Martes, 17 Octubre, 2017

            

Los constructores granadinos denuncian que la Junta les adeuda alrededor de 10 millones de euros

Según la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, la deuda de la administración pública con el sector por la promoción de viviendas protegidas asciende a 42 millones en toda la región

Una de las viviendas de protección oficial en un barrio de Granada | Foto: Archivo


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“Fracaso anunciado”. Así catalogan la Asociación de Promotores y Constructores de Granada -ACP- la estrategia de vivienda social que mantiene la Junta de Andalucía y que, según esta organización, está poniendo en grave peligro a numerosas empresas del sector no sólo en la provincia de Granada, sino en el conjunto de la región. El problema se deriva de la deuda de 42 millones de euros que la Consejería de Fomento mantiene con 90 empresas -alrededor de 10 millones con promotoras granadinas-, una situación que ya se ha llevado por delante al 30% de esas constructoras, según ha denunciado el gerente de ACP, Francisco Martínez.

Así, el presente inmediato de numerosas empresas del sector depende de estas subvenciones a la construcción de inmuebles que, en su mayor parte, “están finalizados y parcialmente ocupados desde hace varios años“, según puntualiza Martínez, que aduce el fondo del problema a un tema de prioridades, dado que el Ministerio de Fomento sí ha transferido las cantidades destinadas a viviendas protegidas a la Junta de Andalucía y ha sido ésta la que ha destinado los fondos a otras líneas de actuación en materia de vivienda. Del mismo modo, desde ACP se asegura que la Junta también adeuda otras ayudas como son los subsidios autonómicos y las ayudas a la construcción.

“AMENAZA” DE FOMENTO

Para enrocar más el problema, hace escasos días la Consejería de Fomento remitió una carta a los promotores andaluces de viviendas protegidas en la que se insta a estas empresas a informar sobre el “grave incumplimiento de la función social de la vivienda que la no ocupación de las mismas supone”. Esta misiva, que ha “asombrado” a la directiva de ACP, hace referencia a la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía que actualmente se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional y que prioriza la función social de las viviendas y su acceso a la población que lo necesite.

Tampoco ayuda, según ha comentado también el presidente de ACP, Enrique Legeren, que la administración se niegue a compensar la cantidad adeudada por los impuestos que estas empresas pagan al erario público.

Como respuesta a esta situación, la Asociación de Constructores y Promotores de Granada ha llevado el asunto a la Fiscalía, “sin que la misma encontrara indicios de delito penal.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Otra de las denuncias que lleva a cabo ACP tiene que ver con la “falta de transparencia” de la administración andaluza, ya que de las aproximadamente 80.000 viviendas que posee la Junta, se desconoce el porcentaje que permanece vacío. “Promulgan la ley pero no la aplican”, ha asegurado Francisco Martínez.

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