Martes, 17 Octubre, 2017

            

A juicio un exdirectivo del CD Baza al que piden cárcel por quedarse con dinero de venta de abonos

El acusado, que no tiene antecedentes penales, podría ser responsable de la presunta comisión de un delito de apropiación indebida

IMAGEN ILUSTRATIVA
E.P.


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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzga este jueves a un exdirectivo del Club Deportivo Baza por dejar a deber supuestamente al equipo de fútbol bastetano un total de 2.580 euros por abonos y décimos de Lotería de Navidad no vendidos; unos hechos por los que la Fiscalía le pide 21 meses de prisión

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, que no tiene antecedentes penales, podría ser responsable de la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.

En el ejercicio de su cargo como directivo del CD Baza, el procesado recibió el 19 de agosto de 2013 un total de 40 carnés de abonado por un importe de 1.900 euros “para que procediera a su venta e ingresar posteriormente al club la cantidad recibida o devolver los abonos no vendidos”. En fechas 20 de octubre y 3 de noviembre de ese mismo año “procedió a devolver tan solo la cantidad de 600 euros quedándose con el resto o con los abonos no vendidos”.

Por otro lado, y según prosigue el escrito del fiscal, el 10 de noviembre de 2013 recibió 60 décimos de Lotería de navidad por un importe de 1.380 euros –23 euros por cada décimo– para venderlos o reintegrarlos al club de fútbol de Baza pero “a fecha del sorteo de Navidad de 22 de diciembre de 2013 sólo entregó al club el importe de 100 euros”.

En consecuencia, “Imanol Martínez Granero, en su condición de presidente del Club Deportivo Baza, reclama, por el perjuicio económico causado, que se indemnice a la referida entidad en la cantidad de 2.580 euros correspondiente al importe de los abonos y décimos de lotería no devueltos”.

El fiscal aprecia que los hechos narrados son constitutivos de un delito de apropiación indebida por cuya presunta comisión pide para el acusado la pena de 21 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas del proceso.

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