Cómo solicitar la devolución de IRPF por la prestación de maternidad o paternidad

El Tribunal Supremo en sentencia del 3 de octubre de 2018 ha declarado acertadamente que las prestaciones públicas por maternidad recibidas por la Seguridad Social están exentas de tributación en el I.R.P.F.

En fecha 3 de diciembre, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición del contribuyente un formulario para solicitar la devolución.

Actualmente se nos presentan los siguientes escenarios:

  • PRESTACIONES PERCIBIDAS DURANTE EL AÑO 2018 Y SIGUIENTES.

El programa de ayuda RENTA WEB ofrecerá los datos fiscales incorporando tales prestaciones como rentas exentas y las retenciones soportadas como plenamente deducibles.

Tras el conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha dejado de practicar retenciones sobre las prestaciones abonadas, por tratarse de rentas exentas.

  • PRESTACIONES PERCIBIDAS EN LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017.

Estos contribuyentes tienen que presentar solicitud de las rectificaciones del IRPF en las que hubiesen incluido tales rentas.

  • Prestaciones recibidas en los años 2014 y 2015

Para ello la Agencia Tributaria el día 3 de diciembre de 2018 ha habilitado un formulario específico para facilitar la solicitud de los años 2014 y 2015, disponible en la página web de la Agencia Tributaria en que la persona perceptora de la prestación deberá indicar en cuáles de esos años ha percibido la prestación y un número de cuenta bancaria de su titularidad, donde se abonará la devolución que proceda.

  • Prestaciones recibidas en los años 2016 y 2017

No obstante, para las prestaciones percibidas en los años 2016 y 2017 el formulario específico no estará habilitado hasta enero de 2019.

 

Para iniciar dichos procedimientos no es necesario adjuntar a la solicitud un certificado de la Seguridad Social, ya que será la AEAT que obtendrá de la Seguridad Social toda la información necesaria para la resolución de dicho procedimiento. Dicha solicitud puede hacerse a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria  utilizando el sistema de número de referencia para servicios de renta (RENO), Clave PIN o Certificado electrónico.

Alternativamente, podrá utilizarse el formulario en papel para su presentación en cualquiera de las oficinas de registro de la AEAT. La aplicación de la exención corresponderá al órgano que esté conociendo del recurso o reclamación, sin que sea precisa la presentación de ninguna solicitud adicional.

En el caso de solicitudes previamente presentadas que se encuentren pendientes de resolución de un recurso o reclamación,  como indicamos arriba no es necesaria la presentación de ninguna solicitud adicional, no obstante, dicho formulario es muy genérico, y no atiende a circunstancias personales, por lo que, en ese caso,  es recomendable ponerse en manos de profesionales especializados para presentar una solicitud adecuándose a las circunstancias personales del caso concreto.

No obstante, para resolver cualquier duda al respecto, puede consultar con nuestro equipo de abogados especializados en Derecho Fiscal.




Aparcamientos públicos: ¿Qué debemos saber para exigir responsabilidad en caso de daños?

En el año 2002 se aprobó la Ley que actualmente regula los aparcamientos públicos, terminando así con una indefinición legal que causaba numerosos conflictos entre empresas y usuarios y generaba muchas dificultades para las reclamaciones de éstos últimos.  La Ley 40/2002, de 14 de noviembre, delimita cuáles son los aparcamientos objeto de la misma (los públicos), regula la responsabilidad de sus titulares y su obligaciones, así como la de los clientes.

Un aparcamiento público es, según la referida Ley, un local o recinto explotado mercantilmente por una persona (el titular del aparcamiento) que cede temporalmente espacios para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio.

La Ley diferencia entre dos modalidades de estacionamiento:

  • Estacionamiento con reserva de plaza: el titular se obliga a mantener durante todo el período de tiempo pactado una plaza de aparcamiento a disposición plena del usuario (suelen ser los estacionamientos para residentes o trabajadores de empresa). Tanto el precio como el tiempo suelen estar prefijados.
  • Estacionamiento rotatorio: el titular se obliga a facilitar una plaza de aparcamiento por un período de tiempo variable, no prefijado. El precio se fija por “minuto de estacionamiento”.

Y no considera aparcamientos públicos:

  • Los estacionamientos regulados o los de la vía pública.
  • Los estacionamientos no retribuidos directa o indirectamente (p. ej. algunos centros comerciales, restaurantes, hoteles, etc).
  • Los que no se ajusten a la definición de estacionamiento público que ofrece la propia Ley.

La Ley recoge una serie de obligaciones para el titular del aparcamiento:

  • Facilitar al usuario al que se permita el acceso un espacio para el aparcamiento del vehículo.
  • Entregar al usuario un justificante o resguardo del aparcamiento, haciendo constar la identificación del vehículo y si se entregan al responsable las llaves del vehículo. De esta obligación de identificación están exentos los aparcamientos de uso exclusivo para clientes de establecimientos comerciales con sistemas de control de acceso y cuyo horario coincida con el del establecimiento. Si el estacionamiento es rotatorio, se hará constar también el día, hora y minuto de entrada.
  • Restituir al portador del justificante el vehículo en el estado en el que le fue entregado, así como los componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente -de manera fija e inseparable- a aquel y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se trate. Esta responsabilidad no alcanzará a los accesorios fijos y extraíbles, como radiocasetes y móviles, que deberán ser retirados por los usuarios.
  • Indicar antes de contratar de manera fácilmente perceptible los precios, horarios y las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento.
  • Disponer de formularios de reclamaciones.

Teniendo en cuenta, además, la definición de aparcamiento público que recoge la propia Ley hay que incluir los deberes de vigilancia y custodia para la empresa durante el tiempo de ocupación. Por tanto, la empresa debe responder de los daños que sufra el vehículo o el usuario:

– Daños personales por mal estado o mal mantenimiento de las instalaciones.

–  Daños del vehículo sufridos por desprendimientos, inundaciones por rotura de tuberías, etc.

– Daños por robo en el vehículo: rotura de cristales, desaparición del propio vehículo, etc. (excluyendo los accesorios del vehículo). Puede ocurrir que el aparcamiento disponga de taquillas o consigna, en cuyo caso, se responsabiliza de los objetos que se hayan dejado en ellas, pero no de los que haya en el interior del vehículo.

Vistas estas obligaciones, dice el artículo 5 de dicha Ley que el titular del aparcamiento responderá por “los daños y perjuicios” que ocasione su incumplimiento, tanto frente al usuario como frente al propietario del vehículo.

El problema puede surgir a la hora de probar que el daño reclamado se ocasiona en el interior del aparcamiento, por lo que debemos saber que la empresa tiene la carga de probar que el vehículo tenía un desperfecto antes de ser estacionado, teniendo en cuenta que normalmente los aparcamientos  disponen de un sistema de seguridad (cámaras de vigilancia) donde puede analizarse la entrada y salida del vehículo, será posible solicitar la mencionada grabación a fin de demostrar que el daño ocasionado en nuestro vehículo se produce durante el estacionamiento, todo ello, previa reclamación formulada en el momento en que se pretende la retirada del vehículo.

En caso de negativa a proporcionar la grabación, está claro que sería una prueba diabólica acreditar que el daño se causó mientras se encontraba estacionado, y siendo que las obligaciones principales del usuario son las de pagar el canon para poder retirar el vehículo, y las obligaciones de la empresa son las de tener libre una plaza para la ocupación y la de restitución del mismo previo cumplimiento obligado del deber de vigilancia y custodia, parece claro, que a pesar de la dificultad probatoria es viable la reclamación por responsabilidad civil en este tipo de situaciones.

Otro extremo poco conocido de la ley que regula los aparcamientos públicos es que el empresario puede retirar un vehículo cuando en el plazo de seis meses su propietario no haya respondido de él. En este caso, la empresa está obligada también a demostrar su estado de abandono.

Es importante, en caso de daños, robos o cualquier incidencia interponer la queja o reclamación en el momento en que se pretende la retirada del vehículo y en ese caso guardar una copia del ticket que justifique el estacionamiento, sin embargo podemos encontrarnos que aquella han resultado infructuosa, o bien que posteriormente tendremos que seguir realizando actuaciones para que la reclamación llegue a buen puerto por ello recomendamos que en estos casos acuda a un profesional.

Para resolver cualquier duda al respecto, puede consultar al Departamento de Seguros de HispaColex, y su equipo especializado de abogados en Granada, Jaén y Málaga resolverá sus dudas al respecto.




Nuevo Plan Director, ¿cómo afecta a mi empresa?

Es posible que la Inspección de Trabajo pueda visitar tu empresa dado que, durante lo que queda del año 2018 y hasta el 2020, con la aprobación del nuevo Plan Director, se pretende aumentar la vigilancia para luchar contra el fraude y la precariedad laboral. Esta campaña comienza con un plan de choque inmediato, enviando cartas a las empresas e informando de las posibles situaciones irregulares que se están cometiendo especialmente en lo relativo a:

-Fraude en la contratación temporal.

-Utilización irregular de la contratación a tiempo parcial.

-Excesos de jornadas y horas extraordinarias no abonadas.

-Regularización de los falsos becarios así como los posibles falsos autónomos.

Centrando el tema sobre la vigilancia que la inspección de trabajo está realizando en torno al control horario de los trabajadores con jornada a tiempo parcial, podemos indicar que en estos últimos meses se vienen sucediendo, de manera intermitente, gran cantidad de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo. Se están incrementando las sanciones para luchar contra la temporalidad fraudulenta y realizando un control muy estricto sobre las empresas.

Dentro de estas actuaciones, se están revisando las condiciones de los contratos a tiempo parcial y verificando que los trabajadores están rellenando diariamente un documento donde deben aparecer la hora de comienzo y finalización de su jornada diaria.

En caso de no tener cumplimentado el justificante donde aparece la jornada que ha realizado el trabajador, la empresa se expone a que, tras una visita de la Inspección, ésta entienda que se trata de un contrato a tiempo completo, dando lugar a tener que ingresar la diferencia de cotizaciones como si de un contrato a jornada completa se tratara y aplicando el recargo correspondiente del 20 %.

En relación al modelo que se puede utilizar para llevar diariamente el control horario, no hay un documento oficial, siendo posible utilizar cualquier tipo de plantilla donde aparezcan los datos del trabajador (nombre, apellidos, contrato, centro de trabajo, etc.) junto a su hora de entrada y salida teniendo que firmar dicho documento en cada uno de los días trabajados durante el mes. Otra forma de registro horario que se pude utilizar, son los medios electrónicos o informáticos, tales como un sistema de fichajes por medio de tarjeta magnética, huella dactilar o mediante ordenador.

A pesar de existir la obligación por parte de la empresa de tener en un lugar visible un calendario laboral o cuadrante horario, este hecho no la exime de realizar un control horario de los trabajadores contratados a tiempo parcial, ya que en el caso de recibir la visita de un inspector, va a solicitar el documento de registro horario individual del trabajador firmado. Si bien este documento tiene que estar en el mismo centro de trabajo y así se aseguran de que no sean manipulados ni alterados.

El empresario tiene la obligación de conservar dicha documentación durante un periodo mínimo de 4 años.




Las principales ayudas para autónomos

En respuesta a la inquietud generada en las últimas semanas por las reformas y su afectación a los autónomos, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha actualizado la normativa en materia de autoempleo, Artículo 38 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado Autónomo, modificada por la Ley 6/2017, de 24 de octubre.

Con estos nuevos cambios los  autónomos que se den de alta inicial o que no hubieran estado de alta en los 2 años inmediatos en el RETA  cuentan con nuevas reducciones en relación a su base que se traducirán en una reducción de 50 euros mensuales por la cuota de contingencias comunes para las bases mínimas y una reducción mensual equivalente al 80% de la cuota para las superiores, incluyendo para ambos la incapacidad temporal durante los 12 meses siguientes al alta y tras el periodo inicial podrá ampliarse  hasta un máximo de 24 meses, con una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses iniciales y un 30% para los 3 meses siguientes de la última cuota y un 30% para los 3 meses siguientes de la base producida en los 3 meses anteriores.

Además, para los jóvenes  menores de 30 o mujeres menores de 35 años además de las bonificaciones de carácter general se le aplicara un 30% de la cuota tras la finalización de las bonificaciones generales, y los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior a 33%, víctimas de género o terrorismo cuentan  un 50% sobre la cuota durante 48 meses hasta un máximo de 5 años.

En relación con la baja de maternidad, paternidad, adopción, riesgo y la conciliación familiar puedes contar con una bonificación del 100% de la base media de los 12 meses anteriores a la baja , tras maternidad  si el trabajador se reincorpora al trabajo pagarán una cuota fija de 50 euros al mes durante 12 meses.

