Lunes, 23 Octubre, 2017

            

Anticorrupción pide cinco millones de fianza civil para el exdirector de Mercasevilla

Alaya le imputa seis delitos

E.P


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La Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía han solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de más de cinco millones de euros para el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet por las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de los años 2003 y 2007 de esta sociedad mixta, pidiendo además que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del merca.

Fernando Mellet se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le haya imputado seis presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y blanqueo de capitales, según el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La juez considera que, el 3 de octubre de 2003, el imputado solicitó ante la Delegación Provincial de Empleo la autorización para la extinción de 74 trabajadores de un total de 184 fijos, “aludiendo a causas organizativas y económicas”, dando lugar dicha petición al ERE de 2003.

Esta petición, según Alaya, iba acompañada del acuerdo suscrito con los trabajadores, en el que se incluía la reducción no traumática de trabajadores fijos mediante un plan anticipado de prejubilación suscrito con Vitalia que acogiese a los trabajadores de edades comprendidas entre los 50 y los 64 años a fecha de 31 de diciembre de 2003.

“Y todo ello a sabiendas de que el plan suscrito con Vitalia sería sufragado en su mayor parte por la Junta, pese a que el imputado no había formalizado solicitud de subvención alguna, debido a las buenas relaciones que, a través de Juan Lanzas, mantenía con Antonio Rivas –exdelegado provincial de Empleo– y con el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero”.

Según la juez, el exdirector general del merca habría suscrito en nombre de la sociedad mixta los boletines de adhesión de los trabajadores acogidos al plan de prejubilación, “entre los que se incluirían a tres trabajadores que no cumplían los requisitos para la prejubilación, pues a fecha de 31 de diciembre de 2003 no habían cumplido los 50 años”.

“CONNIVENCIA” CON JUAN LANZAS

Finalmente, y según la Dirección General de Seguros, se beneficiaron de esta póliza 50 trabajadores, mientras que del importe de las primas correspondía pagar a la Junta el 90 por ciento del importe total, es decir 5,6 millones.

“Tras el éxito de este primer expediente, y en connivencia con Lanzas”, Mellet solicitó en 2005 un nuevo ERE extintivo que afectaría a 60 trabajadores, “fundando su solicitud en idénticos motivos al ERE de 2003”, siendo autorizado el ERE por Antonio Rivas el 17 de mayo de 2007 “por las mismas causas económicas y organizativas que en el ERE de 2003”.

Dicha autorización se produjo “no habiendo apreciado dolo, fraude ni la menor irregularidad en este segundo expediente pese a que la causa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla y que los gatos de explotación de personal superaban el 71 por ciento de la cuenta de explotación de la empresa, y a 2005, cuando se solicitó el segundo ERE, se había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que en el primero habían sido despedidos y los gastos de explotación seguían superando el 71 por ciento”.

La juez asevera que “a pesar de no existir protocolo de colaboración ni convenio que lo articule, la póliza firmada” en 2007 por Mellet en nombre del merca “contiene expresa mención a que la Junta abonará la mayor parte de las primas, como ocurriera con la póliza anterior”, de manera que, “aprovechando esta circunstancia, Mellet incluiría en el ERE de 2007 a cuatro trabajadores que no eran de Mercasevilla, sino de su fundación”, entidades ambas “independientes”.

EL ‘INTRUSO’

De igual modo, “puesto de común acuerdo con Lanzas y a sabiendas de su injusticia”, Mellet introduciría en la póliza de rentas para la prejubilación de los trabajadores “a una persona ajena a Mercasevilla y del entorno de Lanzas”, como es el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo.

La juez añade que el propio Lanzas “intentó incluirse en la póliza como una de las formas que tenía de cobrar las elevadas cantidades que percibía por su intermediación, y aunque Mellet se negara a firmar el boletín de adhesión, ello indiciariamente no sería por considerarlo ilegal, pues no había puesto reparo alguno a la inclusión de Santoyo, sino por temor a ver directamente asociado el nombre de Lanzas con Mercasevilla”.

Finalmente, Vitalia hizo a Lanzas una póliza individual y su exclusión de la póliza suscrita con Mercasevilla “no rebajó la prima a pagar por la Junta y supuso que se incrementaran las comisiones a recibir por Vitalia, quien con cargo a estas sobrecomisiones abonaría la póliza individual que hizo a Lanzas por importe superior a 13.000 euros”.

La juez señala que, del total de las primas por razón de esta póliza, le correspondería pagar a la Junta el 94 por ciento, es decir 8,8 millones, cuyo pago “sería autorizado por Guerrero el último día de su mandato” aunque finalmente “no llegaría a efectuarse”.

“CONTINUO FLUJO DE INTERCAMBIO DE FAVORES”

Alaya acusa también a Mellet de haber abonado los servicios del comercial de Vitalia Francisco José González y de Lanzas “con cargo a los fondos de Mercasevilla”, agregando que Lanzas habría facturado a través de Maginae Solutions, empresa de su cuñado Ismael Sierra, una serie de servicios –escuela taller, aceite y otros gastos– por un total de 166.048 euros, “justificándolos como actuaciones para la mejora de la plantilla y servicios de asesoramiento, cuanto realmente irían encaminados a satisfacer la comisión de Lanzas en el ERE de 2007”.

Finalmente, Lanzas percibió por sus mediación en los ERE de Mercasevilla un total de 492.655 euros.

La juez asevera que, “en este continuo flujo de intercambio de favores”, Mellet “conseguiría que la empresa del grupo empresarial vinculado a Lanzas ‘Al Andalus Mass Media Channel’ contratara” al exconcejal del Ayuntamiento hispalense José Antonio García, quien habría percibido 9.321 euros. Además, y “también en el despacho de Mellet, se firmaría el contrato de García con la empresa Ecovit Grupo Vital”.

También ha comparecido ante Alaya el ‘intruso’ Antonio Garrido Santoyo, quien se ha negado a declarar y para quien la Fiscalía ha pedido una fianza civil por el importe de las cantidades que haya recibido por su inclusión en el ERE de 2007.

Para “la exacta determinación de la cuantía”, ha pedido que se oficie a Vitalicio a fin de que indique “las cantidades efectivamente desembolsadas y abonadas” y “quien ha sido el efectivo pagador de la prima”.

RENTAS “POR ERROR”

El imputado únicamente ha señalado que, en concepto de rentas por esta póliza, recibió “unos setenta y tantos mil euros por error”, aunque su abogado ha querido dejar claro que “hace más de dos años que procedió a devolver las cantidades recibidas incrementadas en el interés legal más dos puntos” por medio de un ingreso en el Juzgado, siendo la cantidad ascendente a “ciento y pico mil euros”.

El último en comparecer ha sido el excomercial de Vitalia Francisco José González, quien ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil después de que la juez le haya imputado los mismos seis delitos que a Mellet.

El abogado del imputado ha defendido que su cliente “pensó en todo momento que actuaba legalmente” y que la inclusión de Carmen Fontela en el ERE se produjo después de que Lanzas le dijera que “era una forma de conseguir la comisión”. La Fiscalía le ha pedido una fianza civil de 150.000 euros a pagar de manera solidaria con la propia Fontela, más el tercio legal.

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