Jueves, 19 enero, 2017

El 96% de los municipios andaluces se acoge a las ayudas para suministros mínimos vitales de la Junta

Un total de 746 municipios de Andalucía se han acogido a estas nuevas prestaciones de urgencia social, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda

Una mujer abre un grifo |Autor: Archivo GD
E.P


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El 96 por ciento de los municipios andaluces se han acogido al Programa Extraordinario de la Junta de Andalucía para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, regulado por el Decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad y al que la administración autonómica destina más de 6,4 millones de euros.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la relación de ayuntamientos participantes en el programa, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos. Las ayudas se han otorgado en función del número de desempleados del municipio, que recibirá entre los 3.000 euros y los 55.530 euros.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en un comunicado que “este programa manifiesta el compromiso y la estrecha colaboración de la Junta con las administraciones locales, así como con las personas que necesitan cubrir necesidades urgentes”.

Un total de 746 municipios de Andalucía, el 96 por ciento del total, se han acogido a estas nuevas prestaciones de urgencia social, donde están incluidos los suministros básicos (agua y luz) y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler.

Este programa se materializa mediante ayudas que serán gestionadas por los ayuntamientos de Andalucía para la atención a la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos específicos y que, cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, hayan sido comprobados e informados por parte de los servicios sociales comunitarios.

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