba con una carta de una de las presuntas víctimas enviada directamente al Vaticano, durante los meses de verano, y que llegó a manos del Papa Francisco. Gracias a su interés se iniciaron las investigaciones rápidamente en este caso, poniéndose en marcha una serie de engranajes jurídicos, religiosos y mediáticos que han convertido esta historia en una de las más difíciles de la Iglesia Católica en Granada.

Eran 10 párrocos de la ciudad y otras dos personas relacionadas con ellos, los implicados en esta trama. Los abusos se habrían producido por parte de tres religiosos, aunque las restantes personas implicadas sí habrían tenido conocimiento de los sucesos.

De estos actos el arzobispo tuvo constancia a mediados de octubre, poco antes de que la víctima llevara el caso a los juzgados, que se había dado en diferentes pisos de la capital granadina. Según el propio Monseñor Martínez, en ese momento, su primera acción fue poner rumbo al Vaticano para pedir consejo sobre cómo proceder ante el presunto caso de abusos sexuales; este viaje no se llevaría finalmente a cabo puesto que la propia Santa Sede le indicó al arzobispo que permaneciera en Granada para iniciar un protocolo que comenzaría por apartar del ejercicio religioso a los principales acusados, aunque posteriormente desde los tribunales granadinos que investigan el caso se le pediría al arzobispo que no actuara para no afectar a la investigación policial.

El proceso ha sido largo, y especialmente mediático, y la resolución judicial se ha hecho firme esta semana. Se declaran prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares. Pero se mantiene la imputación contra el presunto líder por los hechos denunciados por esa primera víctima, ya que podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con una pena de prisión que oscila de cuatro a diez años.

El magistrado, Antonio Moreno, aclara en su resolución, que la aplicación de la prescripción no se determina «a capricho o arbitrio judicial, sino que es de obligado cumplimiento, si concurren plazos y requisitos legales». En este sentido, los delitos de abuso sexual se prolongaron en comisión, tal y como se explica en el auto, desde el año 2004 a 2007, por lo que determina «obligatoriamente la aplicación de los plazos de prescripción establecidos en el código penal vigente en ese periodo de tiempo».

En este sentido, respecto a once de las personas a las que se investigaba en esta causa, los delitos continuados que se les imputa corresponderían penas que con sus agravantes no superarían los tres años de prisión por cada tipo.

Sin embargo, los hechos presuntamente cometidos por el otro imputado, Román M.V.C., podrían ser constitutivos de delito de abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, castigado con penas de prisión de cuatro a diez años. En ese caso, el plazo de prescripción sería de diez años, por lo que dicha conducta y delito no estaría prescrito.
Desde el Arzobispado de Granada, su titular, Monseñor Francisco Javier Martínez, ha recordado que este caso «está en manos del Vaticano, y confío en que se sabrá la verdad del mismo», aunque ha preferido no pronunciarse más sobre esta última decisión judicial. Sin embargo, fuentes del Arzobispado han reiterado que cuando Monseñor Martínez regresó de Roma, a finales de enero, ya dijo que él no sería «ni juez ni parte» de este caso, y que «respetaría la decisiones de la justicia».

Por su parte, el abogado que representa a los sacerdotes denunciados se ha congratulado de esta decisión judicial, considerando que «esta resolución debería haber sido adoptada antes, teniendo en cuenta la trascendencia mediática que ha tenido el asunto». En lo que respecta a un posible recurso, ha indicado que aún debe estudiar el contenido del auto en su totalidad, pero ha pedido que «se siga manteniendo la inocencia, sin género de duda del único imputado, el padre Román».

Mientras, la Asociación Pro Derechos del Niño, personada como acusación popular, su presidente, Juan Pedro Oliver, ha manifestado que tiene que analizar el auto, y que «si hay posibilidad de recurso se hará todo lo posible por recurrirlo, ya que tenemos una opinión diferente sobre la prescripción».