Lunes, 22 Mayo, 2017

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Alrededor de 22.000 granadinos se beneficiarán del nuevo decreto de Inclusión de la Junta

La nueva norma promoverá la inclusión a través de medidas que fomenten el empleo



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Alrededor de 22.000 personas de la provincia de Granada se beneficiarán del Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, según ha informado hoy la delegada del Gobierno, Sandra García, en una comparecencia pública junto con el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, y el representante de la Oficina del Vicepresidente, José Vicente Pérez.

Esta nueva iniciativa de inclusión social del Gobierno andaluz destina unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros en Andalucía y 7,3 millones en Granada a paliar el impacto de la crisis entre los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro y se suma a otras puestas en marcha con anterioridad.

El nuevo decreto que se aprobó ayer en Consejo de Gobierno se aglutina en torno a tres planes: el de Inserción a través del Empleo, el Extraordinario de Solidaridad y el Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria.

“Somos conscientes de que la principal medida de integración e inserción social es el empleo, las personas no quieren ayudas, quieren un puesto de trabajo que es como se consigue la verdadera inclusión”, asegura la delegada del Gobierno, quien estimó que en la provincia, con una partida superior a los 5 millones de euros, podrán realizarse más de 3.200 contratos con el Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación a través de los ayuntamientos. Con una duración de entre 15 días y 3 meses, tendrán acceso además las personas sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social. Las ayudas se distribuirán entre los municipios de manera proporcional al número de personas en paro.

El Decreto Ley incluye como novedad la posibilidad que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido como salario social, se reincorporen al mercado laboral. A partir de ahora, estos podrán ser contratados, durante al menos 6 meses a jornada completa, por empresas de economía social y de inserción, a las que la Junta concederá hasta 2.500 euros por trabajador. En 2013, se beneficiaron del Ingreso Mínimo de Solidaridad un total de 5.775 granadinos.

El segundo pilar del decreto introduce medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, familias y colectivos susceptibles de especial protección, como son los niños y las niñas y las personas mayores y medidas para la atención a los suministros básicos del hogar.

Una medida es el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social., se trata de nuevas prestaciones a gestionar por los ayuntamientos y destinadas a familias más vulnerables para sufragar suministros básicos (agua y luz); el equipamiento esencial de vivienda, como muebles o reparaciones o el pago del alquiler. Las entidades locales recibirán de la Junta entre 3.900 y 52.000 euros en función del número de desempleados del municipio. La Junta estima que se podrán otorgar más de 4.400 ayudas en la provincia, con una partida superior a un millón cien mil euros.

Asimismo, el Decreto cubrirán, según las estimaciones de la Junta, a más de 1.200 menores de Granada a través de prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. El objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias. La partida provincializada para ello es de casi medio millón de euros.

El tercer pilar del nuevo decreto es el Plan Extraordinario de Garantías Alimentarias, que garantiza a los colectivos menores y personas mayores más vulnerables el acceso a la alimentación. La Junta prevé que este año sean más de 2.600 menores granadinos los que reciban tres comidas diarias en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria. Además, durante el periodo vacacional volverán a funcionar las escuelas de verano, donde se atenderán alrededor de 500 menores de la provincia con un presupuesto de 180.000 euros.

Asimismo, la Junta calcula que unos 3.520 personas mayores de Granada se beneficiarán del refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa y del ‘catering’ a domicilio.

Este plan promoverá la concienciación social y las prácticas de consumo responsable, impulsará el voluntariado y apoyará a los integrantes de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y a las entidades locales. Además, como novedad está prevista la creación de un Banco de Prácticas Innovadoras que permita compartir experiencias.

Sandra García aseguró que la nueva norma “recoge recoge las sugerencias de los ayuntamientos y de los colectivos sociales y profesionales, a los que quiero agradecer el importante papel que han tenido y tienen para aplicar estas medidas con las que aspiramos a una sociedad más justa e igualitaria”.

Higinio Almagro comentó que el camio de denominación del decreto “no es casual, responde a un compromiso firme y decidido del Gobierno andaluz por el empleo, sin duda la medida más eficaz para alcanzar una verdadera inclusión social, sólo las medidas de reactivación del mercado de trabajo alejarán a las familias del riego de exclusión”.

Por su parte, José Vicente Pérez anunció que el próximo lunes se han convocado a los colectivos sociales y ONGs para informarles del nuevo decreto y destacó la consolidación de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria. “Es importante la implicación del sector agroalimentario para que no se tire comida a la basura y los excedentes se destinen a los casos de emergencia social”, precisó.

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