Por último los Trabajadores de Ceuta y Melilla, serán bonificados con el 50%  en las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes, como en recaudación conjunta de desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial.

Para solicitar estas ayudas como en su mayoría son para primeras altas,  la solicitud se tramita conjuntamente con el proceso de alta como autónomo en la Seguridad Social, también puedes contar con el departamento laboral de HISPACOLEX  que te ofrecemos tramitar tu alta y tus bonificaciones de la forma más fácil y cómoda para ti .




El juez atribuye ocho delitos al acusado de matar a un guardia civil en Huétor Vega

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha acordado iniciar el procedimiento para que sea un jurado popular el que juzgue al acusado de asesinar el pasado 15 de octubre de un tiro al guardia civil José Manuel Arcos Sánchez en Huétor Vega (Granada), al que atribuye un total de ocho delitos por acabar con la vida de este agente y por disparar también contra la compañera que le acompañaba.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha fijado una fianza de 150.000 euros para el investigado para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer en este proceso e incoa el procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. Además, en el documento se indica que el investigado hacía frente a un delito de homicidio consumado, un delito de homicidio voluntario en grado de tentativa, dos delitos de atentado a agentes de la autoridad, dos delitos de robo o hurto de uso de vehículo de motor y otros dos delitos de tenencia ilícita de armas.

El Juzgado acordó en su momento el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto homicida, que cuenta con un amplio historial delictivo. En la causa se ha personado como acusación particular la familia del agente fallecido, que estará representada por el reputado letrado Javier López García de la Serrana, director del bufete jurídico HispaColex.

Considera el magistrado que de momento existen indicios fundados de ocho delitos, sin perjuicio de la posterior calificación que hagan las partes. Uno de homicidio consumado, otro de homicidio en grado de tentativa, dos delitos de atentado a agentes de la autoridad, dos de robo o hurto de uso de vehículo de motor y otros dos delitos de tenencia ilícita de armas.

El juez hace un relato de los hechos en el auto, donde explica que el agente fallecido y su compañera, pertenecientes al Puesto de La Zubia, estaban aquel 15 de octubre prestando servicio de Seguridad Ciudadana de 22,00 a 6,00 horas, a bordo del vehículo oficial, uniformados y con sus armas reglamentarias.

Sobre las 4,00 horas se encontraban circulando desde la salida de la autovía Ronda Sur hacia la gasolinera BP, ubicada en la rotonda de acceso a la localidad de Huétor Vega, cuando observaron desde su vehículo una maniobra sospechosa en un coche que presuntamente había sido sustraído por el investigado, por lo que comenzaron a seguirlo.

En el tramo de carretera hasta llegar a la travesía de la localidad activaron los indicativos luminosos, “pero el vehículo en vez de parar aceleró su marcha entrando a alta velocidad en la población”.

Viendo que no se detenía, activaron las señales acústicas y a través del micrófono externo se le conminó a hacerlo, aunque continuó conduciendo callejeando hasta que colisionó con otro vehículo que estaba estacionado.

El investigado “cogió una mochila y salió huyendo a pie”, por lo que los agentes comenzaron a perseguirlo gritando varias veces “alto Guardia Civil, párate, párate”.

Viendo que no se detenía, el fallecido efectuó dos disparos intimidatorios al aire mientras el individuo entraba en la calle Tempranillo. En ese lugar el agente sacó su defensa extensible y dio indicaciones al presunto homicida para que se tirara al suelo, mientras su compañera “como podía le sujetaba”.

El guardia civil le llegó a dar un golpe en la pierna, pero no cayó al suelo y logró huir, según se expone en el auto, que avanza el diario ‘Ideal’. Comenzaron de nuevo la persecución pero “a la agente se le cayó el portófono al suelo, lo que hizo que perdiera distancia respecto a su compañero”, por lo que empezó a guiarse por las voces de ambos, cruzando zonas ajardinadas.

Fue en ese entorno donde el investigado presuntamente cogió el arma reglamentaria del agente que le había dado alcance y tras un forcejeo entre ambos le disparó en la zona del abdomen, lo que posteriormente le causó la muerte. Relata el juez que su compañera observó “cómo caía al suelo y cómo el investigado comenzó a correr”.

“La agente tiró la linterna al suelo, desenfundó, montó su arma y salió hacia el individuo que le llevaba unos 20 metros de distancia y efectuó un disparo intimidatorio al aire a la vez que gritaba ‘alto'”. En ese momento, el presunto homicida se dirigió hacia ella y supuestamente la disparó sin llegar a alcanzarla.

Posteriormente huyó con el arma reglamentaria del agente fallecido y se dirigió a un cortijo donde se escondió, se cambió parcialmente al menos la ropa y se apoderó de otro vehículo. Finalmente fue detenido sobre las 10,00 horas en un control policial. En el interior de la mochila que lanzó durante la persecución llevaba un subfusil.

El Ayuntamiento de Huétor Vega dedicará un monolito y una plaza a la memoria del agente y sus compañeros, a través de la Asociación Guardias Civiles Solidarios, han pedido al Ministerio del Interior que se acceda a concederle a título póstumo una mayor condecoración, la Cruz de Oro con distintivo rojo, de lo que el Gobierno acaba de dar traslado a la Dirección General de la Guardia Civil.




¿Qué gastos de guardería son deducibles del IRPF?

Con efectos desde 1 de enero de 2018, se incrementa en 1.000 euros adicionales la deducción por maternidad del IRPF cuando el contribuyente que tenga derecho a la deducción de maternidad satisfaga gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados por hijo menor de tres años.

Recordemos que la deducción por maternidad es una deducción fiscal de 1.200 euros anuales para madres trabajadoras con niños menores de tres años.

Se consideran gastos de custodia las cantidades que cumplan los siguientes requisitos:

  • Sean satisfechas a guarderías y centros de educación infantil autorizados.

  • Se abonen por la inscripción y matricula, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos.

  • No tengan la consideración de rendimientos del trabajo exentos (el caso de que la empresa preste servicios de educación a los hijos de sus empleados con carácter gratuito).

El incremento de la deducción por maternidad por gastos de guardería se calculará proporcionalmente al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos exigidos para la deducción por maternidad con la siguiente excepción respecto a la exigencia de que sea menor de tres años:

En el ejercicio en el que el hijo cumpla tres años, será aplicable este incremento respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquél en que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

El incremento de la deducción tendrá como límite para cada hijo:

  • Las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción, al igual que la deducción de maternidad.

  • El importe total del gasto efectivo satisfecho en cada período impositivo a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo.

No se podrá solicitar el abono anticipado de este incremento de la deducción por maternidad, por lo que la única manera de conseguir esta ventaja fiscal es la deducción en la declaración de la renta.




¿Qué es el fraccionamiento de la prima del seguro?

La mayoría de las aseguradoras nos ofrecen la posibilidad de fraccionar el pago del seguro, de esta forma, en vez de pagar la prima de la póliza de una sola vez, los asegurados pueden abonarlo de forma mensual, trimestral o semestral.

El fraccionamiento de pago en los seguros es una ventaja que ayuda a poder suscribir pólizas más interesantes, esto es, con mayores coberturas, ahora bien, el fraccionamiento por lo general supone un aumento en el precio del seguro. A veces, las aseguradoras, en lugar de aumentar la prima cuando se fracciona ofrecen como ventaja reducirla a quien opta por pagarla de una sola vez. Es por ello que es importante analizar detenidamente de cuánto es el aumento para determinar si merece la pena fraccionar el pago en lugar de hacerlo en una sola vez.

Es importante distinguir el pago fraccionado con la prima única. En los seguros de prima única el pago se hace por anticipado y de una sola vez para toda la duración del seguro, sin embargo en los seguros de prima fraccionada, la prima  se paga periódicamente en los plazos establecidos en el contrato, durante la duración del  mismo.

Es importante tener claro que la prima del seguro, salvo algunas excepciones, es una anualidad y pagarla en varias cuotas es una posibilidad de pago que ofrecen las aseguradoras, pero asumir el coste del seguro en varias mensualidades no significa fraccionar el contrato. Por ello, al realizar el contrato, el asegurado está obligado a realizar todos los pagos pactados con la compañía. Con independencia de que durante el tiempo de cobertura desaparezca el objeto del riesgo (por ejemplo en el seguro del vehículo, esté quede siniestro total o se venda) la obligación de abonar las cuotas pendientes no desaparecen, aunque si queda prevista esta situación por la Ley de Contrato de Seguros. En definitiva, el hecho de fraccionar el pago de la prima del seguro no significa que la cobertura se esté contratando por tiempos diferentes, la póliza del seguro es anual a pesar de que el pago de la prima lo hagamos por meses.

Es importante que antes de contratar un seguro comparar las distintas opciones de pago que ofrecen las aseguradoras y sobre todo las coberturas, y en cualquier caso siempre es recomendable acudir a un profesional tanto para la contratación de las pólizas, como para los problemas que surjan después.




Las consecuencias de no estar inscritos en el Registro de Licitadores

En la actualidad, y desde el 9 de septiembre de 2018, es obligatoria la previa inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o el correspondiente Registro de Licitadores de las Comunidades Autónomas que hayan asumido dicha competencia, para aquellos empresarios que quieran participar en licitaciones públicas a través del denominado procedimiento abierto simplificado.

Es una previsión legal impuesta por la nueva Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, la cual en su art. 159.4 a), establece esta especialidad: “Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.”(Disp. Final 16ª Ley 9/2017).

El procedimiento abierto simplificado (art. 159 Ley 9/2017), es una modalidad común para los contratos de obras, suministros o servicios, caracterizada por los siguientes elementos:

(i). Su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 €., en el caso de contratos de obras, y 100.000 € para los contratos de suministro y de servicios.

(ii). Los criterios de adjudicación no son evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en los contrato de carácter intelectual, ingeniería y arquitectura, que no podrá superar el 45%.

(iii). El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación. Y las proposiciones se harán por medios electrónicos.

(iv). El plazo para las proposiciones será en general de 15 días y 20 días para los contratos de obras.

La virtualidad de dicha inscripción viene dada -siempre hablamos en el ámbito de la capacidad y solvencia del empresario -su aptitud para contratar con el sector público- por el deber de éstos de acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación, y/o por la clasificación de los empresarios como contratistas de obras o servicios de los poderes adjudicadores cuando sea exigible legalmente como instrumento sustitutivo de dicha solvencia; en este último supuesto los acuerdos de clasificación se inscribirán de oficio en el ROLECE (art. 81 Ley 9/2017).

La solicitud de inscripción en el Registro de Licitadores se lleva a cabo por medios electrónicos a través de la plataforma/portal web de contratación del Sector Público del Estado y/o Comunidad Autónoma: https://contrataciondelestado.es.

En definitiva es conveniente solicitar cuanto antes la inscripción, pues el plazo para practicarla es de 3 meses desde la solicitud, teniendo el silencio administrativo sentido negativo, y la consecuencia principal de no hacerlo, es que el licitador no pueda participar en el mencionado procedimiento abierto simplificado, que en la práctica se va a convertir en el procedimiento de licitación tipo.




El nuevo reglamento de PPDD en el ámbito laboral

Desde que el pasado 25 de mayo de 2018 entrara en vigor la nueva normativa sobre Protección de Datos, mucho se ha tratado de diversos aspectos de la norma en la empresa, pero ha pasado un poco desapercibido una gran aspecto a tener en cuenta, y es su afectación en el ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales.

Las novedades más significativas en esta materia son:

1. El trabajador deberá prestar consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, y previa información de las finalidades por las que se tratan sus datos. Este aspecto deberá quedar reflejado en los contratos de trabajo.

Así se presumirán lícitos el tratamiento de datos necesario para la localización profesional del trabajador y la finalidad de su tratamiento debe ser únicamente para mantener relaciones de cualquier índole con la empresa.

2. Sucesión de empresa: dado que tato el Estatuto de los Trabajadores, como muchos convenios colectivos e incluso pliegos administrativos, prevé la obligación del traspaso de datos de empleados que se vayan a subrogar en un servicio, éstos se presumirán lícitos siempre y cuando sean necesarios y garanticen la subrogación. Si la operación no resultara, esos datos deberán eliminarse.

3. Videovigilancia: este es uno de los aspectos principales de la norma en materia de relaciones laborales. Para ello se debe tener presente:

• Colocación de cartel informativo de forma visible identificando la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos correspondientes
• Finalidad de preservar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones.
• Mantener los datos como máximo un mes, excepto cuando puedan ser prueba de incumplimientos.
• De acuerdo a lo regulado en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, se podrán usar las imágenes para el control del cumplimiento de sus obligaciones por parte de los trabajadores, previa información a los trabajadores.

4. En relación con la implantación de Compliance Penal en las empresas, éste prevé un sistema de sistemas de denuncias internas. Este canal deberá garantizar la confidencialidad de trabajadores y terceros y los datos podrán almacenarse con un máximo de tres meses. Si estos datos pueden dar lugar a emprender acciones de algún tipo, el compliance oficcer podrá trasladar estos datos a RRHH si fuera materia de sanción laboral o a otra autoridad si los hechos revistieran indicio de ilícito penal.

5. Acceso por parte de herederos o albaceas a los datos de empleados fallecidos (ya sea fallecimiento con la relación laboral viva o bien durante el periodo de conservación de datos).

Lo cierto es que la aplicación de la nueva normativa no tiene un gran impacto en la relaciones laborales o de RRHH, pero sí será fundamental, que la empresa en su conjunto cumpla con la adaptación, ya que las implicaciones económicas de su incumplimiento son de enorme impacto y gravedad ya que se incrementa el importe de las sanciones en los supuestos más graves hasta los 20 millones de euros o, tratándose de una empresa, hasta un 4% de su facturación, escogiéndose el importe que resulte mayor.




Otras vías de inversión empresarial

Podemos afirmar que las cuatro vías de inversión por excelencia son: los productos bancarios, la bolsa, el sector inmobiliario y las empresas no cotizadas. Los productos financieros dan muy poca rentabilidad, la bolsa es muy volátil e imprevisible, por lo que parece recomendable invertir en empresa si no tienes prisa en recuperar tu dinero.

¿Qué se debe evaluar antes de invertir en empresa? Vamos a enumerar algunas de las cuestiones que se deben de plantear antes de desprenderte de tu tesorería:

¿Cuál es la estrategia de la empresa?

Nueve de cada diez ”start ups” no pasan de los tres años. Normalmente las empresas empiezan con un pico elevado de ventas, ya sea porque su producto es novedoso, ya sea porque cuenta con un buen colchón financiero. Sin embargo, a partir de los tres años, comienzan a madurar, y quizá no han planificado una buena estrategia que les sirva a medio/largo plazo, o que hayan surgido nuevas empresas que son competencia directa, o que confiasen en exceso en su propio proyecto.

¿Por qué el dueño necesita dinero? Quien gestiona la empresa? Es importante evaluar bien el perfil de quien se encargará directamente del manejo de la empresa.
¿Voy a contar con garantías de recuperación si el negocio es lucrativo? Como inversor minoritario, tendrás poca participación en las decisiones de la empresa, por lo que se debe garantizar este aspecto antes de embarcarte en el negocio.

Para contestar a estas cuestiones recomendamos que se recurra a profesionales los cuales evaluamos a las empresas emergentes más interesantes, tras un análisis de su proyecto, bien de creación o expansión, ofertándolo a particulares o creando clubes de inversión.

Para finalizar, desde el punto de vista fiscal, las inversiones realizadas por los llamados “Bussines Angels” disfrutarán de una mayor deducción en el IRPF.
Con efectos desde el 1 de enero de 2018, la deducción pasa de ser del 30% de la inversión realizada, en lugar del 20%, además la inversión máxima con derecho a deducción también aumenta del 50.000€ a 60.000€ por inversor y año.

Para recordar, la deducción es aplicable a las aportaciones a una SA o SL en el momento de su constitución o dentro de los tres años siguientes a ésta. Además debe cumplirse los siguientes requisitos:

Los fondos propios de la entidad no deben superar los 400.000€.

El inversor y sus familiares hasta el 2º grado, nunca deben alcanzar una participación superior al 40%.

Se debe vender las participaciones una vez transcurridos tres años desde la inversión y antes de que transcurran doce.




El Supremo estima el recurso de HispaColex por la custodia de un menor a favor de su tía paterna

El Tribunal Supremo falla en un caso de guardia y custodia a favor de una hermana del padre del menor. El interés de este pronunciamiento radica en que se atribuye la guardia y custodia de un menor a un familiar distinto del único progenitor vivo que tiene la patria potestad del hijo.

Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia atribuyó la custodia a la tía paterna del menor que de hecho y de manera continuada la venía ejerciendo desde el fallecimiento de su cuñada. La Audiencia Provincial de Granada, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y dictó otra por la que determinó que la guarda y custodia la debía ostentar el único progenitor vivo al haber fallecido la madre, independientemente de que desde el año de edad del menor éste viviera con su tía paterna.

Finalmente, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por los letrados del bufete HispaColex, Javier López y García de la Serrana e Irma Talavera Sánchez, en nombre de la tía paterna a la que, con base en el mayor interés del menor,  atribuye definitivamente la guarda y custodia del menor, respetando la patria potestad del padre del pequeño.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo establece que “Esta medida, no está contemplada entre las que pueden adoptarse en el artículo 92 del CC con carácter definitivo en los procesos matrimoniales. Sin embargo, ningún problema plantea el que, con relación a la patria potestad, y en la interpretación del artículo 92, a la que se refiere este artículo, se pueda instaurar este régimen intermedio y extraordinario que permita atender a la protección de este interés; sin perjuicio de que la medida que se acuerda pueda ser revisada cuando se acredite el cambio de la situación de hecho y las nuevas circunstancias que permitan otra distinta que conjugue todos los intereses en juego».

Acceso al contenido completo de la Sentencia.




El futuro de las empresas pasa por el Compliance

En la actualidad según el Instituto Nacional de Estadística, tenemos en nuestro país alrededor de 3.236.582 de empresas activas, sin embargo, de estas el número de ellas que tienen un Plan de Prevención Penal (Compliance) no llega ni al 5 % del total.

Este es un dato alarmante en nuestra cultura empresarial, la exigencia de Compliance está llegando muy rápido a nuestro terreno y nuestros empresarios siguen arcaicos al respecto.

El principal objetivo del Compliance es poder eximir a la mercantil de la posible comisión de un delito, pero tras varios años de análisis en las sociedades internacionales donde se han venido desarrollando estos programas de cumplimiento, se ha podido detectar que prevenirlas de la responsabilidad penal no lo es todo, sino que estas han sido capaces de conocer de manera inmediata toda aquella circunstancia que se extralimitaba de nuestra línea de riesgo entrando en la zona de “peligro-delito” y actuar rápidamente. Además de ser un valor añadido en cuanto a competitividad, optimización de recursos y exigibilidad para contratar con la administración en determinadas circunstancias.

Actualmente, los profesionales de cumplimiento estamos recibiendo “señales de humo” en la responsabilidad de las personas jurídicas, como requerimientos de nuestros juzgados de instrucción a las mercantiles investigadas solicitando sus Compliance, con el objetivo de poder analizar si han sido correctamente desarrollados y poder archivar en cuanto a las responsabilidad penal de la persona jurídica.

Al igual nos alerta la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su reciente sentencia de fecha 28 de junio de 2018, la cual condenaba a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de la empresa Carbuastur por apoderase, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizar transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino, además de otras irregularidades en la gestión, ocasionando un perjuicio de 2 millones de euros a esta empresa, que se dedicaba a la importación de carbón de Ucrania.

La Sala destaca la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para prevenir la comisión de delitos de apropiación indebida y de administración desleal en el seno de las empresas (ad intra), y que sirvan para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas. El tribunal incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos como el condenado.

Su ponente, el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.

Esta sentencia viene a sumar un número importante de pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo, siendo ello alarmante para aquellas empresas que no dispongan de Programas de Cumplimiento en su organización debiéndose de actualizar e implementar dichos programas cuanto antes.




¿Cubre el seguro de hogar los daños causados por terremotos?

La provincia de Granada ha iniciado el mes de septiembre entre temblores. Desde el día 3 se han repartido por la provincia 18 terremotos que han podido sentirse en la capital y en el área metropolitana. Llamado enjambre sísmico, esta serie de pequeñas sacudidas -atendiendo a su magnitud- ha recordado a esta ciudad que la sismicidad es parte de su ADN.

A la cuestión planteada en el título de este post, debemos manifestar que si bien el Seguro de Hogar no cubre directamente los daños causados por terremotos, lo cierto es que tácitamente al suscribir dicha póliza de seguro accedes a esta cobertura a través del Consorcio de Compensación de Seguros.

¿Qué cubre?

– Daños en las personas.

– Daños en los bienes.

– Pérdida de beneficios.

De esta forma, el Consorcio de Compensación de Seguros actúa como el seguro de los seguros en situaciones excepcionales ocasionadas por fenómenos de la naturaleza: terremotos y seísmos submarinos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica, tornados, caída de meteoritos, etc).

Requisitos para obtener una indemnización en caso de terremoto:

– Que la póliza del seguro de hogar esté vigente en el momento de producirse los daños.

– Que el asegurado se encuentre al corriente del pago de la prima de la póliza.

Pues de lo contrario, no podremos reclamar nada salvo que se establezcan algún tipo de ayudas municipales o regionales para los afectados.

¿Qué límite de cobertura ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros?

El Consorcio de Compensación de Seguros calcula la indemnización de los daños causados sobre la base de la misma póliza contratada con la compañía de seguros, de manera que tiene en cuenta los bienes, el capital asegurado y resto de condiciones establecidas en la póliza de hogar (primer riesgo, límites de indemnización, etc.)

Trámites para reclamar:

– Dirigirse por escrito a la Delegación del Consorcio en su comunidad o provincia, aunque también se puede contactar telefónicamente o a través de la página web. La reclamación ha de presentarse en la Hoja de Comunicación del Siniestro, junto con fotocopia del D.N.I. / N.I.F. del perceptor de la indemnización, datos bancarios del perceptor de la indemnización, con indicación del código cuenta cliente (20 dígitos), fotocopia de las condiciones particulares y generales de la póliza y de todos sus apéndices o suplementos y fotocopia del recibo de pago de prima. Una vez hecha la solicitud, un perito tasador asignado por el Consorcio se pondrá en contacto con el usuario para acordar una visita y examinar los daños.

– Asimismo, es muy importante documentar la existencia y la causa de los daños mediante informes periciales, así como realizar una valoración o tasación de los mismos. Si por alguna razón, es totalmente necesario reparar los daños ocasionados, es aconsejable solicitar un acta notarial de los daños, el cual dará fe de lo ocurrido, sin necesidad de esperar la visita del perito de la Compañía de Seguros o del Consorcio. Normalmente, este es el caso de tiendas, autónomos o empresas que por necesidad, precisan arreglar cuanto antes los daños ocasionados para volver a su actividad profesional cuanto antes. Si nos es posible guardar los restos de los bienes dañados, y en cualquier caso, sacar fotografías o vídeos antes de su retirada, en el supuesto de que sea necesaria iniciar las reparaciones antes de la peritación, le recomendamos consultar dicha posibilidad con el Consorcio y en cualquier caso conservar siempre los presupuestos y facturas.

Aunque las compañías aseguradoras se encargan de la tramitación de este siniestro consorciable, es importante conocer cómo reclamar cuando nos vemos afectados por un terremoto.

En todo caso, para resolver cualquier duda al respecto, puede consultar al Departamento de Seguros de HispaColex, y su equipo especializado de abogados en Granada, Jaén y Málaga resolverá sus dudas al respecto.




Los comercios de Granada cuentan desde julio con un nuevo Convenio Colectivo

Con fecha 4 de julio del 2018, se ha publicado en el Boletín Oficial de Provincia de Granada, el Convenio Colectivo de Comercio, para Granada y Provincia, vigente para los años 2015 a 2022, cuyas condiciones económicas han entrado en vigor a partir del 1 de julio de 2018.

Con este nuevo Convenio se han introducido importantes reformas normativas que procedemos a destacar:

  1. No existen atrasos salariales por la aplicación de este nuevo convenio. Los nuevos salarios tendrán vigor desde el 1 de julio.
  2. Se faculta a las empresas para poder llegar a acuerdos con los trabajadores para prestar servicios los domingos y festivos autorizados de apertura comercial por la Junta de Andalucía.
  3. Desaparece la tabla salarial de Comercio Metal unificándose las dos antiguas tablas, con lo que las nuevas contrataciones conllevarán un ahorro salarial.
  4. Se establece un nuevo sistema de clasificación profesional con tres áreas funcionales: administración, comercial y logística.
  5. Dentro de cada área se establecen 5 grupos profesionales, en los que existirá polivalencia, con un salario único.
  6. Se fijan tablas salariales hasta el año 2022.
  7. Se crea un plus ad personan para aquellos trabajadores que tenían un mayor salario respecto a las nuevas tablas.
  8. Se establece un plus de 20 euros (distribuidos en 12 mensualidades, a favor de los trabajadores de empresas que no desarrollen políticas de desarrollo social. Este plus no lo pagarán las empresas adheridas a la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Comercio de Granada, al desarrollar ésta dichas actuaciones para sus asociados.
  9. Será necesario aportar a la Comisión Mixta del Convenio certificación expedida por la Federación, para la no exoneración del pago de este plus.
  10. Se regula el procedimiento de inaplicación del convenio en diferentes materias: salario, jornadas, horarios….
  11. Se establece un régimen disciplinario.

Para ampliar esta información, HispaColex pone a su disposición al Departamento de Gestión Laboral, al frente de cuyo equipo se encuentra la Socio del Bufete, Nani García Fernández, y desde el cual podrán aclararles cualquier duda que les surja al respecto.




Cómo nos afecta el nuevo reglamento general de Protección de Datos de la Unión Europea

El Reglamento Europeo 679/2016 de Protección de Datos de la Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo, aplicable desde el pasado 25 de mayo introduce importantes novedades que deben ser tenidas en cuenta y que afectaran a todos los tratamientos de datos personales.

Cierto es que la nueva normativa, tiene en su seno la protección de los datos de los particulares, pero contempla e implementa todos los cambios que la sociedad y las tecnologías han ido gestando en los últimos veinte años. Las comunicaciones, internet, los teléfonos móviles, la computación en nube, el internet de las cosas, la ciudanía digital, el derecho al olvido y tantos otros cambios que han llevado al Parlamento Europeo a impulsar definitivamente esta normativa única de obligado cumplimiento en  todos los países de la Unión Europea, y que viene a dar respuestas a problemas actuales que sin duda se proyectan en horizontes de futuro.

La nueva normativa tiene una importante vocación europea para tratar de homogeneizar la legislación sobre la materia en todos los países miembros, esto significa que los particulares tendrán un mismo nivel de protección en todos los países de la UE y que las empresas no se verán desfavorecidas por la aplicación más rigurosa o más laxa de un país a otro.

Los principales puntos a resaltar de la nueva normativa, que ya es de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo, son los siguientes:

  1. Se contempla por primera vez el “derecho al olvido”, mediante la rectificación o supresión de datos personales, para preservar la intimidad del individuo.
  2. Se convierte en imperativa la necesidad de un “consentimiento claro y afirmativo” de la persona para el tratamiento de sus datos personales.
  3. Se regula la “portabilidad”, o el derecho a trasladar los datos a otro proveedor de servicios.
  4. Se recoge por primera vez el derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados, lo que obligara a comunicar a los afectados y a la Administración las fugas de seguridad sufridas. Esto dará pie a la responsabilidad civil del Responsable del Tratamiento de los Datos.
  5. Se introduce en las empresas la figura del Delegado de Protección de Datos, que deberá conocer profundamente las normas de protección de datos europeas, así como su práctica. Esta figura será obligatoria en entidades de más de 250 trabajadores, las que traten datos sensibles, los grupos de empresas y la Administración.
  6. En el campo sancionador, aumentan las sanciones contra las empresas que incumplan la normativa con un importe de hasta 20 millones de euros o la imposición de multas de hasta el 4% de la facturación global de las empresas en caso de infracción.
  7. Se propicia la autogestión interna de las medidas de seguridad y se suprime la obligación formal de declaración de ficheros por un registro interno de actividades.

En HispaColex somos conscientes de que la prevención es la mejor solución a los conflictos y por ello, desde nuestro Departamento de Protección de Datos, ponemos a tu disposición a nuestro equipo de abogados especialistas para que siempre estéis protegidos.




Promueven unas cien demandas por el cártel del camión en juzgados de lo Mercantil de todo el país

Un grupo de despachos de abogados ha promovido en los últimos días unas cien demandas en los juzgados de lo Mercantil de todo el país contra los fabricantes europeos de camiones que fueron sancionados por la Unión Europea por pactar un sobreprecio a sus vehículos.

Son las primeras de las alrededor de 20.000 que se prevé presenten, en representación de los camioneros que podrían haber resultado afectados por la repercusión de las prácticas del conocido como cártel europeo de camiones en los precios que pagaron por sus vehículos, según ha explicado a Europa Press el abogado granadino Javier López y García de la Serrana, que ha coordinado unas acciones con las que “se pretende conocer la posición que adoptan” el centenar de juzgados de lo Mercantil españoles ante estas reclamaciones.

Es la primera acción coordinada en estos términos en el ámbito nacional, según ha indicado López y García de la Serrana, presidente de la firma que la ha promovido, Hispajuris, con una red territorial integrada por 36 despachos asociados en toda España.

Han sido presentadas ya demandas en Granada, Barcelona, La Coruña, Lugo, Orense o Pontevedra, entre otras provincias, sobre la base de que, el 19 de julio de 2016, la Comisión Europea hiciera público que varias sociedades fabricantes de camiones habían cometido, entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011, “una serie de conductas ilegales al constatarse la existencia de acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de los precios de los camiones”.

Por esta razón, la Comisión Europea sancionó a los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF, por “infringir” el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 53 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, que prohíbe cárteles y otras prácticas restrictivas de la libre competencia.

Según Javier López y García de la Serrana, “la presentación de estas demandas supone un primer paso, de ahí que hayan sido un centenar pues coincide con el número de juzgados de lo Mercantil que hay en España.

 “La firma Hispajuris representa los intereses de propietarios de más de 19.000 vehículos adquiridos durante el periodo en que el cártel de camiones tuvo lugar (1997-2011), de modo, que tras el esfuerzo invertido en la preparación de esta complicada demanda”, confía en “obtener un resultado positivo que permita resarcir de este daño a los miles de afectados de toda España”, ha agregado el letrado granadino.

Las demandas, que van traducidas al alemán, italiano, holandés, francés o sueco según el fabricante demandado, se acompañan de un informe pericial que viene a cuantificar el perjuicio económico sufrido por las distintas empresas en el periodo en el que el fabricante estaba participando en el cártel a través de varios métodos comparativos –comparación diacrónica, con otros mercados geográficos y con datos de otros mercados de productos– y de simulación –con métodos de simulación, basados en costes y financieros–.

El estudio ha sido realizado por un nutrido equipo de economistas, miembros del Departamento Forensic Accountants (pérdida de beneficios y riesgos financieros) del Grupo Addvalora, y por el profesor de Econometría de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés Bergé Gil.

En este sentido, hay que destacar la labor de estudio e investigación realizada por los despachos HispaColex y Aesyr & Abogados, ambos socios de Hispajuris en Granada/Málaga y Santander, que “son los artífices del estudio y confección de la demanda, en colaboración con el resto de despachos” de la firma.

200.000 AFECTADOS

La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF) ya mostró su intención hace algo más de un año de demandar a los cinco fabricantes de vehículos industriales que fueron sancionados por la Comisión Europea por pactar precios, un caso que puede afectar a 200.000 personas en España.

Así, más de 200.000 españoles titulares de camiones podrían tener derecho a indemnización por el sobreprecio pagado entre 1997 y 2011.
A mediados del pasado ejercicio, la Comisión Europea anunció una multa de 2.930 millones de euros contra MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, y DAF por “haber pactado los precios de venta de vehículos y de haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones”.




HispaColex, patrocinador del First Win Congress organizado por la Federación de Mujeres Empresarias

Este viernes ha quedado clausurado el First Win Congress, Congreso de ámbito nacional e internacional, que se ha celebrado en Granada durante los días 10 y 11 de mayo, organizado por la Federación de Mujeres Empresarias de Granada (FEG) y la Federación de Empresarias y Profesionales (BPW SPAIN), y que cierra con la satisfacción de los representantes de ambas organizaciones que han podido ver cumplido el objetivo del encuentro al lograrse con este foro una oportunidad para dar a conocer el talento entre las numerosas mujeres empresarias y profesionales que se han dado cita para descubrir nuevas oportunidades de negocio.

El congreso ha contado con nueve ponentes que durante los días 10 y 11 de mayo han sido las encargadas de compartir con los muchos asistentes sus conocimientos y experiencias. Un cartel de lujo que ha propiciado la puesta en común mediante talleres y conferencias de innovadores conocimientos en comunicación, networking, habilidades personales, negocios online, finanzas, transformación digital, liderazgo, coaching o la telepresencia como herramienta para la conciliación.

En su conferencia de apertura sobre “El papel de la mujer en la comunicación y la sociedad” a cargo de María Ángeles López de Celis, la psicóloga, escritora y funcionaria de carrera marcó una pauta reivindicativa al afirmar que “el trabajo no equipara, pero independiza” y que ” la libertad laboral no es sinónimo de igualdad de género”.

HispaColex se ha sumado con su apoyo a esta iniciativa, asesorando jurídicamente a sus organizadores y colaborando en la difusión del encuentro en la radio mediante una entrevista a Mª Angustias Contreras, Presidenta de la Federación de Empresarias Granadinas y Mercedes Moll, fundadora de la primera Asociación de mujeres empresarias de Granada y primera presidenta de la Federación de Empresarias Granadinas. Precisamente, en este Congreso Mª Angustias Contreras hizo entrega de un premio en señal de homenaje a Mercedes Moll de Miguel por su trayectoria.




El Colegio de Mediadores de Seguros de Granada firma un acuerdo de asesoramiento jurídico para sus colegiados con HispaColex

El Colegio de Mediadores de Seguros de Granada e HispaColex Bufete Jurídico han firmado un contrato de prestación de servicios legales por el que, desde el día 1 de mayo, tanto el Colegio, como los mediadores de seguros colegiados, podrán beneficiarse de un asesoramiento jurídico especializado y en condiciones preferenciales ofrecido por los profesionales del conocido despacho de abogados.

Al acto de la firma, que ha tenido lugar en la sede del propio Colegio, asistieron, por parte del Colegio de Mediadores de Seguros, su Presidente, Genaro Sánchez Capilla, acompañado por varios miembros de la junta de gobierno, entre ellos, el vicepresidente, Enrique Pérez Aguilera, el tesorero, José Luis Salmerón Bartolomé y la vocal de corredores, Laura Molero Pérez. Por parte de HispaColex, su director general, Javier López y García de la Serrana y los letrados y socios del bufete, Plácido Ladrón de Guevara Hernández y José Manuel Castellano Ubago.

Dentro de la importancia que supone la firma de cualquier acuerdo de asesoramiento, en este caso particular, tiene un significado muy especial para HispaColex ya que este bufete se encuentra muy vinculado al mundo del seguro como lo acredita la trayectoria de su director Javier Lopez y García de la Serrana reconocido a nivel nacional como uno de los más acreditados abogados especialistas en responsabilidad civil y seguro, Fundador y Secretario General de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro y Miembro de la Comisión de Seguimiento del “Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”, creada por los Ministerios de Economía y de Justicia en cumplimiento de la Ley 35/2015, en la que ocupa, desde marzo de 2017, la única vocalía en dicha Comisión nacional de “Abogado experto en responsabilidad civil y seguros”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Granada, Genaro Sánchez Capilla, ha sido miembro de las juntas de gobierno del Colegio durante el periodo 2004-2012. En 2012 accede a la Vicepresidencia del Colegio y en abril del 2015 se convierte en el Presidente más joven de la institución habiendo revalidado su cargo en diciembre de 2016. Director del “XI Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros”. En 2017, se convierte en el 2º presidente del Colegio de Granada en formar parte de la Comisión Permanente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España, siendo nombrado Vocal de Comunicación y Relaciones Intercolegiales y es elegido Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores de Seguros, convirtiéndose en ese mismo año, en el 1er Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Granada en ostentar un cargo corporativo e institucional a nivel internacional, al ser nombrado miembro del Comité de Información y Comunicación de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE).

Bajo su mandato, el colegio de Granada ha concluido el mejor ciclo de su historia en cuanto a gestión y acciones se refiere siendo en la actualidad uno de los colegios más activos, representativos, reivindicativos y visibles de España. Su rigor en la gestión, ha arrojado en 2016 el mejor balance económico de la institución en los últimos 15 años. La restructuración y dinamización de la institución colegial, la implantación tecnológica como vía de comunicación, la excelencia en el área de formación , la potenciación de los servicios, las relaciones institucionales, las acciones sociales, lúdicas y de responsabilidad social corporativa , la visibilidad e imagen de marca del Colegio han sido el eje fundamental de su programa de trabajo.

