Miércoles, 12 de Diciembre de 2018

            

Alhambra y Sierra Nevada, en el argumentario de precampaña

Ramón Ramos


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A un año de las elecciones municipales que conformarán una nueva corporación, se puede afirmar ya que la Alhambra y Sierra Nevada, la gestión autonómica del monumento y la estación de esquí, por decirlo con mayor precisión, van a estar presentes en el argumentario de la prolongada campaña que en Granada, de hecho, hace tiempo que ha empezado.

Dando por hecho que en el panorama político irrumpirá una candidatura granadinista, antisevillana, este carácter localista va a teñir con toda probabilidad el debate electoral y obligará -sobre todo- a las opciones de la derecha a escorar sus ejes del debate hacia ese color especial , antiautonómico, que deriva de la convicción profunda -con razones o sin ellas- que ha calado entre amplias capas de la ciudadanía. Tengo para mí que ese discurso roba votos a diestra y siniestra pero no es menos cierto que el PP -y antes, en modo AP- se ha movido de siempre muy cómodo en ese discurso y que el PSOE, por contra, aunque cuente entre su electorado con hipotéticos votantes deseosos de desengancharse del centralismo sevillano, tiene mayores dificultades porque a fin de cuentas argumentar contra una marginación -real o supuesta- de alguna forma también lanza piedras contra su tejado.

En ese panorama de precampaña, que es campaña, han irrumpido las detenciones ‘ligth’ del pasado martes, consecuencia de la investigación sobre presuntas irregularidades en el sistema de contrataciones del Patronato de la Alhambra durante la etapa de Mar Villafranca en la dirección del monumento. Ya he dicho aquí, otras veces, que este modelo de detención en el que se presenta la Policía, se lleva al investigado, le toma declaración y lo deja en la calle tiene mucho de excesivo. Lo dije y lo escribí cuando la primera vez de Villafranca, cuando Torres Hurtado y la ‘nazarí’, cuando Alaya se llevaba a una investigada a Sevilla, la tiene una noche en el calabozo y por la mañana la deja en libertad sin cargos: un exceso, humillante e innecesario, porque bastaría con citar tal día a tal hora en Comisaría o en los juzgados. Lo contario, es decir lo que se ha hecho ahora desprende un inequívoco tufo a la búsqueda de colocar “detenidos” en el titular de prensa…

Pero, en fin, a lo que íbamos. En el caso de la Alhambra, me limito aquí a recordar que en 1997, con José María Aznar en Moncloa, hubo un intento de la derecha fáctica granadina por recuperar la Alhambra. es decir, la gestión del monumento. Desempolvaron para ello un decreto firmado en 1984 por Felipe González cuando la transferencia de la Alhambra a la dirección de la Alhambra. Ese decreto contenía la posibilidad de nombrar un consejo asesor por parte del Gobierno central y en la práctica había queda superado por la inercia de los acontecimientos, tal vez porque se había incluido con vocación de provisionalidad. Pero estaba en vigor, no había sido derogado.

El Gobierno, azuzado por notables apellidos de abolengo local y reputados representantes del PP que fraguaron en una cena la estrategia de recuperación, lanzó el globo sonda: se nombraría el Consejo Asesor, del que ya se veían formando parte más de uno de los que azuzaban, con competencias por encima del Patronato que en aquel 1997 dirigía Mateo Revilla desde doce años atrás.

Pero, para sorpresa del Gobierno y la derecha, la reacción en Granada fue contraria al intento de arrebatar la Alhambra por el procedimiento del tirón. Es decir, que en aquellos mediados años 90 todavía el calado antisevillano, antiautonómico todavía no tenía el calado suficiente como para apurar los acontecimientos. Y el Gobierno reculó, los azuzantes que no querían una dirección ‘desde Sevilla’ pero sí ‘desde Madrid’ no terminaron de dar la cara.

El debate sobre el consejo asesor de la Alhambra se acabó tan de repente como había empezado y todo siguió igual hasta hoy, veintiún años después.  Ese debate, de reproducirse ahora, ¿tendría idéntica reacción negativa? Tengo para mí que no, que la sugerencia recibiría cierto calado cuya intensidad no me atrevo a medir aunque la curiosidad me devora.

En el caso de Sierra Nevada, la ciudad también debe recordar que la estación sobrevivió gracias a la Junta y al Ayuntamiento que entonces presidía Antonio Jara. Más a éste que a aquélla, pero a los dos. Al ex alcalde, porque en 1980 se plantó en el despacho de Escámez, el todopoderoso presidente del Banco Central de la época, para disuadirlo del cierre de Pradollano que la gestión privada y sus propietarios – el banco que ‘heredó’ las deudas del Banco de Granada- ya había decretado. En efecto, en el otoño de 1980 la Cetursa de entonces anunció que no abriría para la inminente temporada invernal, lo que evitó Jara con la cabezonería que ahora le ha faltado para defender Caja Granada. Y porque, a continuación, convenció a la Junta para que se implicase en la empresa pública que desde 1985 gestiona la estación de Pradollano.

Conviene no olvidar que, con todos sus defectos y siempre bajo la implacable mirada de la crítica, la gestión pública asegura supervivencias que la privada no garantiza. Sierra Nevada es el ejemplo.


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