Arranca el juicio por el fraude en las entradas de la Alhambra

El monumento más visitado de España va a juicio.  Después de nueve años de investigación, un total de 50 acusados tendrán que pasar por el banquillo para dar las explicaciones oportunas. El Juzgado investiga un supuestas irregularidades de en la venta de entradas y en el control de accesos al monumento nazarí de 2002 a 2005. Se desarrollará previsiblemente a lo largo de 44 sesiones.

Dada la envergadura del caso, la vista oral de esta macrocausa,  que se prolongará hasta el 22 de diciembre, se celebrará en el salón de actos del Edificio Judicial de la Caleta y el tribunal que juzgará el caso es el de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, presidido por el magistrado José Requena.  Los delitos que van a ser juzgados son los de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

Del 15 de septiembre al 5 de octubre está previsto el interrogatorio de los acusados, que se desarrollará en varias sesiones. Tras esto, los testigos de las diferentes partes irán compareciendo ante el tribunal, desde el 10 de octubre al 15 de noviembre.

Los peritos propuestos por el Ministerio Fiscal, Junta de Andalucía y defensas comparecerán entre el 16 de noviembre y el 13 de diciembre. La fase documental se prevé para el 14 de diciembre, mientras que las conclusiones e informes finales quedarán para las sesiones señaladas los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misma familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel S.L. y Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.

 

LA ALHAMBRA SE PREPARA PARA AUSENCIAS

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha previsto un plan de sustitución de trabajadores para que el desarrollo del juicio no afecte al día a día del recinto nazarí.  La dirección de la Alhambra entiende que esta circunstancia causa "malestar entre los trabajadores" y lo abordará de forma que no afecte a la visita pública del monumento. El director del Patronato, Reynaldo Fernández, ha señalado a los periodistas que  este presunto fraude es "algo que ocurrió hace once años" y ha ofrecido toda la "transparencia y colaboración" con la justicia, deseando que esta cuestión "se aclare" a la mayor brevedad porque "no son cosas positivas", aunque ha hecho hincapié en la buena imagen que tiene el recinto a nivel internacional y entre sus visitantes.

PENAS DE CÁRCEL E INDEMNIZACIÓN

La Fiscalía reclama penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 de los acusados, la mayoría de ellos controladores. Para diez de ellos, pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".

En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos (3,5 millones) y 3, 16 millones por daños en el patrimonio por exceso de aforo.

OTRO CASO: LAS AUDIOGUÍAS

 

Este no es el único caso que está siendo investigado. La Alhambra está pendiente de otra investigación judicial por la supuesta adjudicación irregular del servicio de alquiler de audioguías, que motivó una querella de la Fiscalía contra la que fue durante once años la directora del Patronato, María del Mar Villafranca, que presentó posteriormente su renuncia.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando el patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicó a la empresa GTP el servicio de alquiler de audioguías del monumento. Dicha empresa ofertó pagar a la Alhambra un canon fijo anual de 77.000 euros más un 47% de la recaudación anual por los alquileres de las audioguías. Pero tras resolverse la adjudicación del servicio, hubo una modificación de las claúsulas del contrato: el canon fijo se rebajó de 77.000 a 30.000 euros anuales y el canon variable del 47% sobre la facturación se redujo al 15%. Por este motivo se investiga un posible delito de apropiación indebida de parte de la recaudación y de otro posible delito contable, por lo que denunció los hechos ante la Fiscalía de Granada.

El pasado junio, y como novedad en el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ampliaba el objeto de la investigación e incluía a diez nuevos investigados, que se sumaban de esta forma a las seis personas que ya estaban en la causa en calidad de investigados. También señaló indicios de delitos de falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias y cohecho, todo ello, formando organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal. Esos delitos se suman a los que ya se estaban investigando de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.