Gracias a este nuevo servicio, el Colegio de Mediadores de Seguros de Granada obtendrá no sólo asesoramiento jurídico especializado por parte de HispaColex en responsabilidad civil y derecho de seguros, sino también en el resto de áreas del derecho civil, mercantil, administrativo, fiscal, laboral, penal, así como apoyo y asesoramiento en la organización de jornadas formativas, participación en conferencias sobre novedades legislativas y jurisprudenciales que afecten al sector, etc… Igualmente, a los mediadores colegiados se les ofrece la posibilidad de asesoramiento especializado en cuantas dudas puedan surgirles en su día a día relacionadas con las materias jurídicas acordadas y que serán resueltas por un equipo de más de 60 profesionales del derecho y la economía, a su servicio los 365 días del año.




¿Qué responsabilidad civil tienen los dueños de mascotas?

Tener mascotas y ser responsables es algo que debe ir unido y hay que asumir una serie de obligaciones para poder cuidarlas perfectamente. Pero no es esta la responsabilidad a la que nos referiremos a continuación, pues además de ser responsables en el cuidado de los animales, sus propietarios son responsables civilmente de los daños que  éstos ocasionen a terceros.

La responsabilidad se atribuye al poseedor cuando el animal cause perjuicios cualesquiera que sean las circunstancias, incluso en supuestos en los que se escape o extravíe, con la únicas excepciones de la culpa del perjudicado o la fuerza mayor (art. 1905 del Código Civil).

Además de la figura jurídica del propietario, no debemos olvidar la del poseedor, esto es, a quien el propietario voluntariamente le ha confiado el animal, siempre que este poseedor sea de buena fe, responderá (responsabilidad extracontractual) de los daños directos por los descuidos del animal, al igual que el propietario, por  guarda y/o cuidado respecto de terceros.

En definitiva la responsabilidad civil del propietario/poseedor de un animal en los daños causados por estos, es de carácter objetivo y basada en el riesgo que conlleva su tenencia o utilización  en propio provecho de los animales.  No obstante es un tema complejo jurídicamente, por lo que al respecto y a pesar de que la responsabilidad le viene impuesta al propietario/poseedor por el mero hecho de serlo, en ciertas situaciones se tienen en cuenta una serie de criterios que permiten excluir o aminorar su responsabilidad.

Los seguros para mascotas nos proporcionan tranquilidad ante posibles problemas con terceros, y aunque la contratación de un seguro para todos los animales no es obligatoria, y solo lo es en el caso de los perros considerador potencialmente peligrosos (el Real Decreto 287/2002 por el que se desarrolla la Ley50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos), sin embargo si es recomendable.

Las compañías de seguros suelen tener productos específicos para animales. Además, suelen añadir coberturas opcionales como un seguro de accidentes para el perro o incluso  un seguro veterinario para la mascota.

Aunque los seguros de mascotas son un producto específico también es posible asegurarlas dentro del seguro Multirriesgo Hogar de la vivienda o del de la Responsabilidad Civil familiar, sin embargo no todas las aseguradoras ofrecen esta posibilidad, y las que lo hacen suelen procurar unas coberturas muy básicas. En algunos casos incluir a las mascotas en el seguro de Hogar es gratuito, aunque en otras aseguradoras se exige un pago añadido.

Entre los seguros para mascotas además de los que dan cobertura a los daños que los animales puedan ocasionar a terceros (Responsabilidad Civil), existen otros que dan protección también a todo lo que le pueda suceder a él mismo:

  • Seguro de Responsabilidad Civil: para hacer frente a los daños ocasionados a terceros.
  • Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes: para cubrir la Responsabilidad Civil y los gastos derivados de la asistencia que necesite la mascota tras un accidente.
  • Seguro de Responsabilidad Civil, Accidentes y Veterinario: para tener cubiertos los gastos de Responsabilidad Civil, pero también los derivados de Accidentes y en el caso de que sufra una enfermedad.
  • Servicios de Asistencia a mascotas: para recibir información y gestión de servicios para tu mascota

Concretamente, el seguro de Responsabilidad Civil es el que da cobertura a la  responsabilidad que adquieres como propietario frente a los daños que pueda ocasionar tu mascota a terceros. Como decíamos esta cobertura es obligatoria para los perros peligrosos, pero en algunas Comunidades Autónomas, como Madrid o País Vasco, debes contratarla independientemente de la raza de tu canino.

Al tener esta cobertura contratada estarás protegido frente a circunstancias imprevistas como mordeduras o roturas de objetos valiosos. En caso de siniestro, muchas aseguradoras además de hacerse cargo de la indemnización te ofrecerán asistencia jurídica así como asesoramiento para trámites con la administración pública u organismos privados dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil, aunque hay otras que ofrecen estas coberturas por separado.

Tener un perro es una gran responsabilidad para con la mascota y sobre todo con la sociedad. No podemos evitar nuestras obligaciones, y una manera de estar protegidos ante los inconvenientes que podamos encontrar, es contratar un seguro de responsabilidad civil para perros. No solo es recomendable seguir estas indicaciones sino que es importante acudir a un profesional para la contratación de las pólizas, como para los problemas que puedan surgir con las compañías en caso de siniestro.

No solo es recomendable seguir estas indicaciones sino que es importante acudir a un profesional para la contratación de las pólizas, como para los problemas que puedan surgir con la responsabilidad civil derivada de los daños que puedan causar nuestras mascotas.




La contratación de personas con discapacidad: un acto de responsabilidad con beneficios para la empresa

Algunas empresas, en un primer momento, ven inconvenientes para poder integrar una persona con discapacidad, sin embargo, la realidad es que son muchas las ventajas de su contratación, bien se realicen de forma temporal, bien de forma indefinida:

  • Bonificaciones desde 4.500 euros hasta 6.300 euros anuales.
  • Subvenciones por la contratación de 3907 euros.
  • Ayudas a la adaptación de sus puestos de hasta 901.52 euros.
  • Deducción en el Impuesto de Sociedades de 6.000 euros por persona/año.

Además de las ventajas económicas es un acto de Responsabilidad Social Corporativa donde la empresa enriquece su imagen siendo una inversión rentable pues la experiencia de las empresas es positiva: mejora el trabajo en equipo y los empleados con discapacidad son más comprometidos en su trabajo.

Si aun conociendo todo esto, no fuera posible la contratación directa debido a causas acreditadas (sean organizativas, productivas, técnicas o económicas) que motiven la dificultad para incorporar trabajadores discapacitados en la plantilla de la empresa o bien porque los Servicios Públicos de Empleo no puedan dar respuesta a la oferta que han realizado las empresas por no existir trabajadores inscritos con los requisitos solicitados, se puede recurrir de manera excepcional a la contratación indirecta de personas con discapacidad a través de las medidas alternativas que se detallan a continuación:

  • Contrato Mercantil con un Centro Especial de Empleo (o trabajador autónomo con discapacidad) para el suministro de material o servicios siempre que el importe sea 3 veces el IPREM anual por cada uno de los trabajadores discapacitados que se dejen de contratar por debajo del 2%.
  • Donación o Acciones de Patrocinio de Carácter Monetario a favor de Asociaciones o Fundaciones de Utilidad Pública, por un importe mínimo de 1,5 veces el IPREM anual por cada trabajador dejado de contratar.
  • Constituir un Enlace Laboral con un Centro Especial de Empleo por un importe mínimo de 3 veces el IPREM por cada trabajador por debajo de la cuota de reserva.

Esta declaración de excepcionalidad debe solicitarse a los Servicios Públicos de Empleo competentes con carácter previo a la adopción de dichas medidas, quienes son los responsables de conceder la autorización administrativa pertinente (Certificado de excepcionalidad).




Proyecto Hombre Granada reunió a más de 600 invitados en su tradicional comida solidaria | Vídeo

Un año más y van 14, la gran mayoría del tejido empresarial granadino y los principales representantes de la ciudad se reunieron en la celebración de la XIV edición de la Comida Solidaria de Amigos de PHG. Una cita en la que quisieron apoyar con su presencia esta iniciativa consolidada desde hace años en Granada y que se ha convertido en la comida benéfica con más afluencia de la provincia.

Desde Proyecto Hombre Granada quisieron agradecer la asistencia de todas aquellas personas que con su apoyo hacen posible año tras año la celebración de este evento, agradeciendo especialmente al voluntariado de PHG por su esfuerzo y dedicación, al Hotel Abades  Nevada Palace por el servicio y a las empresas colaboradoras por hacer que un año más la Comida Solidaria de PHG fuera un éxito.

Actuación de la pianista Azumi Nishizawa y la cantante Mada López durante el almuerzo solidario de Proyecto Hombre Granada | Daniel Bayona

Proyecto Hombre Granada es miembro de la Organización Solidaria Proyecto Hombre, de ámbito estatal, que nace en 1979 en Italia y en 1984 llega a España.

Es una asociación reconocida por el Plan Nacional de Drogas y colabora a nivel internacional con el Observatorio Europeo. Para Naciones Unidas, es una ONG de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC). En el año 2000, fruto del jubileo, se constituye en la provincia la FGSVA que da cobertura legal y social a Proyecto Hombre Granada.

En 2001 abrió el primer centro para acoger los programas de tratamiento y reinserciónhotel abades sociolaboral, dirigidos a drogodependientes y sus familias y en 2003, ante la demanda de actuaciones preventivas, puso en marcha diferentes programas de prevención universal, selectiva e indicada, que se mantienen en la actualidad con buenos resultados y participación.

Desde sus orígenes, hay un grupo de familiares afectados que impulsan Proyecto Hombre junto a asociaciones que los apoyan, así como instituciones religiosas, instituciones públicas y privadas.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí:




La protección de datos en Whatsapp

Una nueva resolución de la Agencia Española de Protección de Datos del pasado 20 de noviembre, ha puesto el foco en el uso del Whatsapp y la protección de datos. Hoy en día las nuevas tecnologías han revolucionado nuestras formas de comunicación, entre ellas el uso de la aplicación Whatsapp se ha convertido en una forma rápida y directa de comunicarnos con cualquier persona.

La Agencia Española de Protección de Datos ha venido advirtiendo que el uso de las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones muchas veces no guarda una correlación entre la eficacia tecnológica que ofrecen y una correcta protección de los datos personales del usuario o de las personas que son contactadas a través de estos nuevos medios de comunicación. En concreto la aplicación Whatsapp nos permite enviar fotografías, compartir documentos, transmitir grabaciones y crear grupos de conversación donde pueden ser compartidos todos estos datos.

La exposición de fotografías y documentos con datos personales en este tipo de aplicaciones de comunicación, ha venido siendo señalada por la Agencia Española de Protección de Datos como negativa ya que las empresas que gestionan estas aplicaciones no aseguran una correcta política de privacidad y por tanto tampoco se encuentran alojados los datos en servidores que pertenezcan al ámbito de seguridad que establece nuestra normativa.

Recientemente se ha abierto un nuevo debate sobre la proliferación de grupos de conversación en este tipo de aplicaciones y la inclusión indiscriminada de miembros a estos grupos. Desde el principio la normativa de protección de datos hace una diferenciación entre los datos que son usados en un ámbito meramente personal, privado o familiar y la utilización de estos datos por terceras personas sea con el carácter de informar o cualquier otra finalidad. En el primer caso se entendería que el ámbito es doméstico, personal, y que por tanto no exigiría los requisitos de la normativa de protección de datos ya que se entiende que no es un tratamiento de datos como tal. Sin embargo, en el segundo caso, efectivamente los datos que son recabados tienen que utilizarse con una finalidad concreta, adecuada y permitida por la ley. El artículo 4.2 de la normativa de Protección de Datos, establece que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”. “No se considerará incompatible el tratamiento posterior de estos con fines históricos, estadísticos o científicos”.

La nueva resolución de la Agencia Española de Protección de Datos ha venido a aclarar que la utilización de un dato personal, como es nuestro número de teléfono, no puede ser usado indiscriminadamente y para una finalidad respecto de la que no se tiene autorización, por ello la inclusión de nuestro número en un grupo de conversación es una violación de la normativa según lo dispuesto en los artículos 4.2 y 10 de la LOPD, que puede ser tipificada como una infracción grave.

La protección de datos se vería comprometida con el uso de estas nuevas tecnologías de la comunicación que si no se usan de una forma responsable pueden llevar a violaciones de la intimidad de las personas, en un mundo que tiende cada vez más a una interconexión tecnológica que no siempre va acompañada de una protección hacia los usuarios de estas nuevas tecnologías.

