Lunes, 20 Agosto, 2018

            

‘Cuponazo’ en el Nevada

RAMÓN RAMOS


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No son 165 millones de indemnización, no. Son 165 millones y medio de euros. Por decirlo en pesetas, que es como calculamos las cosas gordas los que hicimos la ‘mili’, estamos hablando de 27.536.883.000 pelas. Sí, más de veintisiete mil millones de pesetas. Y aquí no ha pasado nada.

Los compañeros de ‘Ideal’ ya han hecho el cálculo de lo que se podría hacer con ese pastizal: otro hospital como el del PTS, es decir que sumaría los dos hospitales completos de larga reivindicación. Los compañeros de ‘Granada Hoy’ lo han dicho de otra forma: una multa de 180 euros a cada granadino. Y así, en este valle de lágrimas, la Junta se confía al Tribunal Constitucional como antes se confió al Supremo y antes al TSJA, desde la primera sentencia condenatoria, que -por cierto- era ocho millones y medio inferior a esta última.

La bola crece entre sentencia y sentencia, pero la Junta, impertérrita a los avisos, se agarra al siguiente clavo ardiendo en base a una estrategia judicial que ya ha sufrido tres reveses. Parece superfluo que haya que decirlo: ojalá el Alto Tribunal acoja la tesis del Gobierno andaluz. Las cuentas públicas saldrán ganando y nuestros bolsillos también. Ocurre, sin embargo, que hay pocas razones para la esperanza a la vista de los sucesivos episodios de rechazo judicial a esa tesis de la Junta que hasta el momento van en la cosecha.

Entretanto, mientras la Junta anuncia el próximo recurso, preludio del que irá a Estrasburgo -es de suponer- si el Constitucional vuelve a rechazar las tesis del Gobierno andaluz, todos pasan de puntillas sobre el hecho capital desde que esta historia de la reclamación de Tomás Olivo entró en los juzgados. Que no es otro que la incomparecencia de los servicios jurídicos de la Junta en la primera cita, una ausencia decisiva en la primera sentencia que sigue gravitando sobre las dos que la siguieron.

A cualquier abogado que en el ejercicio de sus funciones incurriese en un descuido de este tamaño y sus consecuencias, a cualquier empleado de una empresa privada en circunstancias parecidas le cae un ‘puro’ de no te menees. En el caso que nos ocupa, según publico Granada Hoy y nadie desmintió, más que expediente o sanción ha habido ascenso.

Y más: después del primer mazazo, desde despachos muy altos de la Junta se deslizaron ‘sotto voce’ teorías conspiratorias que apuntaban hacia una parcialidad interesada y manifiesta bien localizada en la maquinaria judicial. Algo que, de ser cierto, de conocerlo la Junta, lo que debería es haber obligado a extremar las precauciones, blindar la comparecencia en la fecha y hora indicadas y no confiar la cita al misterio del ‘posit’ desprendido de pantalla por efectos del calor, que habría impedido -lo que es la vida- a los letrados conocer el dato y personarse en el juzgado el día cuya incomparecencia contamina las sucesivas resoluciones judiciales.

En una cosa sí tiene razón la Junta: en torno al Nevada se creó todo un clima contrario que empujaba a la paralización de las obras. Se significó el PP pero también la prensa y los jueces, después de que aquel paisaje idílico de palmeras y lagunas que dibujaba aquella primera maqueta, aquellos pasquines entregados el día de la primera piedra, derivasen al ‘moderno leviatán’ en que se convirtió el edificio, invadiendo por medio el trazado proyectado del metro y obligando a variar el itinerario.

Pero es que a Olivo aquel Ayuntamiento de Armilla le dio licencia. Y si construyó con licencia, pues… Aquí estamos, muchos años después, acongojados ante esa lluvia de billetes de dinero público que apunta directamente a nuestros bolsillos. Y cuando hay en juego una reclamación de esa naturaleza, al común de los mortales no le entra en la cabeza la ligereza con la que los servicios jurídicos de la Junta se tomaron este caso. A la vista está.

 

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