Lunes, 16 enero, 2017

Dos años después de Snowden, los gobiernos insisten en vigilarnos

"Los gobiernos", han declarado Amnistía Internacional y Privacy International en un comunicado conjunto, "deben aceptar que han perdido el debate sobre la legitimidad de la vigilancia masiva"

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Snowden


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Los gobiernos mantienen e intentan ampliar la vigilancia masiva sobre las comunicaciones de sus ciudadanos, según han denunciado Amnistía Internacional y Privacy International en un informe conjunto cuando se cumplen dos años desde las revelaciones del exagente de la CIA Edward Snowden.

El informe, Dos años después de Snowden: Proteger los derechos humanos en la era de la vigilancia masiva, advierte de que los gobiernos buscan mantener y expandir la vigilancia masiva, a pesar de que la práctica ha sido condenada como una violación de los derechos humanos por tribunales, parlamentos y organismos de los derechos humanos.

“El equilibrio de poder está comenzando a cambiar”, ha comentado Edward Snowden en un artículo publicado este viernes 5 de junio en diversos medios de todo el mundo, como The New York Times. ” con cada victoria judicial, con cada cambio en una ley, demostramos que los hechos son más convincentes que el miedo”.

“Los gobiernos”, han declarado Amnistía Internacional y Privacy International en un comunicado conjunto, “deben aceptar que han perdido el debate sobre la legitimidad de la vigilancia masiva”.

El informe llega poco después de la adopción de la Ley de Libertad de Estados Unidos por el Congreso estadounidense esta semana, un solitario y limitado ejemplo de retroceso legislativo en los poderes de vigilancia desde que comenzaran las revelaciones de Snowden.

“Gracias a Edward Snowden, millones de personas ordinarias son conscientes de que ni siquiera sus secretos más íntimos están a salvo de la intromisión del gobierno”, ha declarado la directora legal de Privacy Internacional, Carly Nyst, quien ha recordado que la vigilancia masiva ha sido condenada deforma rotunda por organismos nacionales e internacionales expertos en derechos humanos.

“Es decepcionante que los gobiernos no hayan aceptado que la vigilancia masiva viola los derechos humanos”, ha dicho el director adjunto de Problemas Globales de Amnistía Internacional, Sherif Elsayed-Ali. “Mientras la adopción de la Ley de Liberad de Estados Unidos muestra que es posible retroceder en la vigilancia, la perspectiva de más poder de espionaje intrusivo en Francia y Reino Unido muestra que el apetito de los gobiernos por más información que nunca sobre nuestras vidas privadas es insaciable”.

LOS GOBIERNOS DESAFÍAN LA OPINIÓN PÚBLICA

En los últimos dos años, como han explicado en el comunicado, la vigilancia masiva ha sido condenada como un exceso y una violación de los derechos humanos por tribunales, investigaciones parlamentarias y expertos jurídicos y tecnológicos designados por gobiernos e instituciones internacionales como el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.

El informe advierte que, desafiando la condena global, los programas de espionaje de Reino Unido y Estados Unidos permanecen cubiertos en secreto, mientras que otros tantos gobiernos buscan nuevos poderes de vigilancia por su cuenta.

Dinamarca, Finlandia, Francia, los Países Bajos, Pakistán y Suiza debaten o promulgan nuevas leyes de inteligencia que incrementará su capacidad para espiar las comunicaciones en esos países y más allá, como han comentado las dos organizaciones. Esta misma semana, el Senado francés votó una nueva ley que garantizaría a las autoridades incrementar ampliamente sus poderes de vigilancia.

Asimismo, el informe hace una advertencia sobre el hecho de que los avances tecnológicos harán más barata la tecnología de vigilancia, más poderosa y más generalizada. Lo que significa, según han apuntado en el comunicado, que mucha de la capacidad que actualmente se encuentra disponible solo en las agencias de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos tendrá más probabilidad de estar disponible en otros países en el futuro.

PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA DIGITAL

Amnistía Internacional y Privacy Internacional han presentado este viernes un plan de siete puntos con el que pretenden hacer un llamamiento a los gobiernos con el fin de introducir revisiones y equilibrios sobre el uso de la vigilancia, incluidos el control judicial y la supervisión parlamentaria.

De esta forma, los grupos de derechos quieren que la vigilancia se mueva dentro de los límites establecidos por el derecho internacional de derechos humanos, lo que significa que la vigilancia solo podría tener lugar sobre un objetivo, basada en suficientes pruebas de delito y con autorización de una autoridad estrictamente independiente, como un juez; supervisada por un proceso parlamentario y judicial transparente e independiente; y regida por normas y políticas públicamente disponibles y suficientemente detalladas.

Los grupos de derechos han hecho, además, un llamamiento sobre las compañías de Internet y de Telecomunicaciones más importantes para que hagan más por proteger las comunicaciones a través Internet y por teléfono de miles de millones de personas de la vigilancia invasiva y los ataques criminales.

A tal fin, “las compañías tecnológicas deben hacer mucho más por proteger la privacidad de sus usuarios y la libertad de expresión online”, ha comentado Sherif Elsayed-Ali. Esto pasaría por invertir en nueva y mejor encriptación y otras tecnologías de privacidad para la seguridad y el anonimato de los datos, e informar a los usuarios cuando la ley les obligue a facilitar sus datos a los gobiernos.

“Mientras que algunas grandes firmas como Apple y Google han empezado a adoptar estándares de encriptación más fuertes, otras están quedando rezagadas”, ha continuado explicando Sherif Elsayed-Ali. “Las compañías tecnológicas necesitan introducir encriptación de extremo a extremo por defecto en sus servicios, siempre que sea posible”.

“La legitimidad de recoger comunicaciones al por mayor no está abierto a debate; es una violación de los derechos humanos y del derecho internacional”, ha expresado Carly Nyst, quien ha declarado que la vigilancia masiva “debe ser desmantelada” y reemplaza por otra que respete los derechos humanos.

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