Alaya termina la investigación de la venta de suelos de Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que transforma las diligencias previas en sumario ordinario, y por tanto concluye su investigación, por la presunta adjudicación "fraudulenta" de la venta de los suelos de Mercasevilla, causa en la que hay hasta 18 personas imputadas, entre ellas el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.

En un auto notificado este miércoles a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla transforma las diligencias previas que fueron incoadas en sumario ordinario y da traslado de las mismas tanto al presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, pues es este el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, como a la Fiscalía.

La juez explica que, de todo lo actuado hasta el momento, "se desprende" que los hechos podrían ser constitutivos, entre otros, de delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad cometida por funcionario público en delito mercantil, precisando que el conocimiento del delito de prevaricación "está atribuido" a la Audiencia Provincial por estar castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por periodo de siete a diez años.

Dicha pena sería "en todo caso superior" a los nueve años que marca el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que "es procedente la conversión de las presentes diligencias previas en sumario ordinario" para que los hechos sean enjuiciados por la Audiencia Provincial.

La magistrada relata en el auto que las actuales diligencias derivaron de la investigación por un delito de cohecho por la que finalmente fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas tras solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja.

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos hubieran intervenido, se instruyeron las presentes diligencias, donde se han practicado aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable", explica la juez.

"PRESUNTA PREPARACIÓN" DEL CONCURSO

Así, añade, "se ha investigado la presunta preparación de un concurso público para la adjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, sita en la carretera Sevilla-Málaga, con la dirigida finalidad de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir las naves inicialmente programadas".

Hay que recordar que Sanma, filial de la constructora Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones.

En esta causa llegaron a estar imputados siete empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pero la juez decidió archivar la causa contra todos ellos en un auto en el que arremetía duramente contra la Fiscalía por haber pedido la imputación de estos empresarios habiendo prescrito los delitos.

PRESCRIPCIÓN DE DELITOS

Alaya aseveró en dicho auto que "ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal", ya que tales delitos "estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones", un "error" que "seguramente" está "justificado" por la asistencia del fiscal "a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias".

Ello motivó incluso la reacción de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien expresó su "sorpresa" por el hecho de que "en un auto judicial se viertan expresiones gratuitas sobre el fiscal, absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial".

Asimismo, María José Segarra consideró que "no es oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin con la contundencia que el reproche social a las conductas fraudulentas merece".

Con todo, hay que destacar que se trata de la primera de las 'macrocausas' que investiga la magistrada Mercedes Alaya que llega a su final.