Jueves, 19 enero, 2017

Ecologistas critican que la disciplina urbanística “ha sido la gran ausente en la gestión municipal”



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La organización Ecologistas en Acción criticó hoy que la  proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un “cáncer que devora territorio y paisaje en toda Andalucía, crea situaciones de absoluta impunidad, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico”, lamentando que la disciplina urbanística “ha sido la gran ausente en la gestión municipal, y el gran pacto político y ciudadano para hacer frente a este problema sigue sin aparecer”.

Tal y como señalaron en un comunicado, los procesos urbanizadores son “un modo más de contaminación y destrucción de recursos naturales no renovables como el suelo y el paisaje”, lamentando la existencia de un modelo de ciudad “extensivo y que se hace insostenible, la agudización de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema de tratamiento de vertidos”.

“Sólo cuando aparecen sentencias judiciales a tantas infracciones de las leyes, el debate se reabre y la búsqueda de soluciones globales, que no son otras que la legalización de todo lo construido ilegalmente, se plantean”, reprocharon. Ante ello, insistieron en que  la medida “más eficaz” para impedir nuevas urbanizaciones y construcciones ilegales es la prevención.

Por ello, pidieron tanto a las corporaciones municipales como a la Junta de Andalucía que “paralicen todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación y planeamientos urbanísticos vigentes, y muy particularmente convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido”.

Asimismo, instaron a poner todas las construcciones ilegales en suelo no urbanizable en conocimiento de la Fiscalía y no considerar a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales como “interlocutores válidos a la hora de modificar planeamientos para favorecer la situación de estas urbanizaciones y  construcciones ilegales”.

Además, señalaron que la legalización de estas urbanizaciones y construcciones ilegales “debe de ser la excepción, planteándose sólo la legalización de las urbanizaciones y construcciones en las que por su antigüedad hayan prescrito las infracciones urbanísticas y sea inviable su demolición”.

Insistieron en que “no se legalice ninguna urbanización, vivienda, ni construcción existente en Sistemas Generales, suelos no urbanizables de especial protección por razones forestales, medioambientales o culturales, o terrenos de propiedad o dominio público, incluidas las vías pecuarias estén deslindadas o no”.

Igualmente, apostaron porque la superficie de las urbanizaciones ilegales que se recalifiquen a suelo urbano o urbanizable computen como “nuevos suelos urbanos o urbanizables a efecto del cálculo del 40 por ciento máximo de crecimiento previsto en el POTA, pero no a efectos del cálculo de la  tendencia de crecimiento seguida en los últimos diez años”.

Apuntaron que la legalización de las urbanizaciones ilegales “debe de contar las infraestructuras necesarias para la correcta depuración de sus aguas residuales y un compromiso temporal de cierre de los pozos ciegos y fosas sépticas que, en todo caso, debe de estar concluido antes de la legalización o la concesión de licencias de obras o de primera ocupación”.

DERECHO DE ACCESO A VPO

En el caso de las vías pecuarias y caminos públicos ocupados ilegalmente y para los que no exista solución urbanística para su recuperación, “hay que garantizar trazados alternativos financiados por los dueños de las viviendas ilegales, manteniendo como mínimo la misma superficie, la continuidad de los trazados y la interconexión con el resto de la red pecuaria”.

De otro lado, señalaron que las urbanizaciones ilegales construidas parcial o totalmente en suelo forestal “tienen que llevar como medidas compensatorias la cesión de suelos en su periferia de la misma superficie para reforestarlos e incorporarlos al patrimonio forestal municipal”.

Indicaron que los propietarios de las viviendas que se legalizarán deberán hacerse cargo del coste de la urbanización interna y de la parte correspondiente de las infraestructuras generales –carreteras de accesos, variantes, conducciones y depósitos de agua, conducciones y estaciones de bombeo de aguas residuales– que no se hubieran construido si no existieran estas urbanizaciones ilegales.

Por último, subrayaron que la lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir pareja al fomento de políticas de las administraciones públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos, en base a la construcción de las VPO que demande la población, a viviendas sociales para las rentas más bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.

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