Jueves, 19 Octubre, 2017

            

Anticorrupción pide una fianza civil de 5,5 millones para Rivas, a quien Alaya imputa tres delitos

De este modo, abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Rivas tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

E.P


image_print

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una fianza de responsabilidad civil de 5.580.000 euros para el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

De este modo, abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Rivas tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Tras ello, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido para el imputado una fianza civil de 5.580.000 euros, mientras que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía ha pedido una fianza civil de 3,2 millones más el tercio legal previsto.

En declaraciones a los periodistas una vez finalizada la comparecencia, el abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, ha mostrado su oposición a dicha solicitud de medidas alegando que “no existen indicios de su participación”, señalando que su labor como delegado provincial de Empleo consistía en autorizar los ERE, y en estos “no ha habido ninguna irregularidad”.

RIVAS “NO TIENE NADA QUE ESCONDER”

El letrado de Rivas, por ello, ha desligado a su cliente de las irregularidades que se hayan podido encontrar en las pólizas, pues nunca participó en la tramitación de las mismas, insistiendo en que Rivas, a la ahora de autorizar los ERE, “siempre ha actuado previo informe favorable de la Inspección de Trabajo”.

En los ERE autorizados por Rivas, además, “siempre había acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores”, ha dicho el letrado, quien, sobre el “presunto enriquecimiento ilícito” que le atribuye la Guardia Civil, ha asegurado que “en ningún caso se puede determinar” el mismo.

Rivas “no tiene nada que esconder” y su familia “es muy modesta y sus ingresos se producen, en su caso, como consecuencia de su actividad laboral”. Ha concluido señalando que “sólo existen dos autos en los que se hable de la imputación de Rivas, y son de 2012”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *