Domingo, 9 de Diciembre de 2018

            

A juicio este mes 44 acusados de simular contratos laborales para cobrar prestaciones

Los principales acusados son el responsable de esta empresa y un gestor que figura como autorizado para realizar los trámites en el servicio de la Seguridad Social

Sede de la Audiencia Provincial de Granada | Foto: Archivo GD
E.P.


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La Audiencia de Granada acogerá del 10 al 14 de diciembre el juicio contra 44 acusados de simular contratos laborales ficticios para cobrar indebidamente prestaciones y subsidios públicos, incluyendo la renta agraria, a través de una empresa domiciliada en Dílar que supuestamente se dedicaba al cultivo de cereales.

Los principales acusados son el responsable de esta empresa y un gestor que figura como autorizado para realizar los trámites en el servicio de la Seguridad Social (Sistema RED), para los que la Fiscalía pide cuatro años de prisión y multas de 9.000 euros por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad de documento oficial.

El resto de los acusados son los trabajadores que fueron dados de alta y que posteriormente cobraron, “pese a no haber realizado ninguna actividad laboral”, prestaciones que en total supusieron un perjuicio al Servicio Público de Empleo Estatal de 96.825 euros, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Fiscalía pide para estos supuestos falsos empleados penas de dos años de prisión y multas de 4.500 euros por un delito de estafa en concurso con otro continuado de falsedad de documento oficial.

El fiscal relata que durante el tiempo en el que estuvo activa la empresa, los dos principales acusados dieron de alta a estos trabajadores y simularon su contratación para que cotizaran lo suficiente para el cobro de subsidios. En otras ocasiones, los daban de baja a los pocos días por enfermedad, para que pudieran disfrutar de las prestaciones de estas bajas temporales.

El asunto fue investigado por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional y por la UDEF a raíz de las comunicaciones que hicieron la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.

La empresa utilizada tenía un domicilio social “inexistente”, pues constaba en un domicilio particular que al parecer estaba en venta y no tenía indicios de actividad profesional. La trabajadora que más llegó a cobrar acumuló 7.789 euros a cuenta de la Renta Agraria y, en general, la mayor parte de los acusados se hicieron presuntamente con cantidades que superaban los 2.000 euros. El juicio arrancará el 10 de diciembre a las 9,30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia.


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