Miércoles, 18 Octubre, 2017

            

Aplazado a noviembre un juicio contra el exalcalde de Atarfe por posible prevaricación

Los hechos se remontan a una operación relacionada con un supuesto trato de favor a una promotora inmobiliaria incrementando la edificabilidad de unos terrenos

El juicio contra Víctor Sánchez, situado en el centro de la fotografía, será en noviembre | Foto: Archivo
E.P.


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El juicio previsto desde este lunes en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada contra el exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, por posible prevaricación en una operación relacionada con un supuesto trato de favor a una promotora inmobiliaria incrementando la edificabilidad de unos terrenos, ha sido aplazado a noviembre, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

El juicio por estos hechos ya fue suspendido en septiembre de 2013 por enfermedad del exalcalde, que sin embargo tendrá que declarar por videoconferencia cuando finalmente se celebre la vista oral, prevista el 21, 22 y 23 de noviembre.

Así lo decidió el titular del Juzgado de lo Penal 2, Antón Henares, en una resolución del 18 de abril en la que muestra un criterio distinto al de los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada, que han aceptado archivar provisionalmente todas las causas pendientes contra Víctor Sánchez por su delicado estado de salud.

Aunque reconoce que el estado de salud del acusado no es compatible con asistir a la sede judicial, fuera de su entorno, por el estrés que determina esta situación, el juez considera que no ha lugar a archivar provisionalmente la causa contra él, como reclamó su defensa.

De hecho, señala que en el informe médico realizado sobre el estado de salud del exalcalde, los forenses aconsejan su declaración domiciliaria, pues su estado de salud no impedirá que pueda contestar a las preguntas que se formulen, “encontrándose con el sosiego propio de su entorno domiciliario”.

Por ello, el juez considera que podrá declarar por videoconferencia con una unidad del 061 para los días del juicio –que ha sido aplazado tras pedir el magistrado unos días de permiso por motivos personales– “por si fuera necesario su estabilización médica en su propio domicilio, en caso de sufrir alguna descompensación puntual”, y así lo solicita al Servicio Andaluz de Salud.

Además, el juez pide a la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía que adopte las “medidas técnicas necesarias” para conectar por videoconferencia el domicilio del acusado con la Sala de Vistas del Juzgado, con el fin de celebrar el juicio con éste en su vivienda particular, donde podrá participar y presenciar la prueba que se practique.

CÁRCEL, MULTA E INHABILITACIÓN

Tanto el exalcalde como el arquitecto se enfrentan a una condena de 15 meses de prisión, multa de 43.200 euros, e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de ocho años y medio, o, alternativamente, inhabilitación especial por el mismo periodo.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el entonces alcalde y el arquitecto “se concertaron mutuamente y elaboraron un plan” para llevar a cabo en dos parcelas, en la Unidad de Ejecución (UE) 10 y en la 11, “un desarrollo urbanístico contrario a lo establecido en la legislación”, y con “perjuicio a los intereses del municipio”.

Así, todo comenzó el 25 de octubre de 2002, cuando el alcalde firmó un documento privado con la Fundación Benéfica San Francisco Javier y Santa Cándida por el que el Ayuntamiento le cedía unos terrenos calificados íntegramente como de zona verde, de 9.120 metros cuadrados, así como la totalidad de los espacios que en las UE 10 y 11 que se calificaban como viales, zonas verdes, centros docentes y equipamientos por las Normas Subsidiarias y por el Plan Parcial SR-3.

Las parcelas netas edificables, para viviendas y residencias, quedaban a “libre disposición” de la Fundación, que, en lugar de presentar los correspondientes proyectos de urbanización, vendió la finca lograda en la operación en junio de 2003 a una empresa, Fofinam.

Ya el 13 de enero de 2004, se suscribió entre el Ayuntamiento de Atarfe, representado por su alcalde, y esta empresa un convenio urbanístico en el que se especificaba la necesidad de proceder, por un lado, a una “más adecuada” reorganización y agrupación de las zonas de equipamiento junto a un instituto de enseñanza que se encontraba en la zona, a fin de ampliar sus dotaciones y, de otro lado, reubicar las zonas libres junto a la zona residencial.

En el convenio, el Consistorio se comprometía a incluir en el proyecto del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Atarfe una nueva reordenación de los espacios dotacionales y suelo equipamental. Además, debía transmitir un total de 4.893 metros cuadrados de suelo equipamental sin especificar, de la UE-10, a Fofinam mediante “compensación económica” sustitutiva, mientras que la empresa tenía que dedicar esos metros a usos de servicio residencial y asistencial, enseñanza, servicios comerciales, comunicaciones y transportes.

 

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