Viernes, 20 Octubre, 2017

            

Diputación pone en marcha un servicio de agua potable para asistir a los ayuntamientos

Las conclusiones de los análisis realizados se pueden resumir en que los servicios de aguas presentas muchas y graves deficiencias

Agencia


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 La Diputación Provincial prevé inversiones que pueden llegar hasta los 9,9 millones de euros en las actuaciones de choque necesarias para solucionar los problemas detectados en relación con el ciclo integral del agua.

Se ha organizado la explotación en siete sectores para dar una primera respuesta ante cualquier avería en menos de 45 minutos, y se pone a disposición de los ayuntamientos un ente de gestión que se ha planteado como objetivo dar un servicio de calidad por igual en todos los municipios de la provincia con un uso eficiente de los recursos hídricos y económicos.

Está previsto que este nuevo servicio “sostenible financieramente” cree 62 puestos de trabajo directos y más de 190 indirectos lo cual “no es desdeñable en un momento como el actual”, ha resaltado el vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, durante una rueda de prensa en la que se ha congratulado de que la Diputación con estas iniciativas se adelanta a lo estipulado por la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

La delegación de Medio Ambiente, tras la realización de un estudio exhaustivo en los municipios de la provincia, ha tenido conocimiento real de la situación en la que se encontraban los servicios públicos de abastecimiento de agua. Se ha elaborado auditorias técnicas de los servicios de agua a un total de ochenta y tres municipios, y seis entidades locales autónomas (ELAS).

De sus resultados, se deriva un déficit de 3.036.607 euros en la gestión actual del ciclo integral del agua (23 euros por habitante al año). El ámbito geográfico de los estudios se ha centrado en los municipios que actualmente prestan el servicio de aguas de manera directa y que firmaron con la Diputación el protocolo de intenciones para la gestión supramunicipal del ciclo urbano del agua.

Las conclusiones de los análisis realizados se pueden resumir en que los servicios de aguas presentas muchas y graves deficiencias. Se ha detectado una falta de legalización de las infraestructuras. Solo el 10 por ciento de los municipios tiene concesión de agua para el abastecimiento lo cual significa que “la Junta de Andalucía puede paralizar el desarrollo urbanístico del municipio” en cuestión, ha resaltado José Robles.

Hay un bajo rendimiento técnico de la red de abastecimiento con una media del 32,7 por ciento (fugas y acometidas ilegales, derivadas de un mal estado de las redes y una gestión poco eficiente de los servicios). Como consecuencia, se llega a una paralización del desarrollo urbanístico del municipio y un incumplimiento de la ley de Aguas de la comunidad autónoma.

“Este aspecto es muy importante, ya que además de suponer un uso irracional de los recursos hídricos supondrán un sobrecoste para los municipios”, ha indicado hoy el vicepresidente Robles. La nueva ley de Aguas de Andalucía 9/2010, en su artículo 33, penaliza los rendimientos bajos de las redes de agua potable en municipios, siendo los mismos ayuntamientos los que deben de soportar, en forma de coste directo de su propio consumo, estas pérdidas.

Esto supondrá a muchos municipios un coste adicional del agua, penalizaciones en financiación, dando lugar a paralización del desarrollo urbanístico. Aún está por definir el rendimiento técnico mínimo por debajo del cual, las pérdidas tendrán un coste de 0,25 euros por metro cúbico, pero se han estudiado tres posibilidades.

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