Viernes, 20 Octubre, 2017

            

Aceptan dos años de prisión por la emisión de ruidos ilegales desde sus dos locales

Los propietarios de dos locales en La Puebla de Don Fadrique acusados de la emisión de ruidos ilegales desde sus establecimientos han aceptado este martes una pena de dos años de prisión, tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Granada.

E.P


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Los dos procesados, que iban a ser juzgados en la Sección Primera de la Audiencia, se enfrentaban inicialmente a un total de ocho años de prisión, al pago de una multa de 4.320 euros e inhabilitación especial para la profesión u oficio durante tres años.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público ha decidido modificar su petición, rebajándola hasta los dos años y multa de 1.080, retirando su solicitud de clausura de los locales, al haber adoptado las medidas de insonorización necesarias para evitar los ruidos.

Concretamente, el fiscal ha atribuido a cada unos de los dos inculpados, María G.R., propietaria del pub ‘Paguima’, en La Puebla de Don Fadrique, y el también acusado Santiago S.M., propietario y regente de la cafetería-bar ‘Tasca El Roscas’, en la misma localidad, un delito contra el medio ambiente y dos delitos de lesiones. Por el primero, cada uno hace frente a un años de prisión y por cada uno de los segundos a otros doce meses.

Asimismo, los acusados no tendrán que pagar indemnizaciones a los vecinos supuestamente afectados, ya que estos han renunciado expresamente a ejercer acciones penales y civiles.

La pena la tendrá que concretar a partir de ahora el tribunal, una vez que el juicio ha quedado ya visto para sentencia, una vez que los acusados han aceptado la rebaja propuesta por el fiscal.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados han venido emitiendo ruidos “durante años” en el desarrollo de su actividad, superando los niveles autorizados e incumpliendo la ley al respecto.

Los ruidos, según el fiscal, han continuado “hasta altas horas de la madrugada”, sin respetar los horarios de cierre y durante toda la noche, sobre todo los fines de semana.

A consecuencia de la “reiterada y persistente” exposición a los ruidos y a las vibraciones producidas por la música excesivamente alta que generan los equipos de música de estos locales, los televisores, los aparatos de aire acondicionado y extractores de humo, un matrimonio y su hijo menor de edad, cuya vivienda se encuentra justo encima de los dos establecimientos “han sufrido alteraciones en su salud y han sido perturbados en su descanso y vida familiar”.

Los ruidos y molestias se han sucedido desde hace más de 10 años, si bien los vecinos empezaron a denunciarlos ante el Ayuntamiento desde 2006, consecutivamente, durante varios años, hasta 2010. El 20 de junio de 2008 intervino la Consejería de Medio Ambiente ante las denuncias interpuestas.

Según la Fiscalía, la ‘Tasca El Roscas’ nunca se ajustó a la licencia concedida de café-bar, pues contaba con varios televisores con pantallas gigantes en las que se reproducía música vídeos musicales, a un volumen tan alto “que incluso se escuchaba a una distancia de 300 metros”. El local también emitía ruidos con los aparatos de aire acondicionado, instalados a un metro de los dormitorios de los vecinos, con mesas de billares y “puertas del oeste”, que sonaban “continuamente” cuando se abrían y cerraban.

Pese a los “numerosos requerimientos verbales” que los propietarios del piso situado justo encima de los locales y de la comunidad de propietarios a los acusados para que adoptaran medidas para su insonorización, estos fueron “desatendidos” durante al menos ocho años.

Ya el 29 de octubre de 2009, después de varias denuncias de los vecinos, el Ayuntamiento dictó un decreto que acordaba la clausura temporal de la ‘Tasca El Roscas’, que, según un informe realizado por técnicos de la Diputación de Granada, superaba el límite de ruidos, ya que emitía 55,2 decibelios, cuando lo admisible es de 35.

En lo que respecta al otro establecimiento, el fiscal señala que el Ayuntamiento ordenó su clausura el 29 de mayo de 2009, si bien esa medida cautelar fue levantada ante el compromiso de la procesada en adaptar el local a la normativa vigente en lo relativo a contaminación acústica. Sin embargo, los técnicos también determinaron en este caso que tampoco cumplía con la normativa en cuanto a aislamiento.

Como consecuencia, los vecinos presentaron problemas de insomnio, irritabilidad, agresividad, y alteraciones emocionales y de salud a consecuencia de la exposición prolongada a los ruidos y la falta de descanso.

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