Cármenes del Mar, una historia de terror

Les voy a contar una historia de terror. Verán, tiene que ver con el calvario que están sufriendo los vecinos de una urbanización que está en La Herradura, en el pago de Cerro Gordo, en la que varias casas están en ruinas a causa de los deslizamientos sufridos en la ladera en la que están construidas. Después de varias sentencias judiciales condenando a promotores, constructores y técnica a hacer obras de sostenimiento de la ladera para evitar nuevos derrumbes de casas, los vecinos ven cómo pasa el tiempo y no llega la solución a su problema debido, sobre todo, a las triquiñuelas jurídicas y empresariales de las que echan mano los condenados para dilatar las ejecuciones de las condenas. El año pasado el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley en la que declaraba a la urbanización zona de emergencia de interés económico y social. Pero la Justicia, al igual que la política, anda muy despacio, a veces en relación inversamente proporcional a los intereses de los ciudadanos. Mientras tanto, los propietarios de las viviendas rezan a todos los santos posibles para que las lluvias, que puedan aparecer torrenciales en este invierno, no provoque nuevos deslizamientos.

La historia de terror comienza en 2000, cuando se ponen en venta las primeras casas de una urbanización que los promotores (Comarex) llamaron idílicamente ‘Cármenes del Mar’). En un principio iban a ser unas cien viviendas, pero luego llegaron a construirse hasta cuatrocientas en una ladera que, para tal construcción, debía ser convenientemente tratada para evitar deslizamientos. Esas obras no se hicieron o se hicieron tan mal que a los cinco años varias casas se hundieron y declaradas en ruina. El caso salió varias veces en prensa y fue noticia destacada en periódicos,  radios y televisiones, que dedicaron amplios espacios a hablar del tema. Resulta que debido a esos deslizamientos algunos vecinos perdieron sus casas y el lugar ha quedado como maldito y como ejemplo paradigmático de la voracidad inmobiliaria de esos tiempos en los que el ladrillo era el protagonista de enriquecimientos turbios, rápidos e ilícitos, en connivencia con las administraciones que recibían estupendas plusvalías por las licencias de construcción. Como digo, lo que en un principio iba a ser una urbanización de un centenar de casas, se convirtió en una macrourbanización con casi cuatrocientas viviendas, que en un primer momento no estaban previstas pero que se diseñaron sobre la marcha al ver la facilidad con que se vendían casas en esa zona, convertida hoy en paraje natural. Era esa época en la que todo se vendía sobre plano. La época del llamado boom inmobiliario.

Fue en 2005 cuando empezaron las primeras señales de deterioro. El monte se movía. Algunas casas se derrumbaron, otras se desalojaron y lo que es peor, había vecinos no tenían donde ir porque habían invertido todos su ahorros en Cármenes del Mar. Un informe del catedrático de la Universidad de Granada José Chacón, del Departamento de Ingeniera Civil, dejó claro que las técnicas utilizadas para construir las viviendas no eran las adecuadas para el terreno en el que se pretendía edificar.

Pues bien, tras el desastre, las comunidades de propietarios  inician el consiguiente proceso judicial. Después de varios años de pleitos, el Juzgado de Primera Instancia 12 de Granda da la razón a los vecinos de los Cármenes del Mar -como no podía ser menos- y condena a los acusados a reparar parte de la urbanización. Eso fue en 2014. Dos años más tarde la Audiencia ratifica la condena y considera a los condenados (la empresa Comarex, responsables del estudio geotécnico que dieron el visto bueno para la construcción, ingenieros y arquitectos) responsables de los daños que han sufrido 42 casas de dicha urbanización. Y los condena a reparar los daños y evitar que siga el deterioro.

Pero ¡ay!, una cosa es una sentencia y otra su ejecución. Resulta que el grupo Comarex entra en concurso empresarial, mientras los administradores, los hermanos Rodríguez Acosta, constituyen nuevas sociedades para seguir en el sector. La codemandada y condenada empresa Geotéctina, otrora referente nacional en estudios geotécnicos, también presenta concurso empresarial, mientras trabaja en Hispanoamérica con un nombre similar. Bética de Ingeniería y Control, empresa redactora de un proyecto de urbanización que resultaría absolutamente defectuoso, se declara insolvente. Y los distintos arquitectos y profesionales condenados han dejado su patrimonio en la mínima expresión a la espera de ser condenados definitivamente y vender o transmitir todo su patrimonio para no resultar afectados. Esto significa que sea cual sea la sentencia será difícil poner solución a la obligación de hacer los trabajos a los que han sido condenados. En fin, una locura.

Además, los condenados saben cómo funciona la Justicia y han formalizado un recurso de casación y otro recurso extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de la Audiencia, con un claro objetivo: dilatar y entorpecer la ejecución de la sentencia y en su último extremo, anularla. Esto significa que hay que esperar otros dos o tres años más  para que los vecinos puedan ver cumplidos sus deseos de que se haga justicia.

¿Pero qué puede pasar mientras tanto? Pues que se produzcan nuevos deslizamientos y que la cosa no tenga ya solución. Los vecinos se sienten desamparados. Ahora piden llana y sencillamente que las administraciones se impliquen el problema y propongan una solución al mismo. Tanto el Ayuntamiento de Almuñécar como la Junta tienen mucho de culpa. El primero por conceder licencias de construcción irregularmente y conceder licencias de primera ocupación posibilitando la venta aún sin estar terminada la urbanización. Y la segunda como responsable subsidiaria ante la imposibilidad técnica y económica del Ayuntamiento de Almuñécar. Además, la Junta fue también dio su correspondiente permiso a la hora de edificar en la zona. Es evidente que se cometió un delito de estafa inmobiliaria y prevaricación administrativa, pero todos miran para otro lado porque ninguna administración se quiere hacer responsable.

En definitiva, lo que sucede en Cármenes del Mar es el resultado de  una política urbanística canalla en donde todos querían dar el correspondiente pelotazo (y lo dieron) y en la que fallaron todos los sistemas de protección del consumidor y control administrativo urbanístico, que sería imposible saltárselo sin la connivencia y prevaricación de políticos y constructores. El caso es que los responsables del desastre no han pagado por ello y los vecinos siguen esperando esa justicia que no llega.