Anticorrupción pide fianza civil de 5,5 millones a Rivas por meter intrusos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 5.579.696 euros para el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, a quien la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares atribuye la inclusión en los ERE que autorizó de varios 'intrusos', entre ellos familiares, amigos y personas vinculadas al PSOE.

Rivas, que fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010, ha comparecido ante la magistrada Mercedes Alaya 1.115 días después de ser imputado y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez le haya imputado tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Antes de su comparecencia, el imputado elevó un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pedía a la juez que grabara su declaración y que le informara de las pruebas de la Guardia Civil para atribuirle un "enriquecimiento ilícito", así como que le diera traslado del último atestado sobre Mercasevilla, peticiones que no han sido respondidas por la juez.

Según el acta de su comparecencia, Alaya considera que Rivas, como autoridad laboral competente, "autorizaría un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales" de la Dirección General de Trabajo "con total ausencia de procedimiento", lo cual sería conocido por el imputado "pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial".

"Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas así como en la inclusión de ciertos 'intrusos'", dice la juez, que a continuación analiza el papel de Rivas en relación con los ERE de Mercasevilla de 2007, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.