La Plataforma por la Defensa del Río Castril ha denunciado este martes que el Gobierno central intenta convalidar las obras de su trasvase con la tramitación y aprobación de una Ley de residuos y suelos contaminante, pese a que el decreto que las amparaba fue declarado nulo por el Tribunal Supremo (TS).

A juicio de este colectivo, pese a que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados “nada tiene que ver” con las actuaciones relativas a la ordenación de los recursos hídricos de las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, en su disposición adicional decimoquinta intenta convalidar estas actuaciones.

Actuaciones que se derivaban de la ejecución del Real Decreto de Sequía 1419/2005, anulado por el Supremo y que daba cobertura a las obras de trasvase, de ahí que la plataforma vea en la convalidación “un claro intento de abuso de derecho” para darle respaldo legal.

Una vez conocida la firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó la paralización de las obras del trasvase y las expropiaciones, el Gobierno presentó una Enmienda de Adición en la Comisión de Medioambiente en una Ley que se estaba tramitando en ese momento.

Aunque en su primera votación fue rechazada, posteriormente fue presentada en el Senado y en el Congreso de los Diputados y aprobada en medio de un conjunto de medidas, sin que en ningún momento se entrara a debatir dicha enmienda.

Desde la Plataforma han anunciado que iniciarán todas las acciones legales, tanto administrativa como de índole penal, al estar en contra del nuevo intento de legalizar las obras del trasvase “por la puerta de atrás”.