Martes, 17 Octubre, 2017

            

De Llera asegura que no existen razones objetivas para que las secciones penales del TSJA se desplacen a Sevilla y Málaga

El consejero reitera en el Parlamento que la sede debe seguir siendo Granada y así se lo ha trasladado en una carta al Ministerio de Justicia y al CGPJ

Foto: Archivo
Gabinete


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El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha afirmado en el Pleno del Parlamento andaluz que no concurren circunstancias objetivas que fundamenten el desplazamiento a Sevilla y Málaga de las nuevas Secciones de Apelación de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ha defendido que éstas deben permanecer en Granada.

De Llera ha recordado que el Gobierno andaluz, en virtud de las competencias que ostenta la comunidad autónoma en materia de demarcación, planta y capitalidad judiciales, ha trasladado al Ministerio de Justicia y al CGPJ a través de una carta su voluntad de mantener dichas secciones en Granada.

El consejero ha puesto de relieve que el Estatuto de Autonomía de Andalucía determina con claridad que Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades, aunque “resulta necesario contar con la participación de la comunidad autónoma en todo cuanto afecte a la demarcación judicial de su territorio”.

Entre las competencias del CGPJ, ha explicado el consejero, se encuentra acordar la constitución de órganos judiciales fuera de su sede, para lo que se requiere el informe favorable de la Administración competente cuando comporten un incremento de gasto como sería el caso actual.

“Es indudable que disponer la ubicación de cualquier órgano judicial supone para la Administración prestacional incurrir en gastos, por lo que el caso que nos ocupa requiere, para su concreción, de nuestro parecer favorable al respecto. Y es evidente que el coste de creación de secciones en dos puntos es superior”, ha subrayado De Llera.

Por ello, el Gobierno andaluz mantiene su voluntad de que estas salas continúen en Granada, todo ello sin perjuicio de que, transcurridos dieciocho meses desde su entrada en vigor, “el Ministerio de Justicia efectúe un análisis de la evolución real de las cargas de trabajo y de las necesidades judiciales existentes a fin de valorar la necesidad de acordar, en su caso, la dotación de nuevas plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia o la creación de nuevas secciones de apelación Penal”, ha apuntado el consejero.

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