Martes, 25 Julio, 2017

            

Colectivos sociales advierten de que la ordenanza fomenta la intolerancia al perseguir a los más vulnerables



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Colectivos sociales de Granada advirtieron hoy de que la ordenanza para la convivencia, que entró hoy en vigor, “fomentará la intolerancia” de los ciudadanos al perseguir a las personas con más riesgo de exclusión social, como los mendigos y las prostitutas, cuya actividad puede ser sancionada con multas de hasta 3.000 euros.

   Esta situación la pusieron hoy de manifiesto las entidades Granada Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el colectivo gitano Anaquerando y Recursos de Educación y Comunicación, que si bien no rechazaron la totalidad del texto normativo, sí se han mostrado en contra del régimen de sanciones que “pretende imponer la convivencia en la ciudad”.

   Criticaron que la ordenanza se haya realizado “sin participación ciudadana” y que en ella no se hayan especificado los recursos que las instituciones públicas ofrecerán a los colectivos de prostitutas y mendigos.

   Asimismo, opinaron que el texto es demasiado ambiguo y que, por tanto, su aplicación quedará en manos de la Policía Local. “Será una fuerza de seguridad la que juzgue las apariencias, actitudes o intenciones de los hechos que posteriormente sancionará”, añadieron.

   “Se criminalizará aún más a las personas que ejercen la mendicidad, a las personas sin hogar, a las que ejercen la prostitución o a los inmigrantes. Las sanciones en forma de multas sólo enmascaran e invisibilizan los problemas, introduciendo elementos de miedo y represión que para nada contribuyen a la convivencia”, relataron los colectivos implicados.

   A su juicio, la ordenanza también “restringe el derecho a la libertad de expresión” de los ciudadanos, al considerar que las actividades culturales y artísticas en son ocupaciones de la vía pública y al incluir medidas sancionadoras para las personas que ejerzan estas actividades.

   Estas sanciones pueden incluir multas y la incautación de los medios empleados –como pueden ser los instrumentos de los músicos–, por lo que las asociaciones reivindicaron la calle como espacio público en el que se pueda disfrutar de música, teatro y en la que se pueda jugar.

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