El caso Juana Rivas: un episodio más

Cuando todos creíamos que el caso Juana Rivas caminaba a su conclusión, este jueves la historia dio un nuevo salto en el vacío y la sala de vistas del Juzgado Penal 1 vivió uno de los episodios más insólitos que jueces, abogados, fiscales y público en general pudieran imaginarse. Un abogado que renuncia en pleno juicio y que, después de un tenso diálogo con el juez, abandona el juzgado desobedeciendo una orden expresa del magistrado.

Sin entrar en otras valoraciones que corresponden a expertos mucho más entendidos que yo en la materia, el abogado renunciante podría haberse jugado la carrera en el lance. Una orden de un juez en una sala de juicios se cumple, con independencia de que después se puedan alegar las razones que se crean oportunas, una de ellas la nulidad, como el propio magistrado presidente de la sala le estaba indicando al letrado.

En todo caso, resulta difícil no alinearse con las tesis de la Fiscalía y del abogado de la acusación, que representa al italiano Francesco Arcuri: una estrategia de dilación que -según la representación de Arcuri- roza el fraude procesal y que busca retrasar lo máximo la sentencia de este caso que en España sustancia la cuestión estricta de la sustracción de los dos menores y la desobediencia de las resoluciones judiciales que obligaban a la madre a entregar a los dos hijos al padre. Y todo, para no llegar al otro juicio, al que se sustancia en Italia, que establecerá la custodia de los menores, sin una sentencia condenatoria de la Justicia española, con todo el valor simbólico que se estaría trasladando del primero al segundo caso.

Sintomáticamente y después de las concentraciones que acompañaron cada comparecencia o cualquier otra cita judicial durante los días del verano pasado, apoyo feminista y maracenero al máximo nivel para Juana, este jueves ante el edificio de Caleta no había nadie que mostrase pancartas o se expresase en silencio. Tal vez, en el momento de la verdad, algún asesor o asesora de los de ahora o de las de antes haya pensado que mejor no mover mucho el árbol porque quizá perjudica más que beneficia.

Desde aquella repentina desaparición la lejana y calurosa tarde de finales de julio del año pasado, era fácil intuir que aquella decisión a la larga dañaría la causa y razones que pudiesen asistir a Rivas. Más de diez meses después ya puede afirmarse. La segunda denuncia sobrevenida por violencia de género que la madre de Maracena presentó contra su ex pareja ya en España, semanas después de su vuelta de Italia, apunta a algún consejo que obviando los tratados internacionales sostenía que alguien condenado por violencia sobre la mujer al que recayese una segunda denuncia los jueces estarían en disposición de revocar sus propias sentencias o al menos paralizar provisionalmente su cumplimiento y mantener a los niños bajo la custodia de la madre. Los hechos posteriores, toda la secuencia judicial han demostrado lo errado del análisis y sus consecuencias empiezan a notarse ahora.

Que en un despacho de abogados que comparten cinco letrados, todos con poderes para ejercer la defensa de Juana Rivas, donde uno de ellos padece un mal crónico aconseja que -en todos los casos y no solo en este- el bufete tenga prevista la posibilidad de una baja por enfermedad y su correspondiente sustituto. No resultó convincente al juez, por tanto, que no se previera. Si el caso Juana Rivas tenía dos vertientes, en España una, en Italia la otra, ahora se abre otra línea de información: el devenir del caso del abogado que renunció in situ, una actitud de la que deberán informar ahora -por orden del juez- el Minsterio Fiscal y el Juzgado de Guardia, además del Colegio de Abogados de Sevilla, donde ejerce el letrado. Dígase también, en su descargo, que la propia Juana Rivas se decanta por el compañero de bufete. En fin, que hay Juana Rivas para rato.