 




El director de HispaColex, ponente en un curso para jueces y magistrados celebrado en Madrid

Durante los días 14, 15 y 16 de febrero, bajo el título “La responsabilidad por daños en los centros de enseñanza” se ha celebrado en Madrid un Curso para jueces y magistrados organizado por el Consejo General del Poder Judicial, bajo la dirección de Alberto Manuel del Águila Alarcón, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Granada y en el que han intervenido como ponentes, entre otros, los magistrados, Francisco Javier Orduña Moreno, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, al frente de su conferencia inaugural y Rafael Toledano Cantero, Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, cuya conferencia de clausura puso fin a este curso.

Javier López y García de la Serrana ha colaborado nuevamente con el CGPJ en calidad de ponente dentro de los programas de formación continua de la carrera judicial que cada año se establecen para la permanente actualización de muy diversas temáticas dirigidas a jueces y magistrados de toda España.

La intervención del director de HispaColex, Javier López y García de la Serrana, único abogado experto en responsabilidad civil y seguros nombrado para la Comisión de seguimiento del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, dependiente del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Seguros, tuvo lugar el viernes, día 16, en la que abordó “La prevención del acoso escolar y su diagnóstico“.




Javier López y García de la Serrana, nuevo presidente de Hispajuris

El abogado de Granada y socio director de HispaColex Bufete Jurídico, Javier López y García de la Serrana, es el nuevo presidente de la firma jurídica Hispajuris, con implantación en todo el territorio español. Abogado y Doctor en Derecho, García de la Serrana fue distinguido en 2011 por el Ministerio de Justicia con la Cruz de San Raimundo de Peñafort en reconocimiento a su destacada carrera profesional. Asimismo fue nombrado en 2016 Colegiado de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Granada y desde el mes de marzo del 2017 es el Abogado experto en responsabilidad civil y seguros nombrado para la Comisión de seguimiento del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, dependiente del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Seguros.

García de la Serrana sustituye en el cargo al abogado barcelonés Fernando Escura, el cual presidía Hispajuris desde el año 2005. En sus años de presidencia, Escura ha consolidado a la firma como un modelo inédito de entidad prestadora de servicios legales, capaz de ofrecer tanto un servicio legal de proximidad en cada ciudad, con 35 sedes en todo el país, como servicios de alta especialización en todas las áreas del Derecho. Fernando Escura es socio director de Bufete Escura desde el año 1987 y sus amplios conocimientos y formación en Derecho Fiscal han hecho que, desde el año 2010, se encuentre en la lista de los mejores abogados de España, según Best Lawyers Spain.

La Junta directiva que encabezará el nuevo presidente de Hispajuris tiene como retos inmediatos continuar posicionando Hispajuris como la principal firma integrada de despachos de abogados de España. En dicha Junta estará acompañado por los vicepresidentes José Luis Martínez Fernández (Hispajuris San Sebastián), Ignacio de la Iglesia Caruncho (Hispajuris La Coruña) y Joaquín Sánchez-Garrido Juárez (Hispajuris Toledo), junto al tesorero Vicent Bellido Cambrón (Hispajuris Castellón), el secretario Sergio Gil-Gibernau Mariné (Hispajuris La Rioja) y los Vocales Rafael García Palencia (Hispajuris Madrid), Maria Isabel Vázquez Tavaras (Hispajuris Madrid), Jesús Gómez Escolar Mazuela (Hispajuris Valladolid), Margarita Alonso Graña (Hispajuris Oviedo), Antonio García Montes (Hispajuris Murcia) y Soledad Fernández Simón (Hispajuris Palencia).

Además, José Antonio Bosch (Hispajuris Sevilla), José Antonio Visus Apellaniz (Hispajuris Zaragoza), José Antonio Fernández de Alarcón Roca (Hispajuris Mallorca) y Ángel Sánchez y Resina (Hispajuris Santander) serán vocales adjuntos de la firma jurídica.

Hispajuris, que incorpora a más de 600 profesionales, es la única firma jurídica con abogados locales experimentados en todas las ciudades que conocen la realidad en la que opera cada empresa, lo que permite prestar un servicio de proximidad y con un nivel de calidad homogéneo en toda la geografía española, englobando todas las áreas del derecho.

Más información de Javier López y García de la Serrana

Fundador y Secretario General de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro desde el año 2001, que engloba a más de un millar de abogados especialistas en Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil. Además, fue director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Granada y actualmente dirige el Máster en Responsabilidad Civil de la Universidad de Granada. García de la Serrana también ha sido ponente en más de un centenar de congresos –algunos internacionales en Bolonia (Italia), Bamberg (Alemania) y Edimburgo (Escocia)- y autor de 14 monografías, la última el Manual para la aplicación del Sistema de valoración de daños de la ley 35/2015, así como de cientos de artículos doctrinales publicados en revistas nacionales e internacionales con más de 100.000 entradas en Google.




Un joven tendrá que indemnizar a oBike con 166, 94 euros por destrozar una bicicleta de alquiler en Granada

No es novedad que haya actos vandálicos con el sistema de bicicletas de alquiler en Granada, pero sí que no queden impunes y que, por ende, se tenga que pagar por el daño ocasionado. Y eso es justamente lo que ha pasado en la ciudad, al menos en un caso, porque ya figura la primera sentencia judicial contra una persona por destrozar una de estas bicicletas.

En realidad, fueron cuatro personas las involucradas en esta fechoría, pero uno consiguió escapar y dos son menores de edad, cuyo caso ya está en manos de la Fiscalía de Menores, que tendrá que resolver el expediente incoado.

UN CASO SIN IMPUNIDAD

Pegarle pedradas al sistema de bloqueo de una bicicleta no le va a salir gratis al joven de 18 años que, finalmente, ha reconocido los hechos y ha aceptado haber cometido un delito leve de daños. Tendrá que pagar una multa al Estado de 60 euros y hacer frente a una indemnización de 166,94 euros a la empresa oBike, la perjudicada en este caso. También pesará sobre su espalda antecedentes penales por este hecho. Al existir conformidad, la sentencia no admite recurso.

“Mediamos para que el joven reconociese los hechos antes de ir a la vista oral del juicio, aceptando el pago de esa indemnización impuesta por los daños ocasionados”, explica Manuel Fernández, director del Departamento Penal de HispaColex Servicios Jurídicos, el bufete que, a través de sus letrados, colabora con dicha empresa y con el Ayuntamiento de Granada para resolver estas incidencias con el sistema de alquiler de bicis de la ciudad.

Respecto al pago de la indemnización, el joven de 18 años es el que debe afrontarla. “Otra cosa será que, en la ejecución, si llegan a un acuerdo los menores, estos le paguen su parte al mayor, o que solo se le exija el pago de la parte correspondiente, es decir, un tercio de la misma”, aclara Fernández.

IDENTIFICAR AL AUTOR, TAREA DIFÍCIL

“Hay una media de cinco o seis incidencias al día y denuncias, pero es difícil identificar al autor de los hechos”, explica Fernández, “porque no se puede responsabilizar al último usuario que la ha usado, ya que, una vez bloqueada, otra persona puede haberla manipulado con mala intención sin desbloquearla”, matiza.

Este delito ocurrió a principios de octubre del pasado año, cuando un usuario dio la voz de alarma a la Policía local tras percatarse de que cuatro jóvenes estaban destrozando una bicicleta. Pronto, los agentes aparecieron en la zona y los sorprendieron en su fechoría. Consiguieron detener a tres de ellos, pero uno logró escapar y no ha sido identificado por el momento.

Si no hubiese reconocido el delito, se le habrían complicado más las cosas a este joven. “Hubiéramos ido a juicio y con el atestado de la Policía local seguramente la condena hubiera sido algo más dura. El Juzgado de Instrucción número 2, el que ha llevado el caso, “hubiese puesto una pena-multa, como mínimo, de uno a tres meses, además del pago de la indemnización, que sí sería la misma que ahora, eso sí”, explica Fernández.

Respecto a los menores, Fernández señala que “cuando hay una sentencia condenatoria por los mismos hechos, lo lógico es que los padres de esos niños asuman los hechos para intentar llegar a un acto de conciliación entre los menores y la empresa, y que de alguna manera quedase patente, como, por ejemplo, una disculpa pública a la empresa”, opina Fernández. No obstante, eso depende de la Fiscalía de Menores y de la voluntad de la empresa afectada en última instancia.

De esta forma, Granada ya tiene el primer precedente para seguir dictando condenas a aquellas personas que se atrevan a acometer actos vandálicos con los dos sistemas de bicicletas que operan en la ciudad.




Aprobado el calendario laboral 2018 y las tablas salariales 2017 del sector de la construcción para Granada y provincia

El día 15 de noviembre de 2017, en la sede del sindicato UGT ha tenido lugar la firma del calendario laboral del sector de la construcción de la provincia de Granada. En la negociación han participado los miembros de la Comisión Paritaria, formada por sindicatos CC.OO, UGT y la patronal ACP (Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios de Granada), compareciendo en representación de ésta última el Gerente de dicha Asociación D. Francisco Martínez Cañavate y como Letrada de la Asociación, Dª Azucena Rivero Rodríguez, Socio-Abogada de HispaColex Bufete Jurídico. En esta ocasión, el calendario fue suscrito por todas y cada una las partes.

El calendario laboral del sector de la construcción ha sido elaborado conforme a la jornada de 1738 horas anuales que dispone el vigente Convenio General de la Construcción con la distribución que se refleja en el documento adjunto.

De la negociación del calendario debe destacarse el acuerdo alcanzado en cuanto a la jornada continuada, la cual se ha fijado que comprenderá desde el día 02-07-18 al 17-08-18, ambos inclusive, siendo la jornada laboral de 8 horas continuadas desde el 2 de julio al 27 del mismo mes y de 7 horas continuadas desde el 30 de julio al 17 de agosto.

En el acuerdo de jornada continuada para el año 2018 también se recoge que para el caso de empresas que desarrollen su actividad realizando infraestructuras de obra pública, podrán acodar con la representación legal de los trabajadores la modificación de la jornada continuada, siempre que dicho acuerdo se ajuste a los criterios recogidos en el Convenio Provincial vigente y estén motivados por posibles incumplimientos de plazos de ejecución de las referidas obras, dando traslado a la Autoridad Laboral competente del mencionado acuerdo.

El calendario es de aplicación para todas las empresas y trabajadores encuadrados en el sector de la Construcción y Obra Pública de Granada y provincia.

De igual modo, en el día de hoy, ha tenido lugar la firma de las tablas salariales de la construcción de la provincia de Granada del año 2017, con una subida salarial del 1,9%, con efectos retroactivos del 01-01-2017. La subida salarial viene dada por un acuerdo nacional en el sector (Convenio General), por tanto, de obligada imposición.




Jornada de HispaColex y expertos de la Guardia Civil sobre Seguridad Informática en las Empresas en la Cámara de Comercio de Granada

El 17 de octubre ha tenido lugar una interesante Jornada, organizada conjuntamente por la Guardia Civil de Granada, HispaColex Bufete Jurídico y la Cámara de Comercio de Granada, con la colaboración de la Asociación Granada Plaza Tecnológica -OnGranada- y la Asociación ETICOM, Clúster de la Economía Digital en Andalucía, que formaba parte de la campaña de comunicación iniciada por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada (EDITE).

La Jornada, presentada por Roberto Álvarez, Vocal del Pleno de la Cámara, estaba dirigida a comercios y empresas de nuestra ciudad, con el objetivo de informarles sobre cómo prevenir estos delitos, es decir, todos aquellos cometidos a través de internet o que precisen de elementos tecnológicos para su consecución, y ha contado con numerosos asistentes interesados en conocer dichas técnicas de prevención.

En presencia del Teniente Coronel José Santiago Martín Gómez, los expertos del Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada (EDITE), explicaron las pautas más importantes a tener en cuenta por los empresarios y, así, evitar en lo posible ser víctimas de estos delitos y también, cómo hacer frente a la responsabilidad del empresario por delitos cibernéticos, de cuya responsabilidad y medidas de aseguramiento se encargó de explicar Javier López y García de la Serrana, director de HispaColex Bufete Jurídico y experto abogado en Responsabilidad Civil y Seguro.

Para EDITE, lo primero y fundamental es cambiar la actitud de los que piensan “eso no me va a pasar a mi” y seguramente, sin su conocimiento, ya les esté pasando, estará próximo a pasarles o les pasará en un futuro próximo. Ahora más que nunca, es preciso estar bien informado para poder adoptar todas aquellas medidas necesarias que nos permitan obtener la máxima seguridad posible.




HispaColex, patrocinador Oro de Benemérita Trail 2017

El prestigioso Bufete de Abogados HispaColex patrocina este año la IIª Edición de Benemérita Trail.

Los participantes en esta carrera contarán con un bono que incluirá Consulta Jurídica en todos los campos, con una duración de seis meses.

“Todo un equipo humano muy cercano y a nuestro servicio en todo momento. Es un placer contar con vuestro apoyo”, destacó la Asociación Deportiva Alfamérita.

El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia hizo entrega del Dorsal de Patrocinador.




Una granadina participa en el ‘Dakar’ del ciclismo MTB | Vídeo

En un momento deportivo mundial en el que las pruebas épicas están en alza llega este fin de semana unos de los acontecimientos que exige más a los competidores tanto a nivel físico como a nivel mental: la ‘Titan Desert MTB’, una maratón de seis etapas de más 100 kilómetros cada una, a excepción de la última, que tiene un recorrido de 50 kilómetros.

Se denomina como ‘el Dakar’ del ciclismo MTB porque tiene la misma particularidad que este rally motorizado, y es que la carrera está exenta de señalizaciones, al disputarse en el desierto, y la orientación se hace mediante un GPS y una hoja de ruta que marca la organización.

Esta premisa, que acongojaría a cualquier mortal, no hace más que alentar a una deportista granadina, una de las 19 mujeres que competirán en la ‘Titan Desert MTB’, de entre los 460 participantes que hay inscritos. Y es que es de destacar que esta escasa participación femenina cuente con una representante de la ciudad de la Alhambra y que no sea esta la primera vez que asistirá a esta dura prueba.

Silvia Espelt Otero, de 44 años, comenzó esta aventura “hace diez años, justo en el 2007, gracias a mis hermanos, que participaron en la primera edición del 2006 y me convencieron para ir” a una prueba cuya dificultad estriba “en el calor, las distancias largas, la arena, la posibilidad de perderte y no contar con agua suficiente o tener alguna caída”, algo que “parece llevar a que las mujeres se animen poco, pero esperemos que esto sirva para que haya más participación femenina”.

Ahora, esta abogada repite el reto diez años después de la mano del patrocinio que le ofrece la empresa en la que trabaja, ‘HispaColex Bufete Jurídico’, un despacho de abogados que, fiel a su Responsabilidad Social Corporativa, constantemente promueve acciones culturales, sociales y deportivas.

Aunque “este no es exactamente el caso”, tal y como explicó Javier López y García de la Serrana, Director General de HispaColex, “ya que no es exactamente Responsabilidad Social Corporativa, sino que es apoyar a una de las nuestras”. Así hablaba García de la Serrana, en primera persona y en femenino, puesto que “en nuestro despacho trabajan 62 personas, de las cuales, 41 son mujeres, algo que “para nosotros es una satisfacción que de 460 participantes haya 19 mujeres y una sea de Granada y, además, de HispaColex. Lo tuvimos claro desde el primer momento, había que apoyarla”.

Uno de los apoyos que recibe Silvia es el patrocinio mediante una equitación de última generación, creada especialmente para soportar la dureza de esta competición. En palabras del Director General de HispaColex, “se han hecho equitaciones nuevas, especiales para resistir seis etapas muy duras por el desierto, de 100 kilómetros cada una, por lo que son de primera calidad”. Además, subrayó Javier López y García de la Serrana, “se han hecho con todo el cariño para que se vea nuestra apuesta por nuestra compañera, que llevará la marca HispaColex por el desierto”. Aunque aquí no acaba la vida de las equipaciones, sino que HispaColex ejercerá su Responsabilidad Social Corporativa y repartirá las prendas “para determinadas personas que no pueden adquirirlas”.

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Los transportistas podrán reclamar lo que pagaron de más por la compra de sus camiones

Recientemente se ha publicado la multimillonaria sanción impuesta por la Comisión Europea a los principales fabricantes de camiones por pactar los precios de venta de sus vehículos, lo que abre la puerta a los transportistas a poder reclamar el sobreprecio pagado.

Entre el 17 de enero de 1997 y el 18 de enero de 2011 los principales fabricantes de camiones, Iveco, DAF, Daimler-Mercedes, Volvo-Renault y Man, se pusieron de acuerdo en la fijación de los precios de venta de los camiones, así como para repercutir en los compradores los costes del cumplimiento de normativas de emisiones más estrictas de la Unión Europea, lo que supuso un sobrecoste para estos compradores que se estima entre el 10% y el 15% del valor de compra.

La resolución acredita que Millones de transportistas europeos y miles de transportistas españoles pagaron de más por la compra de sus camiones durante 14 años. A partir de este momento, por tanto, los transportistas podrán reclamar ante los Tribunales españoles el sobreprecio pagado en la adquisición de estos camiones.

Podrán reclamar todos aquellos que, durante ese periodo de tiempo, compraron o adquirieron por leasing “camiones medios” (entre 6 y 16 toneladas) o “camiones pesados” (de más de 16 toneladas), tanto camiones rígidos como cabezas tractoras.

También podrán hacerlo aquellos transportistas que hayan vendido posteriormente los vehículos. Para iniciar el proceso de reclamación es necesario recopilar la documentación acreditativa de la compra, facturas contratos de leasing y justificantes de pago.

La reclamación debe ir avalada por un informe pericial que determine la indemnización concreta a percibir por estas prácticas fraudulentas.

Los transportistas de Granada cuentan con un servicio gratuito de información que les ofrece HispaColex, Bufete especializado en las reclamaciones por el pacto ilegal de precios sancionado por la Unión Europea.




José Manuel García-Margallo y José Carlos Díez ‘pusieron el sabor’ a la economía granadina | Vídeo

Que la situación económica actual es un tema que está en boca de todo el mundo no es noticia, pero que el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo y el economista y asesor José Carlos Díez vengan a Granada a hablar de esta situación, ya es harina de otro costal.

Y es que ayer se celebró un encuentro entre estos dos ponentes de lujo y algunos empresarios de la ciudad, patrocinado por HispaColex, LoMonaco y Vodafone y celebrado en la Escuela Internacional de Gerencia (EIG), organizadora junto a Mangament Activo, en el que ambos expusieron su punto de vista sobre la crisis saliente, el estado que atravesamos, las consecuencias socio-económicas que ha despertado y cómo salir de la misma.

En cuanto a la exposición inicial de cada figura, a escala nacional, José Manuel García-Margallo centró su ponencia en las consecuencias de la globalización o los ‘populismos’ surgidos a raíz del descontento originado por las diferencias de ingresos entre clases, de gran actualidad y con un claro efecto sobre la economía. José Carlos Díez, por su parte, ahondó en las debilidades del comercio mundial y habló de los retos de la economía española en torno al desempleo, la precariedad laboral y las exportaciones.

Tras sus palabras de arranque, afloró el color político de cada ponente, lo que acabó en un debate que ‘puso el sabor’ a la economía granadina. De manera distendida, pero sin pelos en la lengua, los dos expertos se enfrascaron en una charla para tratar de buscar un responsable en el origen de la crisis de 2007: mientras Díez hablaba de la burbuja inmobiliaria de Aznar o la actual subida de impuestos de Rahoy, Margallo sacaba a la palestra el relajo y la pasividad de Zapatero. Esta circunstancia dejó poco tiempo para las preguntas del público, aunque algunas sí que llegaron a ponerse sobre la mesa.

SITUACIÓN EN GRANADA

En cuanto a la economía local, el exministro Margallo comentó que “los problemas de Granada son los problemas de cualquier otra provincia” y destacó algunas de las medidas que estima como necesarias para salir de la crisis y para “crear más empleo y mejor empleo, lo que se hace aumentado la productividad, el I+d+i y pasar de una época de la deuda y el ladrillo a la de la neurona y la exportación”.

En este punto, José Carlos Díez acercaba su postura a la de Margallo. El economista reseñó que “en Granada el empleo está creciendo por encima del 3%, el promedio nacional’, gracias a que “tiene una de las grandes universidades de España, muy centrada en la informática, las nuevas tecnologías y la revolución del dato”. Además, “se están creando una serie de nuevas empresas vinculadas a estos sectores que se están haciendo multinacionales”.

Díez también mencionó la importancia del sector turístico y de una mejor explotación del mismo, para lo que es “indispensable que el AVE llegue” y se pueda competir con ciudades como Sevilla o Málaga.

HISPACOLEX

HispaColex Bufete Jurídico fue uno de los patrocinadores de este evento, aunque su obra no solo se queda en actos de este tipo, sino que “pretende ayudar al empresariado y a la sociedad granadina a desarrollarse”, ya que “somos una empresa con una Responsabilidad Social Corporativa y nuestra obligación es asesorar a nuestros clientes, pero también crear riqueza en nuestra ciudad, dentro de nuestras posibilidades”, tal y como destacó el Director General del bufete, Javier López y García de la Serrana, quien concluyó que “todo lo que sea bueno para Granada, es bueno para HispaColex”.

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José Manuel García-Margallo y José Carlos Díez analizarán el contexto económico internacional y su repercusión en la economía granadina

José Manuel García-Margallo y José Carlos Díez se reunirán con empresarios y directivos granadinos para profundizar sobre el contexto económico internacional y su repercusión en el ámbito local y nacional, en un nuevo encuentro de Diálogos para el Desarrollo que tendrá lugar en Granada.

La cita, que se celebrará el miércoles, 22 de febrero, a las 19:00 horas, en la sede de la Escuela Internacional de Gerencia, está organizada por Management Activo y la Escuela Internacional de Gerencia y patrocinada por Vodafone,  Grupo LoMónaco e HispaColex.

José Manuel García-Margallo centrará su ponencia en las consecuencias de la globalización o los ‘populismos’, de gran actualidad y con un claro efecto sobre la economía; mientras que José Carlos Díez ahondará en las debilidades del comercio mundial y hablará de los retos de la economía española en torno al desempleo, la precariedad laboral y las exportaciones.

Ambos ponentes analizarán, además, las principales claves para potenciar el crecimiento de la economía granadina.

PATROCINADORES

HispaColex Bufete Jurídico es una firma de abogados con más de 60 profesionales del derecho y la economía con implantación en Granada, Málaga, Jaén y Huelva con una dilatada experiencia de más de 25 años en asesoramiento jurídico a particulares y empresas. Desde 2001 forma parte de la mayor red de despachos de España, Hispajuris, lo que les permite prestar un servicio inmediato a sus clientes en cualquier punto de la geografía española.

Vodafone España  forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos con otros 49 más- y servicios de banda ancha fija en 17 países. A 31 de diciembre de 2016, Vodafone cuenta con más de 470 millones de Clientes de telefonía móvil y 14,3 millones de Clientes de banda ancha fija. Los 14.521.000 Clientes de telefonía móvil y los 3.156.000 de banda ancha fija de Vodafone España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes – individuos, negocios y comunidades – a estar mejor conectados. Más información en www.vodafone.es

Grupo Lo Mónaco, firma líder del sector del descanso, con más de 700.000 clientes en toda España, siempre ha buscado satisfacer las expectativas generadas para el bienestar de sus clientes con productos y servicios de alto valor, a través de un asesoramiento personalizado. Sus investigaciones más recientes les han permitido adaptar cada equipo de descanso a las necesidades de cada persona. Gracias al desarrollo de estas inquietudes han conseguido revolucionar el mundo del descanso.




Reclamación del lucro cesante por corte de luz o sobretensión

Habitualmente, tanto en nuestros hogares como en nuestras empresas se producen cortes de suministro eléctrico o sobretensiones, causando daños en las instalaciones eléctricas de los mismos, así como en los electrodomésticos y en los productos alimenticios contenidos en estos. Esto da lugar a un daño que debe repararse y que generalmente suele ser indemnizado sin más problema por las aseguradoras.

Otro concepto distinto que deberá ser indemnizado es el lucro cesante por los daños que el corte de luz o sobretensión haya causado en las empresas, que se hayan visto afectadas en estos supuestos. Dicho lucro cesante es la ganancia que haya dejado de obtener el negocio como consecuencia de no poder realizar su normal actividad; un ejemplo de ello sería el hecho de no poder vender determinada mercancía, pues aunque la misma no se viera perjudicada –cosa que no siempre ocurre- lo cierto es que durante un tiempo –a veces un día completo- no se produce venta alguna y al día siguiente no se recupera las ventas del día anterior pues no se duplican las mismas.

‘LOS POLLOS SE QUEDARON SIN HACER Y NO SE PUDIERON VENDER’

Esta situación ha ocurrido no hace mucho en el barrio de la Avenida de Cervantes de la capital granadina, debido a una avería no reparada del tendido eléctrico que da servicio a sus vecinos, que produjo reiterados cortes de luz de forma continuada que hacían imposible prestar ningún servicio de hostelería. Entre los afectados, todos ellos comerciantes, se dio el caso del propietario de un conocido asadero de pollos de la zona, que no pudo preparar y vender los mismos debido a la interrupción prolongada del suministro eléctrico.

