Miércoles, 19 de Diciembre de 2018

            

Alhambra en tiempo muerto

Ramón Ramos


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Pues lamento disentir y, desde la media distancia, ir contracorriente, pero este fin momentáneo que presenta en estos días el denominado ‘caso Alhambra’ era de alguna forma previsible y hasta diría que en esta misma recóndita columna también se pronosticó o al menos se insinuó que esa posibilidad existía. Si acaso, sí es de lamentar que ese manto de sospecha que desde tiempo atrás se cierne sobre la gestión pasada de la Alhambra no se disipa ni se disipará. En España, este tipo de resoluciones judiciales tienen esa virtualidad: que dejan para la eternidad el uso partidario tanto de los unos como de los otros sin que -a la vista de los acontecimientos- ni los unos ni los otros puedan confirmar, ratificar sus afirmaciones o negaciones. Vamos, que el caso se queda en tiempo muerto y le ahorra a unos y a otros tener que argumentar.

Volvamos a aquel día, 8 de mayo, en que de madrugada y en un operativo policial se presentan los agentes simultáneamente en una veintena de domicilios, se llevan ¡detenidos! a otras tantas personas, les toman declaración esa misma mañana y antes del mediodía ya están en la calle. ¿Era necesario ese operativo? ¡Para nada! Y así lo escribimos entonces. Bastaba con citar a los investigados tal día a tal hora en comisaría. Ocurre que por aquellos días se sucedían noticias negativas a todos los niveles en las administraciones entonces regidas por el Partido Popular. Y se buscó un detonante que elevase a titular de cinco columnas un presunto -o varios presuntos- caso-casos de corrupción en la Alhambra, el monumento más visitado de España, gestionado desde Sevilla por el Gobierno socialista de la Junta.

“La Policía es muy manipulable”, me confió un día un político granadino que había tenido responsabilidades en la representación de la Administración central en Andalucía. Aquel día de la confidencia el hombre desconocía que algún día del futuro él mismo sería objetivo de esa misma Policía que, en contraste con la Guardia Civil, ponía como probabilidad de manipulación por el Gobierno de turno.

No voy a negar desde aquí que haya habido irregularidades y hasta presuntos ilícitos penales en la gestión del palacio nazarí. Las conclusiones de la auditoría, la repetición de nombres y empresas y hasta algunos casos chungos, como el del aceite, así podrían apuntarlo, en una forma de administrar que se deja llevar por la visión elevada y florentinesca -de Florencia, no de Florentino Pérez- del monumento, mientras las cosas mundanas se prefiere ignorarlas y se favorece así el amiguismo y el clientelismo.

No es cosa de bromear con siete millones en contratos públicos en los que se habría defraudado, pero se trataría así, por las cosas que hemos sabido, de proverbiales casos de clientelismo que tanto han arraigado en la Junta, una preunta corrupción ‘cualitativa’ que -en genial definición de Javier Caraballo- se da con preferencia en las autonomías regidas por el PSOE, mientras en las que gobierna el PP aparece una cuantitativa, de manos llenas.

Pero que en este caso concreto, que en aquellas detenciones ‘ligth’ del 8 de mayo se daban unos excesos que apuntaban al inequívoco deseo de un titular explosivo lo dijimos entonces y lo decimos ahora. Abonaba esa idea el hecho de que entre los apuntados figuraban algunos a los que el monumento les debe pagos y nóminas… Y hay precedentes de otros casos, distintos a este de la Alhambra, donde también de repente una mañana apareció la Policía y se llevó detenidos a Sevilla a ex representantes autonómicos y funcionarios, a los que se metió en un calabozo una noche y al día siguiente se les tomó declaración y ¡para casa! Hasta que mucho tiempo después, y sin haber comparecido jamás ante un juez, quedaron fuera de toda investigación juidicial. A esa detención ‘ligth’ y noche en comisaría, que nunca olvidarán, sencillamente: no hay derecho.

Ahora que el ‘caso Alhambra’ -sin olvidar el de las audioguías, que va por otros derroteros judiciales- se atasca es hora de recordarlo.


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