Viernes, 28 Julio, 2017

            

Arranca hoy el juicio a los 2 ex alcaldes de Monachil por posible prevaricación



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El Juzgado de lo Penal 1 de Granada acoge hoy el juicio contra dos ex alcaldes de Monachil (Granada), Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), por la posible comisión de un delito de prevaricación por su participación en la permuta de un solar con uso de equipamiento socio-cultural en Sierra Nevada a una promotora que construyó en la finca un edificio con 82 apartamentos para su venta a particulares.

   La vista ya fue suspendida el pasado 9 de octubre por la ausencia de dos letrados y la incomparecencia de otro de los acusados en la causa, el que fuera edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez, que sufre una cardiopatía. Entonces, el juez titular se quejó de la “falta de respeto” de los ausentes, puesto que la sala había sido reservada para todo el día.

   Dadas las circunstancias, tanto el fiscal como la acusación particular pidieron la suspensión, a la que se adhirieron los dos letrados que sí acudieron al juzgado, que representan a Trinidad y al cuarto acusado, el arquitecto municipal. El abogado del ex alcalde pidió además que el juicio no se celebrara no sólo por la incomparecencia de los mencionados sino porque había sido designado para este caso hace sólo unos días, por lo que no había tenido tiempo material para preparar la defensa.

   Uno de los abogados que no asistió, el del ex alcalde Francisco Lara, que es además su hermano, presentó el día antes un escrito ante el juzgado en el que aseguraba que tenía otro juicio en Málaga, documento que el juez no admitió. El otro letrado que tampoco se presentó informó de que otro abogado le había dado la venia para representar a Benjamín Rodríguez, si bien ésta no podía aceptarla puesto que no había tenido ningún contacto con su supuesto patrocinado.

   Ante esta situación, el juez, que calificó de “esperpéntico” lo ocurrido, dictaminó oír en un plazo de tres días a los abogados para que justificasen su inasistencia, contemplando la posibilidad de que éstos tengan responsabilidades disciplinarias. Además, en el caso en el que el letrado de Rodríguez renuncie a su defensa, el juez ordenó que se le designaser representación de oficio.

INHABILITACIÓN Y PENA DE CÁRCEL

   El ex alcalde Francisco Lara se enfrenta a una petición fiscal de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y Trinidad, procesado por prevaricación urbanística, a esa misma pena, dos años más de cárcel y multa de 57.600 euros. Para Benjamín Rodríguez y el arquitecto municipal, el Ministerio Público solicita 20 años de inhabilitación, dos más de prisión y la misma multa que a Trinidad.

   Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan al 9 de abril de 1992, cuando se aprobó el plan especial “Maribel” del Polígono PS8B, por el que se procedió a la completa urbanización de esa unidad de ejecución, situada en Sierra Nevada. Dentro de las cesiones obligatorias y gratuitas al servicio de la unidad, el plan especial definió una de las parcelas, de 1.277 metros cuadrados y 750 metros cuadrados de techo edificable, como una finca con uso equipamiento socio-cultural, que fue cedida con esa calificación por los propietarios de los terrenos al Ayuntamiento de Monachil.

   No obstante, en 2003 los acusados Francisco Lara, como alcalde del municipio, el concejal de Urbanismo y el arquitecto municipal tomaron la decisión de que la finca cedida por los propietarios para el uso socio-cultural “fuera destinada a un uso mucho más lucrativo”, de tipo residencial. La única vía legal consistía, según el relato fiscal, en el establecimiento de una nueva ordenación pormenorizada, que procediera expresamente a modificar la realidad adquirida por la finca, lo que conllevaba tramitar una modificación puntual de las normas subsidiarias.

   Los inculpados “urdieron” el plan de ampararse en la Disposición Derogatoria de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 1999 para entender que el Plan Especial “Maribel” de 1992 había sido derogado, y a través de un estudio detalle poder conseguir el cambio urbanístico pretendido.

   De este modo, “ignorando deliberadamente todo el proceso urbanizador previo, la cesión de la finca por los propietarios, los derechos de éstos y el uso y edificabilidad adquiridos por la parcela”, el arquitecto redactó el estudio detalle que fue aprobado inicialmente el 16 de diciembre de 2003 por la Comisión de Gobierno municipal y definitivamente el 23 de abril de 2004 en sesión plenaria. Conseguido el propósito, los acusados procedieron “de inmediato” a tramitar el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en construir una edificio de apartamentos. Ésta última adquirió finalmente la finca, en menos de un año, por casi el doble del valor que le atribuyó el Ayuntamiento en la permuta.

   Con esta operación, los procesados “consiguieron modificar ilícitamente la configuración jurídica de la finca afectada utilizando un instrumento absolutamente inidóneo para ello”, sorteando las “garantías esenciales” que hubiera llevado consigo la tramitación adecuada.

   Ejecutada la primera fase de su “plan delictivo”, el concejal, el arquitecto, y el nuevo alcalde, Antonio Trinidad, se dispusieron al último paso para que en la finca “se levantase un lucrativo edificio de apartamentos”. Así, el 21 de octubre de 2004 la empresa propietaria de la finca solicitó al Ayuntamiento la licencia para construir 82 apartamentos turísticos, que obtuvo el 22 de noviembre de ese año concedida por la Comisión de Gobierno municipal.

   En esta licencia, se concedió una superficie edificable de 7.189 metros cuadrados (muy por encima de los 70 que tenía atribuidos inicialmente el solar) de los 4.320 metros cuadrados tenían uso residencial y el resto aparcamientos y local “guardaesquís”.

   El fiscal considera por estos hechos coautores de un delito de prevaricación ordinaria a Lara, a Rodríguez y al arquitecto. Estos dos últimos están además acusados de otros dos delitos de prevaricación urbanística junto con Trinidad. Además de las penas solicitadas, el Ministerio Público pide la declaración de nulidad del estudio detalle del 23 de abril de 2004 y la licencia municipal de 22 de noviembre de 2004.

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