A través de este post queremos ofrecerles una serie de pautas fundamentales con el objeto de que, si se ven involucrados en un siniestro de estas características por el que nadie quiere pasar, tengan presentes determinadas prevenciones y aspectos muy importantes a fin de reclamar de forma efectiva a la compañía distribuidora de electricidad por tales daños:

  • Comunicar inmediatamente el siniestro a la empresa distribuidora de electricidad, registrándose un número de incidencia, que será el que a posteriori se referirá en nuestra reclamación planteada.
  • Realizar un inventario de todos aquellos electrodomésticos y productos alimenticios que hayan resultado dañados, así como informe pericial de los mimos, certificado de experto en manipulación de alimentos, facturas de compra o reparación, documentos o fotografías que acrediten la realidad de los mismos.
  • Disponer de un informe contable, asistencial o financiero actuarial en el que se examinen, ponderen y comparen las ventas y ganancias obtenidas asiduamente por el comerciante durante periodo similar al lapso de tiempo en que el fluido eléctrico cesó, con aquellas dejadas de obtener durante la interrupción del suministro o como consecuencia de este, a fin de acreditar el lucro cesante.
  • Presentar reclamación frente a la compañía eléctrica donde se especifiquen los daños y perjuicios ocasionados y su coste económico correspondiente.

De nuestra doctrina jurisprudencial se desprende que la interrupción del suministro de energía eléctrica constituye un incumplimiento contractual por parte de la compañía eléctrica siempre que dicha interrupción traiga causa en sus instalaciones. De modo, que se presume que la causa del corte de suministro eléctrico es imputable a ella, de forma que el consumidor puede exigir en la vía civil a la compañía eléctrica el resarcimiento del daño lo más completo posible, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 105 del RD 1955/2000, dado el concepto unitario de la culpa civil con la posibilidad de aplicar las normas de responsabilidad contractual, siempre a favor de la víctima.

En este sentido se han pronunciado nuestros tribunales en numerosas resoluciones, entre las que podemos reseñar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 5ª)  de 22 de septiembre de 2.006, que confirma la Sentencia recaída en el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Granada por la que Sevillana-Endesa era condenada a indemnizar por lucro cesante a una empresaria cuyo negocio, ubicado en el centro de Granada, se había visto obligada a suspender su actividad durante el tiempo que duraron los cortes de suministro eléctrico producidos los días 2 y 29 de julio de 2004, motivados por diversas averías entre la subestación y cable subterráneo de media tensión de la que se abastece la zona. En la misma dispone expresamente:

“(…)por cuanto el citado Real Decreto regulador del Suministro de Energía eléctrica, al regular las consecuencias del incumplimiento de la calidad de servicio individual en su artículo 105 y los descuentos que ello supone para los consumidores, dejan establecido en su apartado 7 que “sin perjuicio de las consecuencias definidas en los párrafos anteriores, el consumidor afectado por el incumplimiento de la calidad de servicio individual, podrá reclamar, en vía civil, la indemnización de daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado“, con lo que se evidencia que dicha normativa no altera los principios generales de la responsabilidad contractual o extracontractual del código civil, que pueden exigirse a dichas entidades en cualquiera de dichas vías, dado el concepto unitario de la culpa civil (sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1998) con la posibilidad de aplicar las normas de concurso de ambas responsabilidades que más se acomoden al caso, siempre en favor de la víctima, y para el logro de su resarcimiento del daño lo más completo posible (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1993 )”.

Asimismo, se establece en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 4ª) de 11 de octubre de 2013, en un asunto defendido por HispaColex Bufete Jurídico, que confirma la Sentencia recaída en el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Granada de fecha 11 de marzo de 2013, condenando a Endesa a indemnizar a una empresa granadina, dedicada a la crianza, transformación y distribución de productos alimenticios relacionados con las aves de pollo, que se vio obligada o a suspender su actividad durante un periodo aproximado de doce horas con motivo del corte de suministro eléctrico cuyo origen se produjo en las instalaciones o centros de transformación de Endesa. A tenor literal dispone:

“No resulta extraño, sino que parece normal presumir que el corte del suministro de electricidad por tan prolongado espacio de tiempo ocasione el deterioro de los productos elaborados por esta industria cárnica al romperse la cadena de frío.  Ahora bien, esto no exime a quien reclama la demostración del daño causado y la cuantificación del mismo. A tal fin ha aportado como doc. nº 3 de la demanda una relación de los productos deteriorados y su valoración con datos comparativos de ventas realizadas en fechas similares.”

Otro ejemplo, es el constituido por una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Granada que igualmente estima la demanda interpuesta por una empresa de productos alimenticios, cuya dirección letrada al igual que en la sentencia referida anteriormente fue llevada por HispaColex Bufete Jurídico, condenando a Endesa a indemnizarle no solo por los daños sufridos sino también y sobre todo por el lucro cesante padecido como consecuencia del corte prolongado del fluido eléctrico.

En conclusión, el hecho acreditado de la interrupción de suministro eléctrico por causa imputable a la compañía distribuidora de electricidad y los daños y perjuicios que de la misma interrupción se deriven, faculta al consumidor perjudicado para reclamar la indemnización por los mismos.




El derecho de separación del socio minoritario por no reparto del dividendo

El 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que reconoce a los socios un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

Con este reconocimiento, el legislador ha querido articular un sistema de protección de los socios minoritarios frente al abuso de la mayoría consistente en la posible retención sistemática y no justificada de los beneficios por parte de la sociedad.

El régimen jurídico del derecho de separación del artículo 348 bis en vigor se concreta, de forma resumida, en los siguientes parámetros:

  • Surge en el caso de que, a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, la junta general no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, 1/3 de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente repartibles.
  • Podrá ejercerse por el socio que haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales.
  • Será ejercitable en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general que no acuerde la distribución del dividendo.
  • Este derecho no será de aplicación en sociedades cotizadas.

Concurriendo estas condiciones, y ejercido en plazo el derecho de separación por el socio que haya votado a favor de la distribución del dividendo, la sociedad estará obligada a adquirir la participación del socio por el valor razonable y procedimiento de valoración que determinen ambas partes.

En defecto de acuerdo, el valor de las acciones o participaciones será determinado por un experto independiente, designado por el Registro Mercantil.

La importancia de la entrada en vigor de esta disposición legal en la práctica requiere que cada caso sea analizado escrupulosamente a fin de proteger los intereses de socios mayoritarios y minoritarios y evitar situaciones de conflicto, por lo que desde HispaColex Bufete Jurídico, les invitamos a consultar con nuestros especialistas en Derecho Societario.




“Cuando desperté, tuve que rehacer mi vida. Ni siquiera me conocía a mí misma” | Vídeo

Esta es una de esas historias que te ponen la piel de gallina. Prepárense para leer un relato emocionante. ¿Se imaginan no reconocer a cada una de las personas que componen su familia? ¿Decir mamá a una desconocida? ¿Dormir cada noche con un marido del que te enamoraste pero que no lo recuerdas?

Esta es la historia de Antonia Ortiz (1977), la escritora del libro “Desde que puedo recordar…”, una obra basada en el accidente de tráfico que sufrió junto a su marido y dos amigos cuando tan solo tenía 23 años, y todo el proceso de recuperación que vivió posteriormente. Un relato con un inicio sin esperanza, pero con un final inspirador.

Cuando despertó de ese accidente, Antonia había perdido la memoria por completo a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Su vida se esfumó cuando fueron embestidos por otro coche. “Cuando desperté, tuve que hacerme de nuevo con toda mi familia, tuve que volver a hacer mi vida. Ni siquiera me conocía a mí misma”, nos detalla la escritora a Granada Digital, a quien atiende amablemente para contarnos su historia.

Antonia es una superviviente de la vida. Pronuncia cada palabra con entusiasmo. No para de reír. La conversación que mantenemos con ella es auténtica, sin tapujos, desde el corazón. Reconoce que se planteó dejar de vivir, pero no estaba en los planes de la vida. Con coraje y muchísima fuerza, todo lo que había creado antes de aquel fatídico accidente, lo mantiene vivo gracias a los recuerdos de los suyos, su familia, la que tanto le ha apoyado. Y entre recuerdos e imágenes, sigue aprovechando cada minuto que pasa y creando nuevos recuerdos, algo que no ha sido nada fácil de alcanzar: “El libro lo escribí como pleno desahogo, cuento la historia como si fuera otra persona, reflejo el dolor de una familia, la impotencia de una persona cuando se siente desubicada en el mundo, cómo se rehace a sí misma para volver a vivir, cómo se pone a buscar en todos los recuerdos de los suyos para poder encajar piezas de ellos, para poder rellenar huecos de sus vacíos”.

Tras el accidente y en su proceso de creación de la obra, Antonia Ortiz estuvo arropada por su marido, su hijo y toda su familia. Pero ahí también estuvo muy apoyada por HispaColex Bufete Jurídico, que quiso patrocinar esta historia: “Cualquier víctima de accidente sabe muy bien, como yo, lo duro que es el proceso de recuperación y lo importante que es llegar a contar con grandes profesionales a tu lado. Igual que es importante encontrar buenos médicos para que curen tus enfermedades, es importante contar con abogados expertos en accidentes de tráfico. Es una suerte haber contado con los abogados de HispaColex. A quien me pregunta, se lo recomiendo”.

Y así nació un libro que la propia autora califica como una salvación para ella y que cree firmemente que puede ayudar a otras personas en una situación parecida: “Necesitaba soltar todo lo que llevaba dentro. Creo que gente que esté viviendo una experiencia similar le puede hacer mucho bien saber que hay gente que ha salido de esos vacíos, que ha salido de no tener memoria”.

Antonia Ortiz ya prepara un segundo libro que profundice mucho más en todo lo que vivió, tanto ella como su familia, tras aquel accidente que cambió para siempre su vida y a ella misma.

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La Banca deberá devolver todo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo

Tal cual se había anunciado y frente a todo pronóstico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las entidades financieras deben reembolsar todo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo desde el inicio de cada contrato hipotecario, no solo desde el 9 de mayo de 2013 como hasta ahora se había reconocido, en base a la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de mayo dictada en tal fecha, que aplicaba una retroactividad parcial en base a unas   exigencias de la seguridad jurídica, y que impedía a los afectados por tal cláusula exigir la totalidad del importe cobrado indebidamente por las distintas entidades financieras  a partir de la fecha de celebración de sus contratos de crédito.

Dado el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicha sentencia  de 9 de mayo de 2013, consideró abusivas las cláusulas suelo de aquellos consumidores que no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían, sin perjuicio de que tal resolución se pudiera cuestionar su validez frente al TJUE.

Pues bien a instancia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante se planteó  al Tribunal de Justicia de la unión Europea si la limitación de los efectos de la declaración de nulidad a partir de la fecha en que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo era compatible con la Directiva sobre cláusulas abusivas.

Pese a que pasado 13 de julio el abogado general del TJUE Pablo Mengozzi publicó sus conclusiones sobre el asunto, que no eran vinculantes , pero que el tribunal solía seguir en la mayoría de los casos, avalando una retroactividad limitada en el tiempo en base a que tal limitación era “compatible” con la directiva europea que regula las cláusulas suelo, que, a su juicio, “no determina las condiciones” en las que un órgano jurisdiccional puede limitar los efectos de las resoluciones, en la sentencia dictada en el día de hoy  el Tribunal de Justicia considera que “la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor”

A tales efectos hay que tener presente que la Directiva 93/13 sólo reconoce como consumidores a las personas físicas, pero el TJUE ha determinado que la Directiva es una norma de mínimos, por lo que cabe la ampliación en las legislaciones nacionales de la protección que dispensa. En la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se prevé la posibilidad de consumidores personas jurídicas, por lo que ha de entenderse aplicable la jurisprudencia sentada a partir de la sentencia de 9 de mayo de 2.013 a las mismas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la legislación para ser consideradas consumidores.

Por tanto se abre la posibilidad de que muchos de los consumidores que se hallan en esta situación incluso los que hubieran solicitado parte de tales cantidades indebidamente cobradas en base a la sentencia del Tribunal Supremo puedan reclamar a sus distintas entidades bancarias el resto de las sumas cobradas de más.

Desde HispaColex animan a realizar cualquier consulta gratuita sobre este tema a través de nuestros abogados especialistas en Derecho Bancario, con los cuales podrá contactar On Line o a través de nuestros bufetes en Granada, Málaga y Jaén.