Jueves, 14 Diciembre, 2017

            

Advierten de que abrir las Minas de Alquife sin atender a posibles resoluciones judiciales es “prevaricar”

La Sociedad de Gananciales afirman que vendieron una parte del conjunto minero de Alquife a tres empresas domiciliadas en Luxemburgo por 17,5 millones de euros

Imagen de archivo de las Minas de Alquife
E.P


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La Sociedad de Gananciales de las minas de Alquife (Granada), integrada por un matrimonio de Níjar (Almería), ha advertido este lunes de que la reapertura del complejo minero sin tener en cuenta las posibles consecuencias jurídicas que se puedan derivar de los procedimientos judiciales que ahora mismo hay abiertos sería “prevaricar”.

El matrimonio de Níjar, que ha denunciado un supuesto impago de parte de los terrenos de las minas, ha realizado estas declaraciones después de que el consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado, señalara el pasado viernes que toda la tramitación del proyecto estará concluida en agosto.

A juicio del representante legal de la Sociedad de Gananciales, Jesús Yebra, estas declaraciones ponen de relieve el “absoluto desconocimiento” del consejero de todos los conflictos judiciales que hay interpuestos en este asunto y que a juicio de los denunciantes “comprometen este proyecto”.

Desde la Sociedad de Gananciales, representada por el matrimonio de Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo Segura, afirman que vendieron una parte del conjunto minero de Alquife a tres empresas domiciliadas en Luxemburgo por 17,5 millones de euros.

Precisan que se hizo mediante tres escrituras independientes, por expreso deseo de los compradores, pero con una cláusula resolutoria que las une y que textualmente dice que la falta de pago del precio aplazado en el tiempo convenido dará lugar de pleno derecho a la resolución de la compraventa.

El matrimonio afirma que no se les pagó todo lo conveniado, de modo que se interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Almería.

Advierten de que si la justicia les diera la razón tendrían “que declararse nulas de pleno derecho todas las actuaciones llevadas a cabo” y han pedido “cordura a la administración”.

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