Archivadas las investigaciones por irregularidades en la etapa de Aído

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, ha asegurado que se han archivado las diligencias de investigación abiertas tras las "irregularidades y deficiencias" detectadas en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años de 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad.

Así lo ha confirmado durante la presentación este martes al Parlamento del informe de fiscalización de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, en respuesta a la senadora María Jesús Ruiz, quien le ha preguntado sobre si había algún expediente abierto por parte del Alto Tribunal, frente a alguna de las actuaciones de los responsables políticos o técnicos de la Delegación y si en algún caso se iba a tomar alguna medida.

Se trata de un informe que la entidad fiscalizadora aprobó a principios de 2011, pero desde entonces estaba pendiente su debate y valoración por parte de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Frente a las críticas de la socialista Ángeles Álvarez, de que este informe podía contener tintes políticos, cuando debería focalizarse en el análisis de la actividad fiscalizadora de la Delegación del Gobierno, Álvarez de Miranda ha defendido que el Tribunal se limita a analizar expedientes de contratación, revisar documentos, fiscalizarlos y ver si son suficientes, además de verificar si los contratos y convenios están solventados.

"El conjunto del informe en el que se desarrollan y analizan deficiencias de contratación no puede valorarse como un informe de contenido político. Desarrolla irregularidades de contratación a la hora de formalizar los expedientes, y por tanto ése es el único sentido del trabajo del Tribunal y no se le puede ver ningún otro sentido más que eso", ha insistido el presidente de la entidad fiscalizadora.

"IRREGULARIDADES Y DEFICIENCIAS"

En su informe, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas detectaba que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación de Violencia de Género "no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación" pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, "lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública".

En concreto, el informe apunta a dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, "no estaba debidamente justificada". A juicio de Miranda, ello pudo comportar una "falta de transparencia" por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento.

Además, constata la "utilización reiterada" de la tramitación de urgencia, "y en algún caso de emergencia", sin que conste documentación que lo acredite.

Igualmente, ha observado una "excesiva acumulación de contratos menores (el 90,12% del total de contratos adjudicados), especialmente en el último trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido por ley (12.020,14 o 20.880 euros), "lo que puede constituir un fraccionamiento prohibido por la Ley".

Álvarez de Miranda cree que podría ser indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera procedido".

APLICACIÓN DE LEY DE IGUALDAD

Por otro lado, el informe del Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación.

Igualmente, ha verificado que no tiene constancia de que colabore con el resto de observatorios estatales sobre salud, convivencia, o trato a las mujeres, constituidos en otros departamentos ministeriales, o incluso con otros observatorios autonómicos de violencia de género; una coordinación que considera "necesaria".

Asimismo, el Tribunal de Cuentas destaca que la delegación que dirigía Miguel Lorente no acreditó entonces haber remitido al Gobierno los informes anuales que marca la Ley Igualdad sobre la distribución por sexos de los puestos de trabajo en cada departamento.

Aún así, tomando como referencia las Relaciones de Puestos de Trabajo de enero de 2008 y noviembre de 2009, certifica que la presencia de mujeres era abrumadoramente mayor a la de los hombres en este organismo.

"Únicamente en este informe lo que se recoge es que no se ha cumplido con la obligación de informar a los ministerios sobre distribución de plantilla, una obligación de información", ha insistido Álvarez de Miranda frente a las críticas de la diputada del PSOE. En este contexto, ha afirmado que en el Tribunal sí funciona un Plan de Igualdad, así como una Comisión de igualdad.

FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LLANOS

Sobre la subvención de 1,1 millones de euros que el Ministerio de Igualdad concedió a la Fundación José María Llanos, el presidente del Tribunal de Cuentas ha explicado que el decreto la autorizó "por interés público, social y humanitario", una razón que a su entender no justifica "que la adjudicación tenga un determinado y concreto adjudicatario, pudiéndose haber optado a la subvención en régimen de concurrencia competitiva", según especificó la secretaría general Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.

En cuanto a los contratos de pulseras electrónicas, Álvarez de Miranda ha dicho que lo que se critica en el informe es que sólo se valoró el precio unitario de los dispositivos, y no a otros conceptos que dieron lugar a que se otorgara una mayor puntuación a la empresa que ofreció un presupuesto total de ejecución superior a otras ofertas.

DERROCHE DE MEDIOS

Por su parte, la socialista Ángeles Álvarez, ha subrayado que las deficiencias de contratación denunciadas en este informe "en ningún caso suponen un derroche de medios públicos", como así criticaba la senadora del PP. "Tan sólo se han apuntado cuestiones de procedimiento que ni afectan al presupuesto utilizado, ni a los objetivos", ha clarificado.

Ante esta apreciación, la 'popular' ha subrayado que cuando en los procedimientos de contratación no hay concurrencia no se sabe si se podrían haber obtenido los mismos resultados pero de forma más barata.