Castro eleva a la Audiencia el caso Nóos para su enjuiciamiento

Tras elevar el caso y ser registrada en el nuevo órgano, la Audiencia ha dictado una providencia en la que ha sido asignada la ponencia a Romero para que disponga del plazo necesario a fin de que se instruya en la causa

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha elevado este lunes a la Audiencia Provincial de Baleares, de cara a su enjuiciamiento, los más de cien tomos y 76.000 folios que conforman el caso Nóos. Hasta 18 personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre quienes se encuentran la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, además de empresarios y exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

El tribunal que enjuiciará la causa estará formado por su presidente, Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyà, y la magistrada que -por turno de reparto entre diez magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia- ha sido designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero, perteneciente a la Sección Primera. El mismo tribunal fijará más adelante la fecha para la celebración de la vista oral.

Castro ha remitido la causa en formato digital, en un disco duro, mientras que será el miércoles cuando se produzca el traslado físico del procedimiento judicial, centrado en un presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos a través del entremado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres en torno al Instituto Nóos.

Tras elevar el caso y ser registrada en el nuevo órgano, la Audiencia ha dictado una providencia en la que ha sido asignada la ponencia a Romero para que disponga del plazo necesario a fin de que se instruya en la causa.

En concreto, Samantha Romero nació en Palma en 1972 y tomó posesión como magistrada de la Audiencia, en la Sección Primera, el pasado 30 de abril. Procedía de la Audiencia de Tarragona, donde ha formado parte de un tribunal penal, la Sección Segunda, durante casi nueve años, al ingresar en ella en 2006.

Antes había estado en Vilanova i la Geltrú, donde tuvo su primer destino como juez en 2002. Cursó su licenciatura de Derecho en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y aprobó en el año 2000 las oposiciones a la judicatura y a fiscal, carrera en la que está en situación de excedencia.

Además de los Duques, también serán juzgados, en relación con el papel del Instituto Nóos, Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y el abogado que abría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet.

En el ámbito balear, se sentarán en el banquillo el expresidente del Govern Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exasesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, y el exgerente de esta entidad Juan Carlos Alía.

En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana, serán juzgados el propio Alfonso Grau, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, y el también exdirector general José Manuel Aguilar. También se encuentra en la lista la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen.

PETICIONES DE MÁS DE CIEN AÑOS DE CÁRCEL

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de cien años de cárcel para 14 los acusados del caso Nóos -entre quienes no se encuentra la Infanta-, de los que 19 años y medio los reclama para Urdangarin y 16 y medio para Torres.

En cuanto a Cristina de Borbón, el fiscal Pedro Horrach no considera que existan indicios delictivos sobre ella, si bien la considera responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros al haber obtenido, a través de Aizoon, un aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin.

Por su parte, Manos Limpias es la única de las acusaciones que solicita, a nivel penal, la condena de la Duquesa, al reclamar para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El sindicato sostiene que su papel l sostener, a través de esta figura jurídica, que su papel fue imprescindible para que su marido pudiera defraudar a Hacienda.

Mientras tanto, la defensa de Torres propone que declaren en el juicio cerca de 700 testigos, entre quienes se encuentran el Rey Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía, la Infanta Elena, su exmarido Jaime de Marichalar, Pilar de Borbón y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca.

No obstante, será la Audiencia el órgano encargado de decidir si acepta que comparezcan todos ellos, con cuya declaración Torres quiere acreditar que la Casa Real estaba al corriente de las actividades desplegadas por el Instituto Nóos.







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