Sábado, 16 Diciembre, 2017

            

Diputación se persona en la causa por contrataciones supuestamente irregulares durante el mandato del PP

La Corporación provincial aprueba, con el PP en contra, presentarse en el proceso que investiga la contratación presuntamente anómala de cuatro trabajadores en Visogsa “por ser parte perjudicada”

Pedro Fernández, Portavoz de la Diputación | Foto: gabinete
Gabinete


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El Pleno de la Diputación de Granada ha acordado esta mañana personarse, a través de la abogacía provincial, en las diligencias previas que debe iniciar el Juzgado de Instrucción, a petición de la Fiscalía Superior de Andalucía, por supuestas contrataciones de personal irregulares realizadas en el anterior mandato en Visogsa, siendo presidente de la Diputación y del consejo de administración de la empresa pública, Sebastián Pérez.

La decisión, que ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo el PP, tiene su origen en un decreto de la Fiscalía Superior que resolvió recientemente remitir al juez decano de los Juzgados de Instrucción las actuaciones practicadas tras una denuncia presentada por el portavoz del grupo “Vamos, Granada”, Luis de Haro Rossi, relativas a contrataciones de personal con cargo a la empresa contraviniendo los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia que aparecen consagrados en la Constitución.

La Fiscalía Superior ha pedido al juzgado que incoe diligencias previas al entender que los hechos podrían constituir un posible delito continuado de prevaricación administrativa. En el mismo decreto, el Ministerio Público también solicita al juzgado que, una vez que sean practicadas las diligencias de prueba que se estimen pertinentes, valore la situación de la persona aforada a la que afecta la causa, que es el senador y ex presidente de la Diputación, Sebastián Pérez.

Por todo ello, ha explicado el portavoz, Pedro Fernández, la Diputación “es parte perjudicada en la causa que se abra, de ahí que planteemos la personación”. De hecho, ha puntualizado Fernández, “algunos de esos trabajadores contratados, al parecer, de manera irregular, que han sido despedidos, han demandado a la Diputación en los juzgados de lo Social por supuesta contratación en fraude de ley”.

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