Miércoles, 23 Agosto, 2017

            

Ciudadanos propone en el Congreso proteger a quienes denuncian delitos de corrupción en la Administración

También defiende reformar la ley electoral para que todos los votos valgan igual y para establecer listas desbloqueadas y primarias

Albert Rivera líder de Ciudadanos | Foto: E.P.
E.P-


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Ciudadanos ha propuesto en el Congreso de los Diputados, en el marco de un “plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática”, que se regule la figura del “denunciante de buena fe” y los procedimientos y canales confidenciales para la formulación de denuncias en el ámbito de la Administración Pública y sus organismos y entidades vinculados.

A través una proposición no de ley registrada este jueves en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Ciudadanos busca proteger a cualquier empleado del sector público que pone en conocimiento de órganos de control interno hechos que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas por alcance o penales por delitos contra la Administración Pública.

En el escrito se pide que la Cámara baja inste al Gobierno a regular esa figura en el plazo máximo de tres meses para establecer unos “canales éticos” que garanticen la “estricta confidencialidad” de la identidad denunciante.

Su utilización implicaría de inmediato recibir asesoría legal para los hechos relacionados con la denuncia y que no se puedan adoptar, durante la investigación ni posteriormente, medidas que perjudiquen al denunciante en su carrera profesional, y tampoco la cesación de la relación laboral o del empleo.

Además, C’s plantea que la protección asociada a este estatus se pueda mantener incluso más allá de la culminación de los procesos de investigación y que estos procedimientos y canales puedan ser utilizados por los denunciantes para denunciar posibles represalias u otras actuaciones lesivas que pudieran sufrir posteriormente.

AFORAMIENTO E INDULTOS

En la misma proposición no de ley, C’s propone revisar los supuestos de privilegio o prerrogativa de aforamiento recogidos en la Constitución. Hasta que se emprenda esa reforma, la formación naranja pide que en un máximo de tres meses se supriman aquellos supuestos de aforamiento que “han proliferado en distintas leyes ampliando dicho privilegio mucho más allá de lo previsto en la Constitución”.

C’s pone el mismo plazo, tres meses, para que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que suprima la posibilidad de conceder indultos totales o parciales a personas condenadas por delitos cometidos por una autoridad o cargo público en ejercicio de sus funciones o cargo o prevaliéndose de ellas.

También quiere prohibir el indulto cuando la condena sea por delitos contra la Administración Pública recogidos en el Título XIX del Código Penal, entre los que se incluyen los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias u omisión del deber de perseguir delitos.

Según ha explicado el diputado de C’s Ignacio Prendes, secretario primero en la Mesa del Congreso, con esto se busca evitar “los bochornosos espectáculos de un Gobierno que se indulta en muchos casos a sí mismo en casos de corrupción”.

Con estas dos medidas, Ciudadanos pretende acabar con lo que considera “privilegios” y “prerrogativas injustificadas” en el ámbito de la política.

PARTIDOS MÁS DEMOCRÁTICOS Y TRANSPARENTES

Por último, el partido de Albert Rivera insta a que en un máximo de tres meses se presente un nuevo proyecto de ley de regulación de los partidos políticos que asegure su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación y los convierta en “verdaderos instrumentos de participación política”.

Para ello considera que se debería establecer la celebración de congresos en los partidos “con una periodicidad establecida y a fecha fija”, limitar los mandatos de sus cargos ejecutivos y elegir mediante elecciones primarias a los candidatos a cargos representativos.

Igualmente, plantea que la financiación de las formaciones políticas y la de sus fundaciones vinculadas sea “clara y transparente” y que los tesoreros y responsables de cuentas tengan un mandato limitado y su gestión sea sometida a auditorías anuales realizadas por empresas u organismos independientes.

REFORMA DE LA LEY ELECTORAL

En una segunda proposición no de ley registrada este jueves, Ciudadanos propone que el Congreso manifieste su voluntad de crear “de forma inmediata” una comisión especial no permanente para el estudio, debate y, en su caso, propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Esa reforma debería garantizar, a su juicio, “la igualdad en el valor del voto de todos los españoles, la rendición de cuentas y la cercanía entre electores y elegidos” mediante el desbloqueo de las listas electorales; así como “la transparencia y el procedimiento democrático” en los partidos mediante la celebración de primarias para seleccionar a sus candidatos electorales.

Además, C’s aboga por reforzar los mecanismos que garanticen el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos, “removiendo los obstáculos de todo tipo que dificultan el ejercicio del voto, con especial consideración para la situación de los españoles residentes en el extranjero”.

A su entender, se debe tratar de mejorar la participación de los colectivos con algún grado de discapacidad, impulsar el voto electrónico o el voto anticipado y facilitar que los españoles que viven fuera de España, “cuya participación en los comicios ha sufrido un importante descenso” tras la reforma de 2011 que introdujo el voto rogado, puedan votar.

La formación naranja ve necesario este cambio legislativo porque cree que la sociedad española está pidiendo “recuperar el prestigio de las instituciones y una mayor vinculación de los ciudadanos con las decisiones políticas”. También recuerda en su escrito que el sistema electoral vigente proviene de una norma preconstitucional de enero de 1977 y que la última revisión se hizo hace más de treinta años.

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