Jueves, 18 Enero, 2018

            

CCOO solicita la libre absolución de los trabajadores encausados en el caso Alhambra

El sindicato reitera que después de 12 años de procedimiento, el daño ha sido "desmedido"

Agustín De la Cruz y Ricardo Flores han asegurado que "no ha quedado demostrada la existencia de ningún tipo de irregularidad" | Foto: Gabinete
Gabinete


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CCOO Granada y la Federación Andaluza de Servicios a la Ciudadanía de CCOO quieren poner de manifiesto que tras casi 12 años desde el comienzo del ‘caso Alhambra y más de diez años de instrucción, el juicio sobre el caso Alhambra quedó en diciembre visto para sentencia. Tal y como ha señalado el secretario general de CCOO Granada, Ricardo Flores, desde un primer momento, CCOO considera que “no ha quedado demostrada la existencia de ningún tipo de irregularidad, y aún menos delictiva, en el Patronato de la Alhambra por parte de sus trabajadores y trabajadoras”. Por ello, pide su “libre absolución”.

Para Agustín De la Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, el desarrollo del juicio ha demostrado que no existió irregularidad alguna por parte de las personas imputadas y ha considerado que “no se tenía que haber celebrado ni juicio”. De la Cruz ha destacado “el daño ocasionado a las personas trabajadoras durante nada menos que los doce años que ha durado la instrucción de la macrocausa” y ha pedido “que se depuren responsabilidades con las personas responsables de la gestión de la Alhambra, es decir, la dirección del Patronato”, ha asegurado.

Además, el responsable sindical ha exigido que el empleo en la Alhambra sea estable y con derechos, para que esto no vuelva a ocurrir ya que, a su juicio, ” un monumento que genera cada año más ingresos debe tener una gestión pública ” y ha advertido que no van a pretender “que con macrocausas absurdas se intente privatizar el monumento”.

Desde la Unión Provincial de Granada y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía han reiterado que las defensas del personal del Patronato imputado en el denominado ‘caso Alhambra’ han vuelto a solicitar “la libre absolución de sus defendidos ante la no observación de ninguna actuación ilícita, como ha quedado patente durante el desarrollo del juicio”. “Nos congratulamos de que ya se nos haya dado parte de razón al declarar libres de toda acusación a un gran número compañeros y compañeras”, han explicado en rueda de prensa los representante sindicales.

El caso desde sus inicios ha estado plagado de incongruencias, dilaciones y resoluciones difícilmente justificables. La señal más evidente es que después de 12 años, a día de hoy, todavía no existe sentencia. “Y en el procedimiento, el daño ocasionado al personal imputado ha sido desmedido”.

Además, a CCOO le preocupa que el anterior equipo de dirección del monumento, “artífice de esta macrocausa”, fue detenido por la Policía Nacional, “estando actualmente inmerso en su propio proceso judicial por distintos ilícitos penales, y ampliándosele la causa investigada día a día”.

Para el sindicato, como se ha visto demostrado con las pruebas presentadas por la acusación en el juicio, el fondo del mismo responde más a un problema organizativo, conocido por la dirección y puesto de relieve por el propio Comité de Empresa, que a un verdadero litigio penal y, por ello, el sindicato no entiende cómo las personas responsables directas de la gestión “no están imputadas por este caso”. “Es del todo incomprensible, que si los actos ilícitos que se reclaman fuesen ciertos, no haya ningún responsable del monumento entre las personas implicadas, por acción o por omisión; y más cuando los abogados de la Junta de Andalucía han actuado como acusación particular”, han asegurado los responsables sindicales.

Por último, con respecto a la gestión del monumento, CCOO entiende que cada año queda menos personal propio y más subcontratado en precario, “aún batiendo el monumento de la Alhambra y Generalife todos los records de visitas año tras año”. “Creemos que la imputación de esta gran cantidad de trabajadores, responde más a rencillas laborales y estrategias de gestión política para acabar con lo público, que a una realidad jurídica”, han finalizado.

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