Abiertos 400 expedientes sancionadores en el sector del taxi y alquileres de vehículos con conductor

La Consejería de Fomento y Vivienda, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte en carretera, ha realizado desde 2016 hasta el primer semestre de este año un total de 3.500 inspecciones en el sector del taxi y de alquileres de vehículos con conductor (VTC) para "velar por que su actividad se ajuste a la normativa existente y luchar contra el intrusismo".

De esa labor inspectora, que se enmarca en las campañas de vigilancia que realiza anualmente la Junta, se ha derivado la apertura de 400 expedientes sancionadores, lo que representa el uno por ciento de las acciones de control emprendidas, según ha informado la Consejería en un comunicado.

En el ámbito de los VTC, las tareas de vigilancia tienen como objetivo asegurar que el servicio se realiza en las condiciones establecidas, de forma que no capten clientes sin un contrato firmado y que los conductores llevan a bordo el contrato de arrendamiento o la hoja de ruta debidamente cumplimentada.

Por su parte, en el sector del taxi, las inspecciones están encaminadas a perseguir la actividad de los taxis piratas que prestan servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización, así como velar por el cumplimiento del régimen tarifario o el inicio del servicio en el municipio de la licencia y, en general, el resto de aspectos contenidos en la normativa vigente.

Estas operaciones de inspección pueden conllevar multas económicas si la apertura de expediente culmina en sanción. Los importes económicos oscilan para ambas actividades del taxi y VTC entre los 100 euros, si las infracciones son leves; y los 4.001 euros, si son muy graves.

Además, pueden conllevar la inmovilización de los vehículos por parte de la Guardia Civil hasta el abono de la sanción o la prestación de la caución, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves. Esta medida se recoge en el Decreto Ley 17/2014 para la adopción de medidas de control del transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo con la que se pretende reforzar el control del transporte ilegal de pasajeros.

En el caso de los taxis, las sanciones más frecuentes se imponen por no contar con la correspondiente licencia y el importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 y los 2.760 euros, si la irregularidad se produce en desplazamientos que se desarrollan íntegramente en Andalucía.

En el ámbito de las VTC, los motivos más frecuentes de las multas son no disponer de los contratos de arrendamiento con los clientes del servicio, llevarlo sin cumplimentar o indebidamente cumplimentado, no portar el título habilitante o la documentación formal que acredite la contratación legal del servicio, la carencia de hoja de ruta, llevar publicidad o signos externos identificativos o la captación o recogida de clientes que no hayan contratado el desplazamiento previamente. Por esas irregularidades se imponen multas entre 201 y 801 euros.

A este respecto, hay que aclarar que Andalucía cuenta ya con una orden en vigor por la que se regula el uso de los distintivos obligatorios para los VTC autorizados en la comunidad, lo que permite identificar fácilmente este tipo de transporte resultando de gran ayuda en la lucha inspectora contra el fenómeno del intrusismo, además de dar garantías a los usuarios.

COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

La Consejería de Fomento y Vivienda va a reforzar la cooperación con los ayuntamientos para potenciar el control y la inspección del sector del transporte a través de la mejora de la formación de los policías locales y de la participación de los consistorios en los ingresos derivados de las sanciones impuestas, entre otras medidas.

De hecho, la Junta ha asegurado que ha proporcionado ya a la Policía Local formación para que puedan ejercer su función de "forma efectiva, ágil y adecuada". Así, se han celebrado jornadas de trabajo conjuntas con la Policía Local de Sevilla, Málaga, Almería, Jerez y Mancomunidad del Municipios de la Costa del Sol, en las que se ha mostrado la plena disposición de la Administración andaluza a colaborar con los ayuntamientos en cuanto sea necesario en esta materia.

La Consejería ha señalado que el intrusismo en ambos sectores tiene un doble perjuicio, ya que, por un lado, afecta a la seguridad vial y coloca al consumidor en una situación de desprotección e indefensión; y, por otro, supone un grave menoscabo económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y de acuerdo a la normativa.

La labor de vigilancia llevada a cabo por el servicio de inspectores de la Junta de Andalucía, en coordinación con los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local en el ámbito urbano, se realiza durante todo el año a través de controles en diferentes puntos donde se suele prestar este servicio, atendiendo a campañas específicas aprobadas en los Planes Coordinados de Inspección del Transporte de Andalucía, que se elaboran con carácter cuatrimestral.